Las empresas y su responsabilidad en el campo social

 

Myriam Cardozo Brum*

 

Abstract

 

A couple of decades ago, it was expected that social problems were solved through services offered almost exclusively by the government. Later on, with the application of the neoliberal approach and its criticism to the State inefficiency, the government participation was reduced while the role of civil organisations was increased. In this way, the social field became dependent on these two factors. However, would it not be necessary that a third factor takes the correspondent responsibility in social matters? In this paper, we will briefly revise the changes that social policies have undergone in the last decades, as well as some of the new concepts that they have created (human capital, social capital, business social responsibility). We will also show the need that the enterprises contribute to avoid and solve social problems by analysing the experiences in other countries as well as the Mexican scenario and present some preliminary conclusions.

 

Keywords: social policy, enterprise social responsibility, civic organisations.

 

Resumen

 

Hace un par de décadas, aún se esperaba que los problemas sociales fueran resueltos a través de una oferta de servicios casi exclusivamente gubernamental. Posteriormente, con la aplicación del enfoque neoliberal y su crítica a la ineficiencia estatal, dicha participación se redujo, al tiempo que se incrementaba el papel de las organizaciones civiles. El campo social pasó así a depender de la gestión de estos dos actores. Sin embargo, ¿no será necesario que un tercer actor asuma la responsabilidad que le corresponde en materia social? En el presente trabajo se revisarán brevemente los cambios sufridos por las políticas sociales en las últimas décadas y los nuevos conceptos que se han ido generando (capital humano, capital social, responsabilidad social empresarial). Se argumentará en torno a la necesidad de que también las empresas contribuyan a evitar y resolver problemas sociales, se revisarán las experiencias que se han desarrollado en otros países, se analizará la situación en el caso mexicano y se presentarán algunas conclusiones preliminares.

 

Palabras clave: política social, responsabilidad social empresarial, organizaciones civiles.

 

 

* Universidad Autónoma Metroplitana, Xochimilco. Correo-e: mcardozo@cueyatl. uam.mx

 

 

1. Problemas sociales y políticas gubernamentales: del Estado de bienestar al Estado neoliberal

 

En este trabajo el campo social se entiende como el espacio donde se manifiestan los problemas que padece la sociedad civil en relación con sus condiciones de vida y donde se aplican políticas que pretenden resolverlos. Los problemas sociales que las políticas han debido enfrentar desde los tiempos del Estado de bienestar incluyen: desempleo, subempleo, bajos salarios, analfabetismo o escasa escolaridad, insuficiente capacitación para el trabajo, hacinamiento en viviendas, carencia de servicios básicos como agua potable, drenaje o energía eléctrica, enfermedades y muertes evitables, inseguridad ciudadana, etcétera.

El Estado de bienestar, modelo impulsado fundamentalmente en los países más desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial y replicado parcialmente en América Latina, asumió como sus funciones la ampliación de los derechos sociales, la procuración de condiciones aceptables de vida para el conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que garantizó las condiciones para el crecimiento del capital. La primera función permitió, ante la presión obrera y sindical, la realización de importantes avances en la seguridad social: pensiones de retiro, seguros contra accidentes, enfermedades y discapacidades vinculadas al trabajo, protección contra el desempleo y atención a la salud. El segundo aspecto implicaba superar la situación de igualdad formal ante la ley y transformarla en una igualdad real, en términos de las condiciones sustantivas de vida. Para lograr su objetivo, el Estado amplió su campo de acción y creó nuevas instituciones, transformando a la acción gubernamental en el eje del modelo.

En los años setenta y ochenta, el modelo descrito entró en crisis por diversos motivos (disminución del ritmo de expansión industrial, crisis del petróleo, desequilibrio en balanzas comerciales, desempleo, etcétera), fundamentalmente lo que O’Connors (1981) denominó crisis fiscal del Estado debido a la insuficiencia de ingresos para solventar los gastos sociales; mientras Habermas (1986) se refería a la contradicción entre la acumulación y la legitimación. Esto llevó a identificar como origen de la crisis a la excesiva intervención del gobierno en la economía y, como solución al problema, la reducción del tamaño del Estado en beneficio de la actividad privada y el mecanismo de mercado, como nueva centralidad.

Con el advenimiento del Estado neoliberal, los problemas sociales de América Latina han continuado creciendo: aumentó el número de habitantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema (253 millones de personas que constituían 50% de la población en 1990, frente a 38% que existía en 1980, aplicando el mismo método de medición), éstas se concentran en el medio rural y en grupos particularmente vulnerables como niños (60%), mujeres, indígenas, ancianos y discapacitados. La pobreza se refuerza con situaciones de desigualdad, marginación y exclusión (Kliksberg, 1997).

