Políticas ambientales-forestales y capital social
femenino mazahua
Silvana
Lara-Aldave
Ivonne
Vizcarra-Bordi*
Abstract
The aim
of this paper is to understand how the concepts of social capital and gender
perspective were included in the environmental forest policies during the
presidency of Vicente Fox in Mexico. We analyse their performance in different
local contexts. Our hypothesis is that this inclusion responds more to
worldwide and national interest rather than to the local needs and its reality.
We use institutional ethnography to analyse the replication of discursive
practices about the inclusion of the gender perspective in environmental
policies. We show how this creates the need for institutional intervention to
solve problems generated in the global sphere. These mechanisms are exemplified
with the case of Mazahua women in two forest communities in the Mazahua zone of
the State of Mexico.
Keywords: social capital, gender, forest policies, Mazahuas,
institutional ethnography.
Resumen
El objetivo del
artículo es conocer cómo se incluyó el concepto de capital social y la
perspectiva de género en el diseño de las políticas ambientales forestales del
gobierno de Vicente Fox en México y cómo operaron sus mecanismos de ejecución
en contextos locales. La hipótesis es que dicha inclusión corresponde más a
intereses mundiales y nacionales que a necesidades y realidades locales. Se
recurre a la etnografía institucional para analizar la reproducción de
prácticas discursivas sobre la inclusión de la perspectiva de género en las
políticas ambientales, y cómo se crean necesidades de intervención
institucional para resolver problemas formulados en ámbitos globales. Se
presenta como ejemplo el movimiento de mujeres mazahuas en dos comunidades con
áreas boscosas de la zona mazahua del Estado de México.
Palabras clave:
capital social, género, políticas forestales, mazahuas, etnografía
institucional.
*
Universidad Autónoma del Estado de México. Correos-e: silvanalara67@yahoo.
com.mx, silvanalara67@hotmail.com e ivbordi@yahoo.com.mx, ivbordi@hotmail.com,
ivb@uaemex.mx
Introducción[1]
Sin duda, el
deterioro ambiental es un tema prioritario y presente en todas las agendas de
desarrollo en el ámbito mundial. Dentro de las agendas sobre ambiente y
desarrollo sostenible[2] se
consideraron los temas de agua y forestal como recursos estratégicos de
seguridad nacional. De aquí que entre las preocupaciones mundiales destaque el
detener y contrarrestar las altas tasas de deforestación prevalecientes en los
países vulnerables, es decir, en aquéllos que no tienen capacidad de respuesta
institucional y legal para controlar sosteniblemente el manejo de sus recursos
forestales, como sucede en algunos países de Asia, África del Sur y América
Latina (fao, 2005). Pese a que en
México se hacen esfuerzos legales e institucionales para alcanzar un mejor uso,
manejo, aprovechamiento y conservación más racional de los bosques y las
selvas, la ejecución de los programas derivados de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sostenible (lgdfs)[3] se
enfrentan a esquemas locales y regionales tradicionales en el manejo de
recursos que entorpecen que se lleven a cabo. Para asegurar la eficiencia de
éstos, organismos internacionales (bm,
2001a; pnud, 2000a, 2000 b; cepal, 2003) propusieron promover y evaluar
el capital social de localidades que sufren problemas de deterioro ambiental y
que podrían, de alguna manera, responder positivamente a los programas para
mejorar su calidad de vida, así como la sostenibilidad del medio ambiente
(Lechner, 2000). Junto con esta propuesta, converge de manera paralela la
preocupación mundial por incorporar la perspectiva de género en las políticas
públicas ambientales (onu, 1992).
Con el fin de
acceder a los recursos financieros internacionales etiquetados para la conservación
y protección de áreas naturales que se encuentran en procesos de deterioro, la
política ambiental mexicana, al menos en sus discursos, reconsideró diseñar sus
programas tomando en cuenta tanto el capital social local como la incorporación
de las mujeres a dichos programas. De aquí que el gobierno del presidente
Vicente Fox (2000-2006) haya puesto en marcha el Programa de Equidad de Género,
Medio Ambiente y Sostenibilidad, Progemas 2002-2006 (Semarnat, 2004). El
objetivo del trabajo que aquí presentamos es dar a conocer cómo se incluyó el
concepto de capital social y la perspectiva de género en el diseño de las
políticas ambientales forestales durante el periodo mencionado y cómo operaron
sus mecanismos de ejecución en contextos locales. Partimos de la hipótesis de
que su inclusión corresponde más a intereses mundiales y nacionales y no tanto
a las necesidades y realidades locales, pues cuando estas políticas se ejecutan
en contextos específicos generan resultados imprevistos del objetivo inicial, sobre
la idea de que a mayor capital social femenino más éxito en la inclusión de las
mujeres al desarrollo sostenible y, por tanto, una mejora sustancial en las
condiciones de vida de éstas, su familia y las comunidades.
Incorporar las
dos vertientes –capital social y género– al diseño e instrumentación de los
programas ambientales implica varios problemas no sólo de orden institucional y
cultural, también conceptual, lo que deriva en serias dificultades para
ejecutar el programa. Por un lado, la noción de capital social tiene diversas
connotaciones teóricas, que de alguna manera se aprehenden y adaptan en
políticas para el desarrollo sostenible, de forma que la preocupación
institucional se centra en cómo medir el capital social para predecir a
priori la eficiencia
y eficacia de su intervención. En este sentido, el capital social se entiende
“como un atributo de los individuos y sus relaciones, que fortalece su
capacidad para resolver problemas de acción colectiva. El capital social
representa un valor básico para el desarrollo y conservación del capital
comunitario, natural o construido, físico o humano” (Merino, 2004: 129). Esta
acotada definición deja de lado otras formas de organización comunal basadas en
la división sexual del trabajo, en los sistemas de cargos, en la integración a
mercados laborales nacionales e internacionales y otras formas organizativas de
las comunidades rurales e indígenas que estructuran su identidad (Nahmad,
2001). Dada la complejidad para acercarse a medir en estos términos el capital
social, parece que las instituciones gubernamentales prefieren adecuarse a los
términos provenientes de los intereses de organismos internacionales por encima
de los que ofrecen los científicos sociales.
Por otro lado,
los pocos estudios sobre género y bosques demuestran que gran parte de las
mujeres mexicanas que habitan en zonas forestales o dependen de ellas, no
tienen acceso ni control sobre estos recursos. El estudio de Arizpe et
al. (1993) indica,
por ejemplo, que las diferentes percepciones que tienen las mujeres respecto de
los hombres sobre la deforestación en la Selva Lacandona, se basan sobre todo
en los usos específicos de los recursos según el sexo. Velázquez (1996, 1997,
2005) por su parte, de manera reiterada señala que el uso y manejo de los
recursos forestales de las selvas y bosques tropicales mexicanos, en particular
de la zona maya, están determinados por las relaciones de género socialmente
construidas en las comunidades forestales, donde las mujeres ven reducidas las
posibilidades de subsistencia familiar debido a su limitado acceso a lo
recursos, mientras que para los hombres es menos factible explotar los recursos
maderables cuando sus comunidades quedan ubicadas en áreas naturales
protegidas. El estudio de Vázquez (2002) apunta hacia la desigualdad cultural
de los géneros como mecanismo que regula el acceso y control sobre los recursos
críticos para la subsistencia familiar en la zona de protección forestal de Los
Tuxtlas. Mecanismos que se basan principalmente en la legitimación de la
posesión de la tierra, donde los hombres tienen claras ventajas.
El gran reto de
la política ambiental-forestal estriba, por tanto, en desarrollar un programa
que asegure la equidad entre los géneros, tomando en consideración que las
relaciones de poder se reproducen jerárquica y asimétricamente entre hombres y
mujeres, donde ellas son las más afectadas en cuanto al acceso, manejo y
control de los recursos forestales.[4]
Aunque algunas comunidades han demostrado que tienen mayor capacidad de
organización social para responder, adecuar y aplicar proyectos, programas y
políticas que atiendan sus demandas específicas, si no se consideran las
construcciones sociales que regulan las relaciones de género, las acciones a
favor de la población femenina en los programas ambientales corren el peligro
de quedarse en un nivel discursivo y de buenas intenciones gubernamentales.
La etnografía
institucional es la metodología cualitativa que nos permite, precisamente,
confrontar ambas arenas: los intereses institucionales y las realidades
locales. Por un lado, se contextualizan y analizan los discursos, dentro de los
cuales se establecen las relaciones y negociaciones entre al menos dos y en
general más sujetos (instituciones), conscientes y políticamente significantes
en las intervenciones y entre los arreglos institucionales para resolver los
problemas socialmente construidos (Clifford, 2000).
Por otro lado, a
través de tres formas de interpretación de las relaciones institucionales
(mundial, nacional y local o regional), se observa que la necesidad de promover
el capital social e incorporar la perspectiva de género en las políticas
públicas ambientales y forestales, corresponde más a la reproducción de
prácticas discursivas del desarrollo sostenible[5]
que al conocimiento real de las demandas específicas de las mujeres rurales e
indígenas que habitan en comunidades con serios problemas de degradación
ambiental, específicamente relacionados con la deforestación.
Con la ayuda de
la etnografía institucional se “abre la posibilidad de que exista mucho más
detrás de los proyectos de desarrollo. […] Si estos discernimientos se hacen
más visibles para los actores de los proyectos, es posible que se aprenda más
acerca del progreso y potencial de estos últimos [...] sugiere que entre los
diferentes actores participantes pueden coexistir múltiples realidades al
interior de un proyecto, cuyo reconocimiento puede ayudar a explicar las
diferentes motivaciones para involucrarse en ellos” (Lewis, 2001: 360-361). En
este sentido, nos basamos en la propuesta de Ferguson (1990) que observa cómo y
bajo qué intereses se justifica la intervención de un proyecto, intereses que
no necesariamente corresponden a las demandas sociales reales de una localidad
o grupo, sino más bien se justifican en la necesidad de contar con agencias de
desarrollo que finalmente intervienen en la vida social y económica de la
población beneficiada.