Para el caso mexicano, la pobreza ascendió a 57 millones de personas (58.76% de la población) y la pobreza extrema a 10,473 mil (10.72%), según datos de inegi (2001), y podría aumentar a 75 y 54 millones respectivamente, según los cálculos realizados por Boltvinik y Hernández (1999), lo que implicaría 19 millones más de personas pobres que en 1990.

Si bien las políticas sociales han pretendido mejorar el nivel de vida de las personas, han ido cambiando al ritmo que lo hacen también nuestros Estados y sus características. Así, en tiempos del Estado de bienestar, constituían mecanismos de redistribución de recursos que trataban de compensar las desigualdades sociales, guiadas por el criterio de equidad, al margen de los mecanismos de mercado, ofertando bienes y servicios en materia de salud, educación, vivienda, alimentación, transporte, entre otros, disponibles en forma gratuita o a precios subsidiados, que permitían un acceso universal (al menos en el discurso) a todos los habitantes del país que los requirieran.

La globalización en marcha, cuya compleja combinación de cambios económicos y culturales, conflictos políticos e institucionales no suele definirse rigurosamente, y que “alude a un despliegue planetario pero desigual de nuevas relaciones productivas y sociales, determinadas por grandes cambios en la ciencia y la tecnología” y aporta “estructuras de oportunidad” que se concretan desigualmente en el tiempo y el espacio (Cordera, 2000, 16-18), no han contribuido a disminuir la pobreza y la desigualdad, como planteaba su discurso.

Contreras (2000) encuentra las razones de esta situación en la reducción de las posibilidades de maniobra de los gobiernos, el descrédito político en que caen el corporativismo obrero y los partidos políticos para garantizar un nivel de vida digno, las escasas posibilidades de hacer viables y competitivas a las pequeñas y medianas empresas –que son las que emplean personal asalariado en forma más intensiva–, las restricciones impuestas por la globalización al funcionamiento de las instituciones financieras y fiscales y, en general, el mayor beneficio que este mecanismo económico ofrece a los países de industrialización original.

Ante esta realidad, parece evidente la necesidad de reorientar las políticas y programas referidos a los problemas sociales a través de nuevas formas de gestión pública y social (Penso y Conde, en prensa). Entre ellas, parece urgente que las empresas asuman su responsabilidad ante la sociedad, evitando provocar daños a la misma y contribuyendo a resolver sus problemas, en lugar de permanecer ajenas a las condiciones de vida de las sociedades en que se desarrollan.

 

2. Capital social y responsabilidad empresarial

 

Entre las recientes innovadoras propuestas para desarrollar programas sociales en un contexto de recursos especialmente limitados, aparecen las teorías vinculadas al capital humano y al capital social.

El primero se refiere a los conocimientos, capacidades y habilidades que facultan para actuar en el mercado, desarrollando una actividad económica. Se preocupa fundamentalmente por los niveles de educación, capacitación, salud, alimentación y todo lo que permita mejorar la productividad del trabajo y las oportunidades de empleo (enfoque propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ampliamente difundido por el Banco Mundial).

Por su parte, la idea de capital social fue ampliamente desarrollado por Putnam (1994), quien lo define como el conjunto de normas, reglas y valores éticos y sociales que permiten la interrelación y colaboración entre individuos y grupos. Se trata de un concepto ampliamente utilizado por los teóricos de la Economía del Desarrollo de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). Así, la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del bid, argumenta lo siguiente:

La movilización del capital social de los países podría aportar sobremanera a dichas políticas [sociales]. Políticas sociales eficientes y bien gerenciadas, con una sociedad civil movilizada participando en ellas, sería una combinación poderosa para afrontar los agudos desafíos actuales. Entre las principales dimensiones del capital social se hallan la responsabilidad social de la empresa privada, la acción sindical y las organizaciones basadas en trabajo voluntario (bid, 2003)

 

Si bien el énfasis anterior es puesto en el último tipo de organizaciones citado, existe un espacio importante para la responsabilidad social empresarial (rse) –tema central de este artículo– en el marco del desarrollo de capital humano y social. La empresa es considerada, casi unánimemente, una entidad en la que se realizan actividades que utilizan todo tipo de recursos (materiales, humanos, financieros, tecnológicos y de información) para el logro de sus objetivos. Los desacuerdos comienzan cuando se trata de precisar cuáles son dichos objetivos, apareciendo por lo menos cuatro variantes:

 

1. Las que consideran que el único objetivo es la obtención de lucro, por lo que los gerentes responden de sus resultados exclusivamente ante los propietarios de su capital y rechazan toda posibilidad de asumir responsabilidades sociales. Esta posición ha sido enfáticamente defendida en declaraciones como la siguiente:

Pocas tendencias podrían minar de una forma tan completa los mismos fundamentos de nuestra sociedad libre como el hecho de que los responsables de la empresa acepten una responsabilidad social, en vez de intentar obtener los mayores beneficios posibles para sus accionistas (Friedman, 1966: 133).

 

2. Aquellas en que se acepta que el objetivo fundamental es lucrativo, pero se identifica también una misión empresarial en el ámbito socioeconómico, fruto de la coalición de intereses entre los grupos con objetivos diferentes que la componen. Esta posición la encontramos en textos como el siguiente:

Una empresa en sí es la conjugación de recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos que persiguiendo preponderantemente con sus actividades un lucro, cumple también con una función social (da satisfactores a la comunidad) y económica (crea fuentes de trabajo y genera utilidades), dentro del ámbito en que se desenvuelve (Elizondo, citado en Paz, 1993: 113).

 

Ambos tipos de objetivos han sido difíciles de conciliar a todo lo largo del desarrollo administrativo, desde las teorías de Taylor hasta las que en la actualidad pregonan la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. En la práctica, dicho desacuerdo ha llevado a priorizar el objetivo de lucro sobre los restantes, lo que no significa que la responsabilidad de las empresas se agote en la producción de bienes y servicios útiles a la comunidad.

3. Las que reconocen abiertamente su responsabilidad ante la sociedad por los problemas generados por su actividad, fundamentalmente en materia de accidentes y enfermedades provocadas por las condiciones internas de trabajo y en problemas ambientales que afectan a las personas que habitan en su entorno. Este nivel de responsabilidad es planteado como:

la actitud de la empresa ante las demandas sociales planteadas por la sociedad como consecuencia de sus actividades, a la evaluación y compensación de los costes sociales que la misma genera (Cuervo, s.f.: 322).

 

4. Las que asumen una responsabilidad social amplia que va más allá de los problemas provocados por ellas, contribuyendo al bienestar de toda la población con el financiamiento de actividades culturales, deportivas, educativas, de salud, etcétera, o bien con programas dirigidos a grupos con problemas específicos. Nuevamente, para Cuervo, implica:

la ampliación del campo de sus objetivos definiendo el rol social a desarrollar, para conseguir con todo ello legitimidad y responsabilidad ante los diversos grupos humanos que la integran y ante la sociedad en su conjunto (Cuervo, s.f.: 322).

 

Por su definición de objetivos, las empresas ubicadas en el segundo grupo ya no responden en forma exclusiva ante los propietarios de su capital, sino que se acercan más a autoconcebirse como una coalición de intereses entre los diferentes grupos que la componen, versión desarrollada en los trabajos de Cyert y March (1965) y retomada por los enfoques institucionalista y neoinstitucionalista (Williamson, 1986; North, 1990), que buscan maximizar el interés de cada uno de los participantes. Responden, entonces, ante el conjunto de accionistas, pero también ante proveedores, consumidores, empleados, acreedores y cualquier otro grupo directamente vinculado a la actividad de la empresa.

En el tercer grupo, la ampliación de su responsabilidad hace a las empresas responder ante todo individuo, interno o externo a la organización, que resulte lesionado por ella.

En el último grupo se reconoce la necesidad de que la empresa contribuya a mejorar la calidad de vida de cualquier conjunto de ciudadanos que lo requiera, como forma de retribuir a la sociedad que permite el desarrollo de la actividad empresarial.

Las tres últimas posibilidades, que articulan algún tipo de objetivo social con la finalidad indiscutida de la persecución del lucro, nos llevan a reconocer distintos grados dentro del concepto general de responsabilidad social, que alude al conjunto de acciones que las empresas realizan para mejorar las condiciones de vida, más allá de aquellas estrictamente obligatorias por ley. Sus acciones deben realizarse con pleno respeto a la dignidad de sus destinatarios, desechando actitudes paternalistas.

Esta situación implica una nueva posición ética en la que todos los grupos que participan en la actividad económica reconozcan que la creación de riqueza es el medio para lograr el nivel y calidad de vida de la comunidad, por lo que se requiere de una repartición justa de los beneficios obtenidos. Para Vidal (2002), el objetivo de la rse es lograr un desarrollo social sostenible en las dimensiones medioambientales, sociales y económicas.