En la segunda
parte se interpreta y analiza el conocimiento que sobre género y capital social
tienen los funcionarios nacionales, estatales y locales encargados de diseñar y
ejecutar las políticas ambientales y forestales de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat); funcionarios de Protectora de Bosques (Probosque) y de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) de la Secretaría de
Ecología del Estado de México; de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del
Estado de México (Sedagro), así como de los regidores municipales encargados de
la ecología y el desarrollo social.
En la tercera
parte se presentan tres casos de estudio cuya finalidad es analizar, en los
flujos de intervención institucional, las dificultades para incluir la
perspectiva de género y el capital social en programas de manejo forestal. En
este apartado se hace referencia al caso del movimiento indígena de mujeres
mazahuas en defensa de sus recursos naturales, para diferenciar las respuestas
de otras mujeres que, con distinto tipo de organización, se relacionan con políticas
forestales. Para tal efecto, se escogieron dos comunidades de la región
noroeste del Estado de México, cuyos bosques son parte de la Sierra Madre
Occidental y presentan bastas zonas de deforestación.
Los criterios de
selección de estas comunidades se basaron en información otorgada por la
Conafor (delegación estatal) y Probosque sobre proyectos forestales con
perspectiva de género y que tuvieran un acuerdo interinstitucional entre los
tres niveles de gobierno. Debido a que no tenían un proyecto específico y con
estas características diseñado para mujeres, se nos recomendó visitar dos
comunidades mazahuas que llevan acabo un proyecto de viveros sociales con el
fin de aprovechar la mano de obra femenina. Por su parte, el Instituto
Mexiquense de la Mujer (ahora Consejo Estatal de la Mujer y de Bienestar
Social) nos sugirió visitar una comunidad que lleva a cabo proyectos de
reforestación exitosos a cargo de mujeres.
De esta manera
se seleccionaron las comunidades de La Mesa, municipio de San José del Rincón,
cuya población es eminentemente mazahua; y Tapaxco, municipio de El Oro de
Hidalgo, que pese a sus antecedentes mazahuas, hoy en día es prácticamente una
comunidad mestiza. La primera forma parte del Área Natural Protegida de la
Mariposa Monarca (anpmm) y, por
tanto, de interés o prioridad de política ambiental-forestal nacional y
mundial.[6]
Como parte de ese interés, en La Mesa se llevan a cabo varios proyectos
forestales, de conservación y ecoturísticos entre los que destaca un vivero
social de planta forestal. En tanto que la segunda comunidad –pese a la
sobreexplotación de sus bosques y la considerable reducción su área forestal–
resulta no tener prioridad política porque no forma parte de alguna área
natural protegida. El único programa que llega año con año es el de
reforestación.
A través de
entrevistas semiestructuradas y de la observación, logramos conocer la opinión
de 22 mujeres y ocho hombres de ambas comunidades respecto de la operación de
los dos programas y su relación con el uso y manejo forestal de sus
comunidades.
1. Discursos
dominantes: capital social, género y medio ambiente
El término
desarrollo sostenible apareció por vez primera en 1987 en el informe de la
Comisión Mundial para el Medio Ambiente –también llamada Comisión Brundtland–,
que es una prolongación de la Declaración de Estocolmo de 1972, con el fin de
establecer socios mundiales para la reciente base de la equidad a partir de
nuevos lazos de cooperación internacional entre los Estados, los sectores
claves de la sociedad y los pueblos (onu,
1992).
De este informe
se desprende la siguiente definición: “El desarrollo sostenible es aquel
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la
habilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland,
1987), término que se retomó y debatió en la Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro en 1992. A partir de entonces y hasta la reunión de Johannesburgo,
Sudáfrica, en 2002, en las agendas internacionales se refleja la creciente preocupación
mundial por los daños ecológicos causados por el gran desarrollo económico y
una fuerte desigualdad social. Se reconoce que, si bien en algunas naciones
existe voluntad y políticas para encausarlos, en la actualidad ningún país
tiene un desarrollo sostenible de los recursos mientras se sigan explotando con
el mismo fin: expandir los capitales. Asimismo, las propuestas de estas
instancias apuntan a crear una conciencia de dimensiones planetarias, en todos
y cada uno de los actores sociales, para evitar más pérdidas de recursos
naturales que comprometen la vida de las generaciones futuras.
Junto a estas
propuestas hay dos preocupaciones también de dimensión mundial: la búsqueda de
opciones para aliviar la pobreza y la desigualdad de género. Lo que desde las
ciencias sociales invita a la creatividad teórica y metodológica en todas sus
áreas para generar conocimientos que posibiliten fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar individual y colectivamente en la toma de
decisiones sobre el uso, manejo y control de los recursos mediante el acceso a
la información, a los recursos financieros y a la capacitación técnica y
económica, y de esta manera –como pretenden los organismos mundiales– darle
viabilidad a su trabajo para elevar su capital social y sus formas de
organización comunitaria en las políticas públicas ambientales-forestales (onu, 2000).
1.1 Capital social
La noción de
capital social proviene de las propuestas teóricas de Bourdieu (1986), Coleman
(1990) y Putnam (1993). Estos autores elaboraron diferentes marcos teóricos que
convergen en la construcción de una ciencia general de la economía de
las prácticas que
trata el intercambio mercantil como una forma más de reciprocidad con capacidad
para identificar cómo las distintas formas de capital se transforman en otras
(Bourdieu, 1986). Entendido así, el capital (en todas su formas) equivale al
poder y su contribución configura la estructura social fundada en el
individualismo metodológico y en el principio de acción racional (Coleman, 1990).
De acuerdo con
Bourdieu (1986), las redes de relaciones son producto de estrategias de
inversión, individuales o colectivas, conscientes o inconscientes, que buscan
establecer o reproducir relaciones aprovechables en el corto o largo plazos.
Para Coleman (1990), el concepto de capital social es el valor de esos aspectos
o recursos necesarios que facilitan ciertas acciones individuales de quienes
forman las estructuras sociales. Asimismo, este autor señala que el capital
social es un bien público en el sentido de que sus beneficios no sólo los
captan los actores que participan en una determinada relación social, sino
también otros.
Dada la
complejidad del concepto, autores como Putnam (1993) y Durston (1999) ayudan a
comprender por qué organismos internacionales lo utilizan constantemente, sobre
todo Putnam, quien pone el acento en la participación social como riqueza y
fortaleza del tejido social interno de una sociedad, idea que coincide con los
intereses de la promoción del buen gobierno del Banco Mundial (bm), del Banco Interamericano del
Desarrollo (bid), de la Comisión
Económica para América Latina (cepal)
y del propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). De esta manera, Putnam (1993)
maneja tres componentes esenciales del capital social: 1) grado de
confianza entre los
actores sociales; 2) normas de
comportamiento cívico
practicadas; y 3) niveles de
asociatividad para
actuar cooperativamente. Estos componentes de alguna manera coinciden con la
propuesta de Durston quien define el capital social como “el conjunto de
normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la
cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su
conjunto” (1999: 103). En ambas formulaciones el capital social se concentra en
sus manifestaciones colectivas y plantea que las relaciones estables de
confianza y cooperación pueden reducir los costos de transacción, producir
bienes públicos y facilitar que se constituyan actores sociales o, incluso,
sociedades civiles saludables.
Estos
componentes de alguna manera se incorporan en los discursos del bid (2001), en los que se agregan,
además, los valores éticos y la cultura entendida como la manera
de vivir
juntos. Asimismo, el pnud (2000b: 13) destaca que un factor
decisivo en el desarrollo del capital social es el marco institucional regulado
tanto por la organización social como por las políticas públicas; es decir, la
regulación de la asociatividad se da en organizaciones formales y en relaciones
informales de confianza y cooperación. De igual modo, la cepal considera que el capital social es
el “conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza y los
comportamientos de cooperación y reciprocidad” social (2003: 13). Por su lado,
el bm define el capital social en
términos de sus propios intereses de intervención, de aquí que se refiera “a
las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de
las interacciones sociales de una sociedad. Numerosos estudios demuestran que
la cohesión social es un factor crítico para que las sociedades prosperen
económicamente y para que el desarrollo sea sostenible. El capital social no es
sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino que es
asimismo la materia que las mantiene juntas” (2001a: 1). Nelson Acosta (2002)
señala que el conjunto de estos componentes finalmente se convierten en
prerrequisitos necesarios para el proceso de desarrollo. Dado que el capital
social no sólo se refiere a la cohesión social sino a las potencialidades que
tiene una sociedad para participar en el mejoramiento de su calidad de vida y
de su desarrollo, los lazos de solidaridad y unión se traducen en la capacidad
para proyectar el desarrollo (Cemapem, 2004: 14).
Uno de los
problemas que afrontan estos organismos es su afán por medir el capital social
para justificar su intervención para elevarlo o constituirlo. En consecuencia,
en la actualidad esto ha llevado a algunos investigadores a recopilar índices
con elementos aproximados, los cuales resultan problemáticos para medir las
propiedades con conceptos ambiguos como comunidad, red y organización, sobre
todo si se trata de sociedades étnicas con construcciones sociales,
tradicionales, modernas, híbridas y/o complejas. De ahí que el concepto de
capital social desde la lectura étnica, o más bien antropológica, que apunta
Salomón Nahmad:.