Navas y Guerras (1998:101) clasifican por áreas las responsabilidades a cubrir en materia social:

·       Económico-funcional: producción de bienes y servicios que la comunidad necesita, creación de empleos, capacitación, seguridad e higiene en el trabajo;

·       Calidad de vida: relaciones con los trabajadores, clientes o proveedores, preservación del medio ambiente o nivel general de vida;

·       Inversión social: resolución de problemas de la comunidad con recursos de la empresa en materia de educación, cultura, deporte, arte, etcétera.

 

Los grupos humanos favorecidos en materia de rse pueden ser, entonces, tanto internos (trabajadores, gerentes, accionistas) como externos a la misma (clientes, consumidores, proveedores, financiadores, gobiernos, comunidades).

Muchos autores están proponiendo, en forma complementaria, la implantación de auditorías sociales que, si bien no podrían aplicar sanciones por falta de un fundamento legal integral (sólo suele existir en ámbitos específicos como relaciones laborales o impacto ambiental), garantizarían un compromiso social de información y evaluación de los esfuerzos realizados por las empresas en materia de impacto social.

Por último, el tratamiento de nuestro tema suele considerarse parte de la ética de la empresa, ya que las razones que la mueven a actuar en el campo social responden a valores diferentes:

·       De carácter altruista, vinculada a la convicción de contribuir a una distribución de la riqueza más equitativa y al logro de un nivel digno de vida para todas las comunidades (valor de tipo final);

·       Basadas en un cálculo egoísta, realizado a partir de la comprensión de que la actividad empresarial no puede alcanzar los deseados beneficios económicos si no actúa en el contexto de sociedades satisfechas con su nivel de vida, capaces de adquirir sus productos y servicios, y que garanticen la paz social que el desarrollo de sus actividades requiere. Se trata de un valor netamente instrumental que puede llevar a fundamentar la realización de acciones sociales a través de una doble moral (un discurso solidario, como el desarrollado ampliamente por empresas brasileñas, y una conducta ‘social’ que sigue buscando, como su fin último, la obtención de mayor competitividad y ganancia).

 

Esta propuesta de inclusión de la responsabilidad social como parte de la misión de las empresas –en que asumo los conceptos propuestos por Cuervo (s.f.) y las áreas específicas señaladas por Navas y Guerras (1998)– podría parecer un mero asunto teórico a discutir si no se hubieran desarrollado experiencias concretas que la asumen y muestran que es posible ser rentable al mismo tiempo que socialmente responsable.

 

3. Experiencias en otros contextos nacionales

 

Si bien no podemos decir que la práctica de la rse esté generalizada en el mundo empresarial de otros países, ni aun que se trate de un movimiento mayoritario, sí podemos encontrar múltiples experiencias de las cuales aprender para ayudar a provocar un cambio en la actitud de nuestras empresas.

La Europa de los años ochenta, en proceso de integración en la Comunidad Económica Europea, ya estaba muy avanzada en el sentido de que la empresa asumiera su responsabilidad social como prerrequisito para lograr la estabilidad económica. Destacan los trabajos realizados en Francia y España. En Francia, el ala progresista de los patrones planteaba ya, en 1972, en el manifiesto de su asociación Empresa y Progreso, la siguiente expresión que simboliza esta toma de conciencia pionera en materia de responsabilidad social empresarial:

Habrá que evitar que los beneficios, ese medio y criterio de gestión, se conviertan en la única finalidad de la empresa, pues la función de ésta es, en definitiva, de orden social (Servan-Schreiber, 1973: 165).

 

En 1977, Francia promulgó la Ley 769 y los ocho decretos complementarios que implantan, por primera vez, un modelo de Balance Social anual obligatorio, a partir de 1982, para todas las empresas y establecimientos con más de 300 empleados. El mismo responde en buena medida a las exigencias sindicales, por lo que pone el énfasis en siete capítulos: empleo, remuneraciones y cargas suplementarias, condiciones de higiene y seguridad, otras condiciones de trabajo, capacitación, relaciones profesionales y otras condiciones relevantes de la vida de la empresa. Las condiciones de trabajo en las fábricas constituye la preocupación social central de los europeos.

El movimiento fue fuertemente impulsado por Jacques Delors y el Partido Socialista Francés. Ante los cambios políticos y la resistencia de muchos, en los años siguientes, el Balance Social volvería a adquirir su carácter voluntario en ese país. Actualmente en Francia se ha retomado la obligación de informar en materia de realizaciones sociales, en su actual Ley de Normatividad Económica, Artículo 64. También destacan importantes trabajos universitarios con esta idea de desarrollar un enfoque socioeconómico de las empresas y demás organizaciones.

Con la misma característica voluntaria planteada para el caso francés, el empleo del Balance Social se expandió notablemente en España. Para 1980, su introducción había permeado un gran número de organizaciones entre las que su experiencia fue sistematizada en casos como: Líneas Aéreas de Iberia, Banco de Bilbao, Metalúrgica Santa Ana, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, así como diversas empresas públicas.

Lamentablemente, su carácter continúa siendo voluntario y las empresas eligen los indicadores a incluir, con lo que no siempre satisfacen a todos los actores interesados e impiden la posibilidad de hacer estudios comparativos. Recientemente (10 de mayo de 2002), el Grupo Parlamentario Socialista presentó la propuesta de ley denominada Responsabilidad Social de las Empresas (Boletín Oficial del Congreso de Diputados), con la que esta situación podría mejorar.

También Alemania ha hecho avances importantes en el tema, resaltando la importancia de la inversión en investigación y desarrollo para la generación de nuevas tecnologías no contaminantes.

Gran Bretaña dispone, entre otras muchas, con una publicación clásica en la materia: Los costos sociales de la empresa privada, de K. W. Kapp (1966). Actualmente cuenta con un Instituto de Contabilidad Ética y Social que promueve la responsabilidad social entre la comunidad empresarial. En 1984 dio inicio al desarrollo de Fondos Socialmente Responsables, que posteriormente fueron imitados por Francia, los Países Bajos y España. También desarrolla estándares de Contabilidad y Auditoría en la materia, presenta buenas prácticas de responsabilidad social y ética en las empresas, y acaba de crear su Ministerio de Responsabilidad Social Empresarial

Suecia ha tenido la iniciativa de identificar con etiquetas visibles el trabajo de aquellas empresas que colaboran en términos sociales.

Vidal (2002: 3) resume la situación en Europa y la Unión Europea, al afirmar que: “están en condiciones de realizar un paso hacia la implementación de la responsabilidad social corporativa y el partenariado entre el sector público y el sector privado, lucrativo y no lucrativo”.

Sin pretender ser exhaustivos en esta revisión diremos que, en el ámbito europeo, este discurso ha aumentado su presencia a partir de los noventa, especialmente en los países nórdicos y anglosajones, aunque también hay países de Europa Oriental involucrados en este movimiento. Un ejemplo lo constituye Polonia, que presenta su correspondiente página web en Internet.

Finalmente, hay que resaltar que el tema tiene alta prioridad en la agenda de la Unión Europea (ue), donde recién se editó (julio de 2001) un libro verde denominado Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (Unión Europea, 2001) que recomienda a las empresas realizar un balance global que incorpore aspectos ambientales, sociales y económicos. En la práctica, parece que las empresas más exitosas se estarían resistiendo a realizar dicho balance, procediendo a lo sumo a informar, como parte de sus memorias, las actividades filantrópicas desarrolladas. Además, han presionado a la ue para que el tema de la rse se mantenga en términos de recomendaciones y acciones voluntarias. Para la realización de éstas en forma amplia, se perciben incentivos insuficientes; sin embargo, el gobierno danés –que también tiene buenas prácticas en la materia– ha anunciado su intención de destinar recursos y energías en divulgar los conceptos de rse y complementariedad entre sector publico y privado, durante su presidencia de la ue. (Vidal, 2002).

También encontramos preocupaciones vinculadas a la responsabilidad social en Japón, país que ha impulsado mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados, quienes participan en los procesos decisorios empresariales, impulsados paralelamente con miras al desarrollo del enfoque de calidad total.

Si bien este enfoque, desarrollado por autores como Deming, Juran e Ishikawa en Japón, y retomados posteriormente en Estados Unidos de Norteamérica por especialistas como Crosby, se ha dirigido fundamentalmente a la satisfacción del cliente mediante el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales; para lograrlo ha puesto también mucha atención en los aspectos humanos que permiten un adecuado trabajo en equipo (círculos de calidad) y motivan a la participación en procesos de superación indefinida del logro de metas.