…pasa por un
balance entre: 1) la habilidad para sobrevivir
económica y culturalmente; y 2) la capacidad de crear mecanismos
políticos de lucha, resistencia y ajuste a una sociedad y a un proyecto
nacional. Sin embargo, la tensión aludida entre pueblos indígenas y estructuras
hegemónicas, coloca al capital social indígena en una relación de
subordinación, por lo que se desarrolla con un alto grado de vulnerabilidad. En
ese sentido, es necesario considerar un tercer elemento de análisis del capital
social indígena, a saber: 3) los efectos que las estructuras
hegemónicas tienen en el debilitamiento del capital social indígena y su
transformación en nuevas expresiones del capital social o incluso en la pérdida
y ausencia de formas de capital social (2001: 2).
Estos elementos
son ignorados por los organismos internacionales de desarrollo (humano, social,
sostenible y económico) porque sus agendas se basan más en las competencias
globales que en las demandas sociales reales, donde “el Estado depende de la
estabilidad social y el apoyo popular para mejorar las perspectivas económicas
y sociales de las comunidades y naciones como: mejorar la educación y los
servicios de salud, construir instituciones políticas competentes y
responsables y facilitar la aparición de mercados libres capaces de competir en
la economía global” (bm, 2001b:
2).
Ciertamente, el
concepto de capital social también juega un rol muy importante en las políticas
ambientales sobre manejo de recursos naturales, pues como apunta Leticia
Merino, este concepto “permite a las comunidades la construcción de
instituciones para el manejo de este tipo de recursos comunes naturales como
son los bosques” (2004: 130) y, por tanto, da la oportunidad de entrelazarlo
con el capital natural (constituido por la dotación de recursos naturales con
que cuenta una nación) y el desarrollo para lograr la protección y conservación
de los recursos forestales.
Bajo este
interés, el capital social se debe entender como “las capacidades organizativas
de la sociedad rural e indígena, las relaciones internas entre estos grupos y
sus organizaciones, así como sus relaciones con la sociedad civil y con las
instituciones del Estado” (Nahmad, 2001: 2), las cuales varían
considerablemente según el género. Sin estas consideraciones, difícilmente las
intervenciones institucionales promoverán el bienestar común y su armonía con
el medio ambiente.
1.2 Género y medio
ambiente
Actualmente, la
literatura sobre la problemática ambiental señala a las mujeres no sólo como
víctimas de los fenómenos ambientales, también subrayan la importancia de su
participación para resolver la actual crisis ambiental del planeta, lo que hace
imperativa la necesidad de investigación ambiental con perspectiva de género
(Velázquez, 1996). De aquí surgieron diversas posturas teóricas y políticas
feministas para abordar el binomio construido socialmente sobre
mujer-naturaleza, el cual constriñe la posibilidad de relacionar a las mujeres
con acciones afirmativas individuales y colectivas en beneficio de la sociedad
(Braidotti et al.,
1994). El ecofeminismo, por ejemplo, supone que la racionalidad basada en un marco teórico dualista
es un problema en las propuestas hechas por mujeres (MacKenzie et
al., 1984), porque sugiere dominación y
diferenciación (Birke 1986). Por su parte, Vandana Shiva (1988) propone al
ecofeminismo como una alternativa teórica para evitar la inferioridad y
subordinación al patriarcado hegemónico de categorías analíticas, como la
naturaleza y las mujeres. Esta postura se ha criticado fuertemente por su
esencialismo (Vizcarra, 2005), pero dio pie para construir nuevas teorías como
la ecología política feminista propuesta por Rocheleau y sus colaboradoras
(1996), que pretende acotar las distancias entre la teoría y la experiencia
práctica. De esta manera, la propuesta considera que “los saberes femeninos
conjugados con los múltiples papeles de las mujeres como productoras,
reproductoras y consumidoras, han orillado a las mujeres a crear y mantener
habilidades integrativas con los sistemas complejos del hogar, de la comunidad
y de su medio ambiente” (Vizcarra, 2005: 519).
En el ámbito
mundial, los discursos sobre género y medio ambiente retoman sin lugar a dudas
estas capacidades femeninas, pero sin que las demandas reales sean escuchadas.
Es decir, difunden la idea de que, por naturaleza, las mujeres cuidan mejor el
ambiente porque de este cuidado depende la subsistencia familiar y comunal. Por
ejemplo, hasta mediados de los años ochenta, las mujeres que dependían de la
leña para cumplir con sus responsabilidades hacia la familia, eran vistas como
las principales destructoras de los bosques. Con la propuesta hecha en la
Segunda Conferencia Internacional sobre la Mujer, en Nairobi 1985, se promovió
un nuevo enfoque para eliminar todas las formas de discriminación hacia las
mujeres y atribuirles diferentes grados de independencia económica: Mujeres en
el Desarrollo (med). En esta nueva
era del feminismo, estas mujeres pasaron de ser destructoras del bosque a
víctimas del desarrollo por su falta de acceso a los recursos naturales (Leach et
al., 1995). Además,
en dicha conferencia se subrayó el potencial del papel de las mujeres como
administradoras de los recursos ambientales, su vulnerabilidad al cambio
ambiental debido a su fuerte dependencia de los recursos ambientales y al hecho
de que las iniciativas sobre desarrollo y medio ambiente necesitan apoyar las
contribuciones de las mujeres (Paolisso, 1996).
Esta propuesta
tuvo gran influencia en los compromisos adquiridos en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992),
donde se retoman los lineamientos de la Agenda 21 respecto de la participación
de la mujer en la ordenación nacional de los ecosistemas y la lucha contra la
degradación del medio ambiente, la eliminación de la discriminación por motivos
de género y en garantizar el acceso de la mujer a los recursos (tierra y otros)
así como a la educación y el empleo seguro (Semarnat, 1999).
Pese a que en el
capítulo 24, “Medidas mundiales a favor de la mujer para un desarrollo
sostenible y equitativo”, de la Agenda 21 tratan a las mujeres como un grupo
vulnerable y sabiendo que ellas participan activamente en los movimientos
ambientalistas, sus posturas y reclamos siguen vigentes hasta la última reunión
de Johannesburgo (2002), aun cuando en la Cuarta Conferencia Mundial se formuló
el capítulo k de la Plataforma de
Acción de Pekín (1995). Los reclamos se centran en que las mujeres todavía no
participan en la toma de decisiones y tampoco se han respetado los acuerdos a
que se comprometieron los Estados (onu,
1992, 2000):
·
Lograr
la participación de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones
relativas al ambiente, incluyendo la ordenación de los ecosistemas, y en la
lucha contra la degradación ambiental.
·
Aumentar
el número de mujeres en puestos de toma de decisiones sobre medio ambiente y
desarrollo.
·
Integrar
la perspectiva de género en las políticas y programas a favor de un desarrollo
sostenible.
·
Establecer
mecanismos para evaluar los avances en políticas ambientales y de desarrollo
sobre mujeres y velar para que éstas contribuyan y participen en ellas.
·
Considerar
la posibilidad de programas que eliminen obstáculos que impiden la plena
participación de la mujer en el desarrollo sostenible y la vida pública.
Estos ejes
estratégicos provienen de las propuestas de Género en el Desarrollo (ged), donde se emplea la construcción de
género como el punto clave para mediatizar las relaciones entre mujeres y
hombres con el medio ambiente, convirtiéndolas en agentes de cambio. En este
sentido, las posturas de med
quedan rebasadas, pues el ejercicio de empoderamiento económico centrado sólo
en las mujeres ignoró que las formas de subordinación y discriminación en el
acceso, uso, manejo y control de los recursos naturales se deben a las
relaciones de género que persisten en diferentes sociedades que generalmente
son jerárquicas, asimétricas y se perpetúan en las instituciones modernas y
patriarcales, poniendo casi siempre en desventaja a las mujeres (Agarwal, 1994;
Leach et al.,
1995; Rocheleau et al., 1996). Estos aspectos demuestran que
la relación mujeres-medio ambiente es compleja, pues en una región de
desigualdades sociales y de género –y en un contexto de dominio neoliberal– las
mujeres pobres, indígenas o campesinas se ven obligadas a luchar por la
supervivencia, casi siempre lejos de las preocupaciones ambientales, pero al
mismo tiempo sufren en sus vidas cotidianas los efectos del deterioro ecológico
y las relaciones de género, donde el poder masculino es el que domina estos
espacios.
De acuerdo con
Verónica Vázquez, las políticas ambientales enmarcadas en el desarrollo
sostenible para resolver problemas de degradación ambiental, debe considerar
soluciones integrales con otros sectores para problemas de pobreza, desigualdad
social y de género, “y apuntar a formas eficientes de resolver la distribución
desigual de poder y riqueza entre naciones, regiones, comunidades y géneros.
[...] ir más allá del discurso político dominante, que no da razón del trabajo
de las mujeres y el impacto de las actividades económicas en el medio ambiente”
(1999: 27).
Por lo anterior,
el capital social femenino se puede definir como la habilidad de
las mujeres para sobrevivir económica y culturalmente, con base en sus
capacidades tanto en los mecanismos de lucha y resistencia ante las relaciones
de poder que legitiman una desigualdad social en la distribución de los
recursos necesarios para su subsistencia, como en las formas de solidaridad o
confianza que ellas establecen para organizarse entre sí y responder a las
adversidades políticas, socioeconómicas y ambientales.
2. Etnografía
institucional: género y política ambiental-forestal en México
Una vez que se
definió el concepto de capital social femenino como resultado del cruce
epistemológico de género y capital social, la segunda fase de la etnografía
institucional se basa en el estudio de cómo y en qué espacio social se
problematiza la incorporación del género en la política ambiental-forestal, de
forma que se justifique una cierta intervención institucional. Esta parte de la
etnografía es fundamental para entender las políticas públicas, no sólo porque
en ellas se determina el diseño y la instrumentación de los mecanismos de
ejecución de los programas y proyectos gubernamentales, sino porque en estas
fases burocráticas se establecen las pautas que dirigirán el cambio social o
las formas del control social sobre la población objetivo.
2.1 La incorporación
de género
Como suceso
relevante en la evolución de la política ambiental mexicana, y con el fin de
articular las decisiones gubernamentales para alcanzar un desarrollo
sostenible, en 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca (Semarnap). Esta secretaría elaboró en 1999 una Declaración para la
Equidad de Género que, a grandes rasgos, es un alto en el camino para hacer
conciencia y construir una verdadera política ambiental con perspectiva de
género, tomando como base el marco legal nacional y los compromisos y acuerdos
internacionales firmados y ratificados.
Entre los
acuerdos internacionales destacan: las Acciones de la Agenda 21, capítulo 24
(1992), sección K del capítulo v
de la Plataforma de Acción derivada de la cuarta Conferencia Internacional de
la Mujer en Pekín (1995); el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) que
reconoce el papel de las mujeres en la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales; y la Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación (1994) que enfatiza la importante participación de las mujeres
rurales en esta lucha (Salazar, 1999). En el marco jurídico nacional inciden
los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos donde se prohíbe toda discriminación motivada por el género, el
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, así como el derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; la Ley General de Equilibrio
y Protección al Ambiente (1995) establece como un principio de la política
ambiental que “las mujeres cumplen una importante función en la protección,
preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en el
desarrollo, y que su completa participación es esencial para el logro del
desarrollo sostenible” (Semarnat, 2004: 5).
Aunado a lo
anterior y gracias a la sensibilidad de la primera secretaria de Estado en este
organismo, la doctora Julia Carabias –quien tomó la experiencia del Espacio de
Mujer y Medio Ambiente (1991) para preparar la discusión del Foro Civil para
Río 1992 y las propuestas de la Red de Género y Medio Ambiente (1998), ambas
conformadas por organizaciones feministas civiles y académicas–, se realizaron
enormes esfuerzos para contar con datos desagregados por sexo sobre los
beneficiarios de los programas y proyectos ejecutados por la Semarnap. Con
estos datos, investigaciones académicas e informes de organizaciones no
gubernamentales (ongs) se elaboró
el Addendum
al Programa Nacional de la Mujer (Pronam)[7]
sobre Mujer y Medio Ambiente. Cuando la Semarnap se convirtió en Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el gobierno del “cambio”
del presidente Vicente Fox (2000-2006), se dio origen a la Unidad Coordinadora
de Participación Ciudadana y Transparencia donde quedó adscrita la Dirección de
Género y Medio Ambiente (ahora Coordinación de Equidad de Género). Con este
esfuerzo institucional, de alguna manera se concretaron varias de las
propuestas feministas en materia de política ambiental y equidad de género.
2.2 El Programa de
Género, Medio Ambiente y Sostenibilidad
En el marco
jurídico nacional, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 (pnd), es “lograr la
igualdad de los derechos y obligaciones entre géneros en el acceso, uso,
manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales” (Semarnat,
2004: 24), lo rescató el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación contra las Mujeres (Proequidad),[8]
para que la ucast elaborara el
Programa de Género, Medio Ambiente y Sostenibilidad en el año 2004 (Progemas),
por un lado para responder a las presiones internacionales y, por otro, por los
propios antecedentes de las feministas ambientalistas mexicanas (civiles,
políticas y académicas).[9]
Debido a que no
es suficiente con cambiar las normas jurídicas para lograr la igualdad entre
ambos sexos y que se requieren enormes esfuerzos gubernamentales para diseñar
políticas públicas proactivas, antidiscriminatorias y afirmativas para detectar
y corregir “los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las
mujeres en desventaja frente a los hombres [como] reconocer que el sexismo es
resultado de una historia y de una actitud cultural” (Lamas, 2006: 63-64), el
Progemas planteó cuatro líneas estratégicas que deberían convertirse en
acciones afirmativas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres,
respetando sus diferencias sexuales/género:
·
Transversalidad e
institucionalización de la perspectiva de género para sensibilizar, a través de
talleres, a los altos y medios mandos y demás funcionarios tanto de la propia
Semarnat como de sus organismos descentralizados.[10]
Sin embargo, durante estos talleres se han encontrado serios obstáculos
culturales relacionados con las construcciones sociales de género que dominan
en las instituciones mexicanas.
En primera instancia, cuando no son
obligados por un funcionario de alto mando para asistir a los talleres de
sensibilización de perspectiva de género, envían a una mujer a capacitarse:
“género es cuestión de mujeres”. En general estas mujeres no intervienen en la
toma de decisiones sobre el diseño, instrumentación y operación de los
proyectos ambientales. Lo mismo sucede con las secretarías estatales encargadas
de ecología y medio ambiente, que con frecuencia son invitadas a participar en
el Comité Técnico de Enlaces de Género.[11]
“No hay una estrategia encaminada a esa equidad ni se han preocupado ni
se ha promovido ni se ha inducido. Hay mujeres en algunas jefaturas de
departamento, por ejemplo, la unidad jurídica está a cargo de una mujer, así
como la contraloría interna, pero nada más, y a veces ellas van a los talleres
de la Semarnat.”[12]
En segunda instancia, observamos que si
bien los funcionarios reciben esta capacitación, en la práctica no incluyen
acciones afirmativas en favor de la equidad de género, pues sus sesgos
genéricos traducen las acciones en beneficio sólo para mujeres; actitud que
evita entender que la diferencia entre hombres y mujeres produce inequidad y
que si no se promueve un cambio en estas relaciones, persistirán la pobreza y
las desigualdades sociales. “Si queremos pensar que el objetivo es atender a
toda la población marginada y estos programas no tienen una calificación muy
específica para hablar de género, se dirigen, insisto, a atacar los problemas
más graves de marginación de las comunidades indígenas y campesinas, aunque no
distingan mucho el aspecto de género.”[13]
Con frecuencia observamos que los
funcionarios de mandos medios (directores, subdirectores y jefes de
departamento) son hombres, y aun cuando tomaron los talleres de
sensibilización, no se comprometen a difundir la perspectiva de género y mucho
menos a transversalizarla en sus áreas de influencia gubernamental, pese a que
en el discurso lo tengan bien aprendido.
·
Coordinación interinstitucional y
cooperación internacional
con el fin de potenciar las acciones sectoriales e interinstitucionales
(federales, estatales y municipales) para construir la equidad de género, en
vinculación con programas y proyectos regionales, nacionales e internacionales.[14]
En el caso del Estado de México, debido
a la rivalidad partidista entre los gobiernos federal (del Partido de Acción
Nacional, pan) y estatal (del
Partido Revolucionario Institucional, pri),
los mecanismos de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno
sólo se limitan a buscar alternativas y oportunidades de financiamiento
internacional para desarrollar proyectos específicos como la protección natural
de ciertos recursos naturales. Ya que muchos de estos apoyos vienen etiquetados
con los principios de equidad de género y sostenibilidad, una táctica para
acceder a ellos es incorporar dichos principios en el diseño de los proyectos
(que la mayoría de la veces realizan organismos federales como la Semarnat, la
Conafor y la cna), pero cuando
llegan a la fase de normatividad y ejecución por parte de los organismos
estatales (como Probosque o la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la
Fauna, Cepanf), las mujeres se vuelven clientes de los programas y proyectos.
·
Corresponsabilidad y participación
social. Esta línea
estratégica corresponde sobre todo a los principios rectores del buen
gobierno. Es evidente
que se requiere cada vez más ampliar la participación de grupos de mujeres en
los órganos consultivos y espacios de toma de decisiones tanto de la Semarnat
como de los organismos descentralizados, desconcentrados y sus secretarías
homólogas en el ámbito estatal y en las regidurías municipales.
Por parte del Estado de México, la
Secretaría de Ecología fue dirigida por Arlette Trujillo en el periodo
1999-2005. Gracias a su activismo feminista, impulsó la participación laboral
de mujeres en puestos de dirección de dicha secretaría. Pero aun con este
interés, la equidad de género no se aseguró con la presencia femenina, pues no
se consolidaron los mecanismos para garantizar que las demandas de mujeres y
hombres se incluyeran en la definición de las políticas y programas. Uno de los
obstáculos más importantes fue la definición misma de demanda social y
ambiental de las comunidades y sus habitantes, que si bien se rigió bajo un
esquema de participación ciudadana y social, la convocatoria ignoró los
contextos de discriminación genérica de acceso desigual a los recursos y alta
presión demográfica sobre ellos, así como las condiciones de migración transnacional
masculina. De aquí que la participación de las mujeres se limitara sólo a
responder las exigencias de los programas y proyectos ambientales y forestales.
Estas interacciones pueden crear nuevas sujeciones o relaciones de poder que
profundizan las inequidades de género ya existentes.
En este sentido, en el Progemas se
señala la necesidad interinstitucional de promover el fortalecimiento de las
capacidades organizativas de las mujeres rurales e indígenas; es decir, que
para enriquecer el capital social femenino en cuestiones de gestión
ambiental-forestal se deben privilegiar acciones afirmativas que minimicen las
condiciones de inequidad.
No,
no existe ninguno etiquetado para mujeres, todos [los programas] se van así;
incluso nuestras reglas dicen que no va haber discriminación de credo,
religión, raza, ni género; sin embargo, sí hemos visto que en algunas
comunidades los hombres emigran y son las mujeres quienes casi siempre apoyan
nuestros trabajos porque son las que están siempre en casa y pues es un dinero
extra para ellas, el problema es cuando los hombres están, pues ahí si ya no
contamos con ellas.[15]
Procesos de gestión ambiental y desarrollo
sostenible con equidad de género.
Básicamente, esta línea estratégica pretende dar preferencia a las demandas y
solicitudes de grupos y organizaciones de mujeres (capital social femenino)
vinculadas a los procesos de gestión ambiental prioritarios de la Semarnat, ya
sea por medio de asesoría y apoyo a proyectos en el sector ambiental, o bien
canalizando y dando seguimiento ante las instancias responsables estatales,
delegacionales y municipales (Semarnat, 2004).
Como se mencionó en párrafos anteriores,
los proyectos diseñados en instituciones gubernamentales y organismos
internacionales, en general, no corresponden con las demanda reales de las
mujeres, hombres y sus familias y comunidades. Por ello, conservar y preservar
los componentes ambientales durante la ejecución de las prácticas de manejo
forestal, son más un compromiso institucional por proteger los valores de los
ecosistemas forestales –integrándolos a la producción de bienes y servicios del
bosque– que una demanda social real y femenina. Demanda que se encuentra
estrechamente relacionada con el deterioro de los ecosistemas que afecta tanto
las actividades que por tradición realizan las mujeres en el ámbito rural
(basadas en el aprovechamiento de la vida silvestre y en la recolección,
administración, transformación, consumo y venta de productos forestales, no
maderables, de uso comestible y medicinal), como las que deben llevar a cabo
cuando los hombres emigran y abandonan temporal o definitivamente sus tierras y
hogares (Velázquez y Merino, 1997).
3. Políticas
forestales en comunidades mazahuas
En lengua
náhuatl, mazahua significa “poseedores de venados o región de venados”; fauna
que en la actualidad ya no existe ni en la remota memoria de sus pobladores.
“Esta región ha sufrido severos cambios sociales y ambientales originados por
la explotación de la raíz de zacatón y por las actividades agropecuarias
desarrolladas en las haciendas durante el siglo xix
y hasta los años treinta del siglo xx.
El acelerado cambio del paisaje ambiental no se da, sin embargo, con el reparto
agrario sino con el retiro paulatino del Estado en materia de desarrollo
agropecuario, en los últimos 20 años” (Vizcarra, 2002: 10).
En la
actualidad, doce municipios del norte y noroeste del Estado de México (de los
125 que conforman la entidad) concentran la gran mayoría de las comunidades con
hablantes de lengua indígena mazahua (hlim).
Los hlim representan 2.4% del
total de la población indígena del país, de éstos, 85.1% se concentran en el
Estado de México, donde 53% son mujeres. En estos municipios se encuentran San
José del Rincón y El Oro de Hidalgo; ambos con importantes áreas forestales y
cuya ubicación territorial es de interés político y estratégico nacional e
internacional.
Entre las
características socioculturales más relevantes de la población se encuentra el
apego a costumbres arraigadas al patriarcado, cuyas formas más frecuentes de
subordinación provienen de la desvalorización del trabajo doméstico femenino,
del difícil acceso a los recursos productivos y del control masculino sobre sus
cuerpos (González y Vizcarra, 2006; Vizcarra, 1997, 2002). Asimismo, la
inequidad de género constantemente se ve reforzada, en cierta medida, por
programas gubernamentales que consideran que el trabajo rutinario de las
mujeres indígenas es extensible y adaptable. Así las cosas, la mayor parte de
las propuestas para incorporar a las mujeres mazahuas en programas y proyectos
gubernamentales se basan en aumentar sus ya de por sí numerosas actividades
domésticas, mismas que han provocado su sumisión y desvalorización social
(Pineda et al.,
2006).
Ciertamente,
hasta hace algunos años la reproducción social de los hogares se basaba en el
autoconsumo de maíz –cultivado durante la temporada de lluvia–, en actividades
de traspatio y en ingresos provenientes del trabajo extraagrícola de los
varones y jóvenes mujeres que desde hace años emigran a las ciudades mexicanas
para trabajar en la construcción, el comercio ambulante y el servicio doméstico
(Vizcarra, 2002). Sin embargo, en la actualidad las mujeres rurales e indígenas
se encuentran en un proceso de transformación de sus vidas cotidianas debido a
diversos fenómenos que afectan el campo mexicano y que están estrechamente
relacionados con el modelo económico neoliberal que conlleva el retiro
paulatino del Estado de la política de desarrollo agropecuario y rural. Una
consecuencia de este retiro se observa en el incremento de los flujos
migratorios de varones, y recientemente de mujeres jóvenes, hacia los Estados
Unidos y Canadá (Vizcarra y Guadarrama, 2006).
La creciente
migración internacional ha intensificado el papel de las mujeres de esta región
como cuidadoras, pues ahora se ven obligadas a hacerse cargo de los bienes de
sus esposos, hijos, padres y hermanos. Asimismo, en ausencia de los gestores,
confrontan nuevos procesos de negociación y toma de decisiones en cuestiones
agrarias, productivas y ambientales. De ahí la importancia de estudiar la
relación y percepción que tienen de las instituciones encargadas de apoyarlas,
y no sólo porque ellas son parte de una política social que responde a las
exigencias mundiales de incorporar al género femenino al desarrollo, sino
porque algunas acciones gubernamentales institucionalizaron las demandas que las
mujeres indígenas pusieron en la mesa de negociaciones en medio del conflicto
zapatista de los años noventa (Pineda et al., 2006).
3.1 Un capital
social femenino “incómodo”
Como influencia
del levantamiento zapatista, vale la pena mencionar la reciente movilización de
mujeres mazahuas en defensa del agua. Este movimiento indígena tiene sus
orígenes desde los años setenta, y aunque las mujeres no eran protagonistas,
como pueblo reivindicaban sus identidades y culturas colectivas. En 1981
algunas mujeres mazahuas se reunieron en San Felipe Santiago, municipio de
Villa de Allende, con el propósito de organizar el Frente de Mujeres Mazahuas
para exigir sus derechos. La reciente conformación del Ejército de Mujeres
Mazahuas Zapatistas (emmz) en
defensa del agua dio sus primeros brotes públicos a principios del 2004. Aun
cuando las mujeres portan armas de fuego de madera, este movimiento más que
violento es simbólico, basado principalmente en el
capital social femenino indígena;
es decir, en su capacidad organizativa para poner en marcha tácticas de lucha
radical para defender los recursos naturales valiosos para su subsistencia.
No obstante que
se trata de una lucha femenina, sus demandas se insertan en el discurso del
desarrollo rural sostenible equitativo y justo, más que de género. Este
movimiento busca reivindicar al pueblo indígena mazahua: ser tratadas con
equidad; servicios para las comunidades, entre ellos agua, drenaje y
electrificación; respeto al medio ambiente, por lo que solicitan un programa
rural sostenible para la región; y, finalmente, reclaman la extracción de agua
de la región, mediante el Sistema Cutzamala, que es llevada a la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México.
La primera ronda
de negociaciones, en abril del 2004, entre comandantas mazahuas y
representantes de instituciones gubernamentales a cargo de las políticas
ambientales, forestales y de desarrollo rural (Semarnat, Conafor, cna, Probosque, Sagarpa y otras
instancias estatales), tuvo lugar en las comunidades Los Berros y Cerro del Salitre,
en Villa de Allende, Estado de México, y la segunda tuvo lugar en las oficinas
centrales de la cna en la ciudad
de México. Se firmaron algunos acuerdos en materia de infraestructura
(construcción de invernaderos, ollas de captación de agua y pavimentación de
accesos viales), introducción de servicios (instalación de letrinas secas, agua
potable y energía eléctrica), pago de indemnización por daños a sus tierras,
dotación de maquinaria y herramienta agrícolas, así como un extenso programa de
reforestación. Pero hasta mediados de 2006, el emmz
todavía sigue esperando que se cumplan cabalmente estos acuerdos. Es importante
resaltar no sólo el activismo de las mujeres en la lucha por un acceso
equitativo a los recursos indispensables para la subsistencia cotidiana de sus
familias, sino también la actitud de indiferencia institucional al retardar el
cumplimiento de los acuerdos. Tal vez este capital social femenino incomoda a
las instituciones que no pueden sujetarlas a un esquema de política pública venida
de arriba. Por otra parte, esta indiferencia también se puede explicar en el
plano de las construcciones culturales de género, clase y etnia, donde no es
creíble que exista esta capacidad de respuesta femenina, indígena y pobre, por
eso no logran entender cómo algo tan vital para las mujeres indígenas como el
agua, el bosque y la luz puede generar un conflicto social de esa envergadura.
Si bien las
comunidades seleccionadas para el estudio, así como los municipios a que
pertenecen, no están integradas ni se sienten representadas en este movimiento
–aun cuando se encuentran en la misma franja forestal y una de las comunidades
de estudio (La Mesa) forma parte del Área Natural Protegida de la Mariposa
Monarca (anpmm), donde se ubican
algunas comunidades en lucha–, los acuerdos a que han llegado el emmz y las instancias gubernamentales
pueden tener, en un futuro, implicaciones indirectas en la vida de las mujeres
rurales e indígenas de la región.
3.2 El vivero
forestal social de La Mesa sin capital social femenino
El municipio de
San José del Rincón es de creación política-administrativa reciente. Hasta el 1
de enero de 2002, sus comunidades pertenecían al municipio de San Felipe del
Progreso, pues como éste era el segundo más grande del Estado de México, no había
un reparto uniforme
de los recursos económicos (presupuestales) para todas las comunidades. Las 124
comunidades que ahora conforman San José del Rincón eran, por consiguiente, de
las más desfavorecidas de la zona, además de que allí se concentra la mayor
parte de población hlim.[16]
San José del
Rincón se encuentra a 2,760 msnm, con una superficie aproximada de 494,917 km²
y un área forestal de 12,475 ha. Dieciséis de sus comunidades son eminentemente
forestales y forman parte del anpmm
o, como se le conoce comúnmente, el Santuario de la Mariposa, donde se
encuentran especies forestales como pino pátula, pino montezumae, oyamel,
ayacahuite y encino.
A este municipio
pertenece la comunidad de La Mesa, cuya población aproximada es de 1,000
habitantes, de los cuales más de 55% son mujeres. En la tercera ampliación de
la resolución presidencial del 13 de marzo de 1980, esta población contaba con
752 ha de superficie ejidal. Pero en noviembre del 2000 se decretó un aumento a
la Reserva de la Mariposa Monarca (que antes contaba con 16,000 ha entre
Michoacán y el Estado de México) con lo que se incrementó a 56,000 ha entre las
zonas núcleo y de amortiguamiento.
El 9 de febrero
de 1952 se hizo una solicitud de 122 ejidatarios y se vino a resolver hasta el
8 de febrero de 1980. Peleamos con el multimillonario Tomás de la Fuente Casan,
dueño de la hacienda Yondecé, predio Yondecé; cuando se ganó el ejido, aquí,
allá en la loma y en el monte alto se acabó su poderío. Entonces, con la
resolución presidencial se nos quedó el predio para cuidarlo, donde está el
santuario son 752 ha. Yo estuve preso en Ixtlahuaca porque este señor nos
malinformó que no era resolución presidencial, que era despojo de tierra;
demandaron al presidente José López Portillo y a Antonio Toledo Corro de la
Secretaría de la Reforma Agraria, y nosotros fuimos los terceros perjudicados.
Estuve 24 horas. Gracias a que llevaba los documentos me soltaron, fuimos cinco
a la cárcel.[17]
Debido a esta
afectación, la Conafor promovió viveros sociales con el objetivo de dar fuentes
de empleo a los dueños y poseedores de bosques, y así amortiguar el efecto de la ampliación sobre
terrenos de 16 ejidos del municipio, que de por sí ya tenían su propia historia
de desigualdad. “Y se dice afectados por decir algo, ya que no se pueden hacer
aprovechamientos forestales como antes, sin restricciones, sólo con la
normatividad de ley […] ahora de octubre a marzo no se puede hacer nada porque
es cuando llega la mariposa”.[18]
En 2003 se
implementaron dos viveros en la zona (de los 12 con que cuenta el estado), sin
embargo, el único que sobrevive es el de La Mesa. Este vivero da seis
empleos permanentes ocupados por hombres que perciben salario mínimo, y tiene
una capacidad productiva de 500,000 plantas. Aunque para 2004 se preveía una
producción de 45,000 plantas de oyamel en envases de 9 × 20 cm para la
reforestación anual en la zona del Santuario, por la poca cantidad de
trabajadores sólo lograron producir 60% de la demanda. En aras de restaurar la
zona núcleo de la anpmm, el invernadero
está altamente tecnificado, con malla media sombra, un robot para riego por
aspersión y mesas para colocar charolas con 60 cavidades cada una. Estas
charolas facilitan el traslado ya que en bolsas de 9 × 20 cm se transportan
3,000 plantas en una camioneta, mientras que con las charolas aumenta a 5,000,
con la ventaja de que las plantas no se contaminan con las bolsas y las
charolas se utilizan otra vez. En este tipo de producción, las charolas se
preparan con tierra a base de tecata y corteza de pino, que se compra ya
elaborada por lo que no se ocupa tierra del bosque.
Es obvio que la
infraestructura del invernadero no ha generado los empleos suficientes para
compensar las restricciones del uso y manejo de los recursos forestales que
dejaron de explotar, y que lo que menos requiere el vivero es mano de obra
femenina y tampoco sus saberes tradicionales para producir plantas. Sin
embargo, con el fin de acceder a los recursos federales etiquetados con
perspectiva de género, la Conafor informa a la Semarnat que este proyecto
beneficia directamente a las mujeres.
El bosque es de
ámbito masculino mazahua, donde los hombres prohíben a las mujeres ir al bosque
a buscar leña para uso doméstico; ellas sólo van a la orilla para recolectar
hongos y plantas comestibles y medicinales. Ni cuando los hombres tenían acceso
libre a él, las mujeres tenían derecho al usufructo del uso masculino de los
recursos forestales maderables. Ellas únicamente podían obtener la leña a
través de los hombres. Esto explica que las mujeres no sean invitadas a
colaborar en el vivero, y si lo son, sus esposos o los mecanismos que regulan
el acceso a los recursos (como la vigilancia que hacen otras mujeres y hombres
del buen comportamiento femenino), no permiten su participación.
La carga de
leña que me trae mi esposo me dura tres o cuatro días, según. Si se va a
trabajar fuera de aquí y se tarda, entonces la tengo que comprar. No sé de
dónde la traen, pero ellos lo saben para no meterse en problemas con la ley.
Pues cada año va mi esposo e hijos a plantar al monte. Yo me quedo haciendo mi
quehacer o hilando lana, o moliendo, o tejiendo una sábana, o faja de rancho, o
tiñéndola con una plantita del bosque que da el rojo y consigo por ahí.[19]
Yo voy por la
leña al bosque, ni modo que vaya mi mujer [...] La usamos sólo como combustible
para la casa porque el gas está muy caro y las tortillitas no saben igual.
[...] Ella se queda en casa, también recolectamos hierbitas como el nabo,
chuales (quelite cenizo) y otro que le llaman el quintonil, ahora en época de
lluvias empiezan los hongos enchiladitos, clavos orejas, cornetas. Se acaba
esta temporada y siguen los gachupines, tejemanileros [...] y se acaban los
hongos en octubre. [...] Aquí plantamos como 300 arbolitos cada persona de la
variedad oyamel en el bosque donde está la mariposa, aquí en la comunidad muy
poco, casi nada, todo es para allá arriba. [...] Sólo a las viudas por ley les
dan sus arbolitos para plantar, pero ni modo que ellas vayan para allá,
entonces le dan sus tortillas a los chamacos para que planten por ellas. Y en
época de secas soy voluntario para los incendios, nos pegan el grito y todos
los que estemos por aquí vamos, nos hacen nuestro itacate o tortillitas si hay
y allá comemos.[20]
Los hombres de
esta comunidad solicitaron apoyo a la Conafor para cambiar sus parcelas
agrícolas por plantaciones comerciales forestales (en 2004 se encontraba en
dictamen). Asimismo, el líder del proyecto del vivero social y regidor de la
Comisión de Ecología de entonces (2003), acudió a diferentes dependencias y
organizaciones para solicitar un apoyo económico, entre ellas la World
Wide Found (wwf), de 16 dólares por metro cúbico,
cantidad que consideran han dejado de aprovechar en el santuario. De este mismo
fondo se obtuvo una ayuda de 50,000 pesos para el primer año (2003) con el fin
de conservar el bosque, y esperan que el apoyo continúe. Otro organismo
internacional que también otorga donaciones a la comunidad es Bosque Modelo
Mariposa Monarca, a. c.,
financiado por el gobierno canadiense.
En cuanto a la
Semarnat, Probosque y la Conafor, tienen un programa de protección que da
empleo temporal y consiste en cercar con alambre de púas y posteo parte del
bosque protegido, sobre todo el camino al santuario para que el ganado no entre
a pastorear. De este mismo arreglo institucional existe un proyecto llamado
Centro Ecoturístico Mariposa Monarca La Mesa en el paraje Torrecillas, donde ya
funcionan dos de las diez cabañas planeadas para ofrecer servicios de hospedaje
rústico en la zona de amortiguamiento del Santuario de la Mariposa.
Cabe mencionar
que en todos los apoyos institucionales, estatales, federales e internacionales
que recibe esta comunidad, están incluidas las mujeres como beneficiarias
directas e indirectas; sin embargo, los empleos que generan estos proyectos los
ocupan hombres, mientras ellas siguen realizando los trabajos asignados a su
género –que habitualmente no son recompensados económicamente porque se
consideran poco importantes–: la limpieza de las cabañas y el vivero y la preparación
de la comida para los trabajadores del mismo.
En cuanto a su
capital social, se sabe que como parte de las costumbres mazahuas, las mujeres
sólo se organizan para preparar alimentos y adornar las capillas durante las
fiestas del santo patrón y otras ceremonias relacionadas con el sistema de
cargos (Vizcarra, 2002). Se podría decir que las redes sociales femeninas se
establecen sólo bajo las pautas de las relaciones de género que predominan en
el pueblo mazahua: “las mujeres a la casa y los hombres a la milpa, al bosque y
al espacio público”.
3.3 Tapaxco, con
capital social femenino y sin proyecto forestal
El municipio del
El Oro de Hidalgo fue uno de los más importantes hasta principios del siglo xx. Por la explotación minera de oro y
de carbón vegetal desarrolló periodos de auge económico en la región. Si bien
este municipio forma parte de la región mazahua, la colonización extranjera
para la explotación de minerales y de haciendas agrícolas y pecuarias, provocó
un importante proceso de mestizaje, hecho que se refleja en la escasa población
de hlim. El municipio cuenta con
30,396 habitantes de los cuales 15% es hlim
(56% mujeres) (González y Vizcarra, 2006).
El municipio se
localiza en la parte montañosa del Estado de México y forma parte de la Sierra
Madre Occidental, por lo que está rodeado de cerros, entre los más importantes:
La Somera, en cuya vertiente se alza la cabecera municipal, hacia el sureste de
ésta se encuentra el Cerro Llorón, segundo en importancia; la Carbonera en
Tapaxco; y el de la Tijera en Basoco, de donde se extraía el carbón vegetal.
Poco a poco se fueron cerrando las fuentes de explotación minera y con ello se
redujeron enormemente las áreas boscosas. En la actualidad 36.8% del territorio
municipal es agrícola y se utiliza para cultivo de temporal; 7.6% es de uso
pecuario; 21.3% (aproximadamente 2,947 ha) es forestal y 34.3% lo ocupan
viviendas, comercios, oficinas y espacios públicos. De la superficie total,
9,161 ha son ejidales y 388, comunales.[21]
Con el aumento
reciente de la emigración transnacional, el municipio ha tenido un cierto
crecimiento económico debido a las remesas que los paisanos envían regularmente
a sus familias. De hecho, en la cabecera municipal se observa el aumento de
actividades comerciales, así como bancos y casas de cambio.
En la comunidad
de Tapaxco se encuentra la Carbonera, de la que dependían muchas familias hasta
los años treinta del siglo xx. Con
el reparto de tierra durante los años cincuenta, las familias se dedicaron al
monocultivo de maíz para autoconsumo y a la explotación de madera del bosque y,
en menor proporción, de carbón vegetal. Dada la relativa cercanía con la
cabeceara municipal (12 km aproximadamente) y el fácil acceso vial, otra
actividad que ha crecido, por la necesidad de ingresos extraagrícolas, es el
comercio y los servicios de transporte (taxis colectivos).
La comunidad
está conformado por 17 barrios y cuenta con 396 habitantes, de los cuales la
mayoría son mujeres y muy pocas hablan aún la lengua mazahua. Cuenta con
prácticamente todos los servicios (excepto drenaje): agua, luz, escuelas y
pavimentación y alumbrado público en las calles principales. Son pocas las
familias que recolectan leña –y las que lo hacen, la obtienen de árboles secos–
que utilizan para preparar las tortillas de consumo diario. Hoy en día, la
mayoría de los hogares usan gas como combustible. Esta población cuenta con un
bosque en el cerro Andamejé en el que se encuentran especies de cedro, ocote,
roble, encino, madroño, aile y pendicua. Para cortar un árbol del bosque, se
requiere un permiso por escrito del delegado, quien no cuenta con éste, se hace
acreedor a una multa o se le obliga a realizar trabajos en la comunidad.
Según un
informante de la comunidad, desde que comenzó la administración del presidente
Fox no ha habido grandes programas de reforestación. Sin embargo, según mujeres
con quienes conversamos, cada año ellas y algunos hombres forman parte de la
campaña de reforestación, en la que también participan sus hijos en la escuela,
aunque también denunciaron que cada vez se plantan menos árboles porque los
resultados no son muy alentadores: “Sí, cada año vamos al cerro de Endotejeare.
Viene el ejército a ayudarnos y plantamos como mil arbolitos” (Virginia de 26
años, entrevistada en mayo de 2003). “Luego voy a plantar arbolitos con los de
la comunidad, cuando hay. Pero ya no, los chamacos los tiran, los queman y
mejor ya no plantamos nada” (Sonia de 43 años, entrevistada en mayo de 2003).
El tejido social
de la comunidad se basa en el trabajo colectivo de las mujeres, quienes han
fortalecido los lazos de cooperación frente al fenómeno de migración masculina
nacional y transnacional. El trabajo colectivo femenino se ha reforzado sobre
todo a través de actividades de la Iglesia católica. Así, las mujeres se
organizan no sólo para las celebraciones religiosas, también participan en
diferentes eventos políticos, y con frecuencia envían representantes a buscar
apoyos para proyectos productivos ante diferentes instancias no gubernamentales
(principalmente). La presencia femenina en la vida de la comunidad condujo a
que un ama de casa, esposa de un taxista, fuera electa como la primera mujer
delegada municipal; lo que dio pie a que cada vez más mujeres formen parte de
los comités de vigilancia de alguna obra en construcción o de cualquier otro
asunto que beneficie a la comunidad.
Cuando se hacía
la reforestación, aquí en la comunidad somos muy unidos y organizados y raro es
el que no participa; la delegada es la que nos organiza y también hay un comité
de obras. Para fiestas religiosas se organizan todas las comunidades de
Tapaxco, cuando es fiesta en la parroquia los fiscales son los que se encargan
de eso. El comité lo forma el presidente que es un hombre y todas las demás son
mujeres, lo decidimos así para que la gente que no apoya a las mujeres se dé
cuenta que las mujeres tienen mucho que ver. También hay un comisariado ejidal
que vigila todo lo relacionado con el campo, por ejemplo, que se cierren bien
las compuertas de las presas, como la de San Isidro, la Cañada, las
Golondrinas, las Arenas y la de las Manzanas.[22]
Consideraciones
finales
Frente a la
degradación ambiental y la desigualdad social y de género se han desarrollado
diferentes propuestas teóricas y políticas que apuntan, en general, a reconocer
que estos problemas conllevan intereses económicos de orden mundial. En este
proceso de globalización es inevitable la conexión entre economía y medio
ambiente, al tiempo que la degradación de los ecosistemas se vincula con los
grandes problemas socioculturales como la pobreza, el hambre, la migración, la
producción de energía, los asentamientos urbanos, la violencia, la inseguridad
social, la violación de los derechos humanos y las desigualdades entre los
géneros, las razas, las etnias, las clases, las regiones y las generaciones.
Pero el mayor
reto de confrontar la economía política con la ecología es entender en qué
nivel de la construcción de los problemas se definen las demandas sociales, en
las que una vez difundidas como prácticas discursivas, se legitima la necesidad
de intervenir institucionalmente para atenderlas y darles solución. Dónde y
cómo se diseñan las políticas y programas, qué mecanismos externos e internos
se desarrollan para que se instrumenten y ejecuten, cómo funcionan y cuáles son
las respuestas que se generan entre las instituciones y las poblaciones
objetivos de estos programas, son preguntas que se pueden responder a través de
las etnografías institucionales, tal es el propósito de este trabajo. Es decir,
logramos observar cómo se incluyeron el concepto de capital social y la
perspectiva de género en el diseño de las políticas ambientales forestales del
gobierno de Vicente Fox; asimismo, analizamos que la ejecución de éstas tuvo
serias limitantes en contextos locales de la región mazahua, lo que generó
resultados imprevistos del objetivo inicial, sobre la idea de que a mayor
capital social femenino más éxito en la inclusión de las mujeres al desarrollo
sostenible y, por tanto, una mejora sustancial en las condiciones de vida de
éstas, su familia y las comunidades.
En los discursos
oficiales se reconoce que las mujeres campesinas-indígenas son las más
afectadas por la crisis del campo mexicano y por la degradación ambiental
(Vázquez, 1999). A pesar de ello, las políticas ambientales, forestales y de
equidad de género responden principalmente a los grandes acuerdos y compromisos
firmados en convenciones internacionales. En este contexto, el Estado mexicano
se esfuerza institucionalmente para dar salida a dichos compromisos, pero aún
no hay una presencia de mujeres en los programas, ni como actoras sociales ni
como promotoras de cambio. En efecto, pese a la preocupación de la Semarnat,
expresada a través de sus funcionarias en el sentido de que “no puede darse un
desarrollo sostenible sin la participación de hombres y mujeres, con igualdad
de oportunidades en su relación con los recursos naturales”, observamos que no
es suficiente que algunas mujeres con conciencia feminista estén en puestos
clave en la toma de decisiones para instrumentar políticas ambientales con
perspectiva de género. Falta mucho para entender que mientras las estructuras
políticas y las actitudes culturales no adopten una perspectiva de género
equitativa en políticas ambientales, seguiremos bajo controles sociales de orden
patriarcal.
Es posible
señalar que cuando las demandas sociales se formulan en ámbitos internacionales
y los Estados-nación las adoptan como una práctica de buena voluntad para
mejorar las condiciones de las mujeres, en general lo que pretenden es traducir,
maquillar y adecuar las demandas reales para que concilien con las acciones
implícitas del desarrollo, organizadas de arriba hacia abajo y de afuera hacia
adentro. Estas ideas fueron abordadas en la etnografía institucional del
Progemas en las comunidades mazahuas del Estado de México. Así, encontramos que
en el diseño e instrumentación de la política ambiental-forestal, las mujeres
pobres e indígenas fueron utilizadas políticamente para acceder a los recursos
financieros de las agencias internacionales de desarrollo, pues en la ejecución
de los programas, ellas prácticamente no aparecen como sujetos sociales.
De acuerdo con
lo anterior, la comunidad de La Mesa no responde al diseño de las políticas
ambientales porque no cuenta con capital social femenino, como lo requiere la
misma política, y tampoco es de interés o prioridad ambiental nacional o
internacional debido a que se ubica en el Área Natural Protegida de la Mariposa
Monarca, donde se ejecutan proyectos forestales, ecoturísticos y de conservación
del santuario con perspectiva de género, pero sólo con el afán de conseguir
financiamientos. Sin embargo, dadas las construcciones sociales sobre
relaciones de género, las mujeres mazahuas de La Mesa no tienen acceso a los
recursos naturales ni a los proyectos y tampoco a los beneficios de éstos. En
cambio la comunidad de Tapaxco cuenta con un elevado capital social femenino,
con el que las mujeres participan activa y socialmente en diversos proyectos
colectivos en provecho de su comunidad y de sus familias, pero no existe un
interés explícito institucional por emplear este capital para llevar a cabo
proyectos forestales que generen beneficios materiales directos a ellas y sus
familias, con excepción de las pocas áreas donde se llevan a cabo trabajos de reforestación
como parte de las campañas nacionales. Por otro lado, cuando el capital social
femenino incomoda a las instituciones gubernamentales, como en el caso del emmz, lo marginan o recibe un trato
especial con el fin de incorporarlo a los mecanismos de control social donde
cambie de tono político, de rebelión o conflicto, a programa exitoso.
No queda claro
cómo la incorporación de capital social y género en las políticas
ambientales-forestales puede convertirse en mecanismos de control sobre los
recursos naturales considerados de seguridad nacional (como el agua y las áreas
forestales), sobre todo cuando éstos se encuentran en territorios estratégicos
para el desarrollo económico del país. Sin embargo, es posible formular nuevas
hipótesis de trabajo si se considera, por ejemplo, el especial interés de los
programas gubernamentales por promover proyectos productivos y ambientales
(incluidos los forestales) sólo con grupos organizados que capitalicen su
participación social en un bien público. Interés que puede tener un trasfondo
político y de control social que sólo se muestra en el éxito de sus programas y
proyectos a través de indicadores económicos y de número de beneficiados.
Se puede abordar
otra hipótesis desde la economía política feminista, pues como se observó en
este estudio, el trabajo de las mujeres es subestimado junto con los recursos
naturales. Puesto que el trabajo doméstico que realizan las mujeres y los
campesinos para subsistir, el bienestar, la paz y el equilibrio del medio
ambiente no son actividades que se relacionan con la producción y el mercado,
carecen de valor y por tanto no se les da la importancia trascendente que
tienen en la economía política. Si bien la conservación del medio ambiente
requiere la participación completa de los miembros de las comunidades, hombres
y mujeres, necesitamos aprender a interpretar las verdaderas demandas sociales
relacionadas con la naturaleza y la subsistencia misma, las cuales son muy
diferentes a los valores que impone el mercado, hasta el punto que pueden
llegar a estar en conflicto, pero no por ello dejan de ser reales ni menos
importantes.
Finalmente, otra
línea de trabajo es sin duda la necesidad de reconceptualizar las nociones de
desarrollo rural sostenible, capital social e, incluso, igualdad de género. Ya
que, por ejemplo, el capital social femenino como recurso institucional aparece
sólo cuando los hombres están ausentes, entonces cabe preguntarnos, ¿este
capital no existe cuando los hombres desarrollan actividades económicas en la
comunidad? Tal vez una mayor comprensión de los conceptos y realidades
complejas en los diferentes niveles de gobierno pueden llegar a promover la
creatividad institucional para atender las demandas sociales reales, sin
generar diferencias y desigualdades sociales.
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Recibido:
1 de junio de 2006.
Reenviado:
08 de noviembre de 2006.
Reenviado:
12 de diciembre de 2006.
Aceptado:
13 de diciembre de 2006.
Silvana Lara Aldave. Es maestra en ciencias agropecuarias y recursos
naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente está
adscrita al Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias de la mencionada
universidad. Sus líneas de investigación son: género y medio ambiente.
Ivonne
Vizcarra Bordi.
Es doctora en antropología social por la Universidad Laval, Québec, Canadá.
Está adscrita al Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Autónoma del Estado de México; es presidenta de la Asociación
Mexicana de Estudios Rurales a. c.
Sus líneas de investigación se centran en: género, migración, governance, etnografía institucional,
seguridad alimentaría y desarrollo rural. Entre sus publicaciones destacan:
“The ‘Authentic’ Taco and Peasant Women: Nostalgic Consumption in the Era of
Globalization”, Culture & Agriculture Fall, 28(2), pp. 97-107 (2006),
en coautoría con Felipe González Ortiz,
Mujeres indígenas del Estado de México. Vidas conducidas desde sus
instituciones sociales, México,
El Colegio Mexiquense, a.c.-Universidad
Autónoma del Estado de México, 247 pp. (2006); en coautoría con
Nadia Marín
Guadarrama, “Las niñas a la casa y los niños a la milpa: la construcción social
de la infancia mazahua”, Convergencia, año 13, 40,
Universidad Autónoma del Estado de México, México, pp. 39-68 (2006).
[1] Este
trabajo es resultado del proyecto de investigación “Estudio de las políticas
foxistas en materia de seguridad alimentaria en comunidades mazahuas, desde una
perspectiva de género, fase i”,
financiado por el Conacyt mexicano, clave 36080.
[2] En
este trabajo no profundizaremos en el debate conceptual de desarrollo
sostenible y sus implicaciones en países, regiones, comunidades e individuos.
Simplemente nos referiremos a él en términos de práctica discursiva difundida
por las agencias de desarrollo, en conferencias mundiales y en políticas
ambientales internacionales, nacionales y estatales. Al igual que no se hace
diferencia entre los términos sostenible y sostenible en estos discursos, aquí
se respetan sus usos políticos y discursivos.
[3] Esta
ley, publicada en el Diario
Oficial de la federación el 25 de febrero de 2003 y
puesta en práctica el 26 de mayo del mismo año, sustituye a la de 1992 con el
fin de crear un nuevo modelo forestal que dé opciones de desarrollo sostenible
y responda a las debilidades institucionales que no han podido resolver
situaciones de emergencia, como la pobreza y la marginación en que viven más de
12 millones de mexicanos que habitan regiones forestales (Semarnat, 2003).
[4] Se
entiende por recurso forestal “la vegetación forestal, natural, artificial o
inducida, sus productos y residuos, así como los suelos de los terrenos
forestales o de aptitud preferentemente forestal”. Como manejo forestal se
entiende el “conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto el
cultivo, protección, conservación, restauración o aprovechamiento de los
recursos forestales, de tal manera que se respete la integridad funcional y las
capacidades de carga de los ecosistemas a los que se integran” (fao, 1997: 1-2).
[5] Apoyadas
en la idea de que el desarrollo sostenible es una extensión del paradigma del
desarrollo. Esta idea propuesta por Escobar (1995) se refiere a una nueva etapa
de desarrollo que pone a disposición del poder nuevas clientelas, haciéndolas
visibles y responsables, al incluirlas en programas de desarrollo sostenible.
Estas clientelas son: la naturaleza en su dimensión ecológica (protección y
conservación de los recursos naturales), el saber local de las comunidades
indígenas, las mujeres y los campesinos.
[6] El
Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf,
por sus siglas en inglés) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza (fmcn) apoyan el anpmm a través del Fondo para la
Conservación de la Mariposa Monarca (fm)
mediante un esquema de incentivos económicos para propietarios de tierras en la
zona núcleo de la reserva que conserven sus bosques. Entre 2001 y 2004 el fm reunió 6.5 millones de dólares (cinco
millones de una fundación estadounidense, un millón del gobierno mexicano y 250
mil dólares de cada uno de los estados de México y Michoacán) con los cuales ha
apoyado, con aproximadamente un millón de dólares, a 31 ejidos, comunidades
indígenas y pequeñas propiedades para fomentar la conservación en 9,089
hectáreas de la zona núcleo de la reserva (wwf
México Bosques fondos extranjeros disponible en línea: http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/FM_Rep_Monitoreo_Forestal.pdf
(recuperado en 12/05/2005).
[7] Este
programa se institucionalizó durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo
(1994-2000) y tuvo como antecedente la Comisión Nacional de la Mujer
(Conmujer), organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación en el
mismo periodo.
[8] Desarrollado
por el primer Instituto Nacional de las Mujeres en México (Inmujer 2001-2006).
[9] El
programa pretendía ser uno de los pilares de la nueva política ambiental
mexicana tal y como se contempló en el Programa Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2001-2006. Para ampliar la información sobre las mujeres
mexicanas en los movimientos ambientalistas, véase Aranda (2005).
[10] Como
la Coordinación Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ahora Comisión,
Conanp), la Conafor y la Comisión Nacional del Agua (cna).
[11] Los
comités están integrados por un representante y un titular de cada una de las
cinco regiones nacionales (noroeste, noreste, centro-occidente, centro y
sureste), además de representantes de delegaciones federales y estatales y de
las áreas sustantivas centrales.
[12] Entrevista
realizada en abril de 2004 al director de Restauración Forestal de Probosque,
Secretaría de Ecología del Estado de México.
[13] Entrevista
con el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Ecología del Estado de
México, en junio de 2004.
[14] Como
en los casos de proyectos para Proteger y Conservar la Mariposa Monarca, el
programa del Mar de Cortés y el Corredor Biológico de Mesoamérica.
[15] Entrevista
con Dalia (técnica de reforestación de la Conafor, realizada en agosto de
2004).
[16] Según
datos del Plan de Desarrollo Municipal (2003-2006), en el año 2000 el municipio
estaba conformado por 74,874 habitantes, de los cuales alrededor de 70% es de
origen mazahua.
[17] Entrevista
con el comisariado ejidal, en junio de 2003.
[18] Entrevista
en junio del 2003 con el segundo regidor de la Comisión de Ecología y
ejidatario de La Mesa.
[19] Entrevista
a la señora Lorenza, de 75 años, junio de 2003.
[20] Entrevista
con don Federico, 62 años, junio de 2003.
[21] Los
datos se obtuvieron directamente de la entrevista sostenida con el encargado de
asuntos agrarios del municipio en 2004.
[22] Joaquín,
48 años, entrevistado en mayo de 2003.