Entre los catorce puntos señalados por Deming (1994) para lograr la calidad, figuran algunos de nuestro particular interés que se relacionan con las condiciones internas de trabajo en la empresa, como instituir la capacitación en el trabajo y el liderazgo de apoyo y orientación al trabajador, erradicar el miedo, facilitar que el trabajador se sienta orgulloso de su labor o instituir un programa de educación y automejora.

La cultura organizacional propiciada por el enfoque requiere de un importante esfuerzo en la educación de los trabajadores que permite el involucramiento de todos en los procesos decisorios, con base en valores de respeto al ser humano. Su famoso concepto “kaizen” implica un mejoramiento en todos los aspectos de la vida, incluido el bienestar general de los trabajadores.

No obstante, hay que reconocer que los esfuerzos japoneses son un poco tangenciales, no están planteados en forma expresa como rse ni incluyen aspectos vinculados al medio ambiente o las condiciones de vida de la comunidad. Además, las características de sus sindicatos y el tipo de relaciones que establecen con las empresas suelen contradecir, en la práctica, la filosofía expresada en sus propuestas teóricas.

En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, destaca su inmensa cantidad de producción bibliográfica. Servan-Schreiber opinaba, al momento de escribir su libro, que el movimiento en favor de la responsabilidad social de las empresas estaba más desarrollado en Estados Unidos de Norteamérica que en Europa. Sin embargo, reconocía que “las auténticas innovaciones son aún poco numerosas y experimentales” (Servan-Schreiber, 1973: 172), haciendo referencia a acciones que no fueran obligatorias por ley. Consideraba que generalmente, sus iniciativas de responsabilidad social no eran totalmente altruistas, sino que se hacían con el objetivo de evitar graves problemas futuros a la empresa, razón por la que tituló su libro: La empresa con rostro humano.

Entre los trabajos recientes más destacados figuran dos libros encabezados por Sturdivant (1990a y 1990b) sobre la relación y los desafíos pendientes entre el ámbito de los negocios y la sociedad. Incluye capítulos y casos sobre responsabilidad política, ideológica, ética y comunitaria, capacitación, bienestar de los consumidores, energía y medio ambiente.

Otra aportación importante la constituye el libro de Fishman y Cherniss (1990), que introduce el tema preguntándose si es posible que una empresa persiga al mismo tiempo ganancias y se preocupe por la gente, poniendo el énfasis en el bienestar de los trabajadores.

Las preocupaciones centrales de Estados Unidos de Norteamérica en materia social han girado alrededor de los problemas ambientales y las condiciones de vida de las minorías raciales. En la actualidad, los recientes problemas financieros sucedidos en empresas como enron y worlcom demuestran hasta qué punto las preocupaciones sociales de algunas empresas conviven con otras totalmente faltas de ética, en que muchos trabajadores han perdido sus empleos y los pequeños inversionistas, sus ahorros.

Algunos países latinoamericanos destacan hoy por sus preocupaciones en este campo: Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, entre otros.[1] Puesto que la globalización requiere de la competitividad, y ésta de una productividad en continuo progreso, demuestran que no es posible obtener la última sin una adhesión de los trabajadores a la empresa, lo que se logra cuando alcanzan a satisfacer sus necesidades de bienestar. La situación social es así consecuencia del desarrollo económico y, al mismo tiempo, prerrequisito. Esto que parece entendido en el ámbito macroeconómico, ha llegado muy poco al nivel de la empresa, que constituye su unidad básica. Los resultados macroeconómicos no son más que agregaciones de los microeconómicos, por lo tanto, imposibles de alcanzar si no se empieza desde la empresa.

Es importante resaltar que si bien el tema que nos ocupa nace en todos los países como un asunto voluntario, diversos gobiernos han sido pioneros en su regulación, como es el caso del gobierno francés en torno al Balance Social o el actual gobierno británico, al elevar el tema a rango ministerial.

También múltiples organismos internacionales se han preocupado por aspectos sociales vinculados a la gestión empresarial como las condiciones de trabajo o el medio ambiente: Organización Internacional del Trabajo (oit), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), programas anticontaminantes de la Organización de Estados Americanos (oea), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (onudi), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao).

En trabajos recientes, investigadores (Birdsall et al., 1996 y 1997) de organismos internacionales –como el bid–insisten en que no es posible, en el ámbito macroeconómico, mantener un alto crecimiento sostenido sin una adecuada distribución de la riqueza y las consecuentes condiciones de vida de la población; mientras el Banco Mundial plantea la necesidad de contar con eficientes mecanismos de desarrollo del capital humano, a través de la educación y capacitación para el trabajo.

Recientemente, el bid ha creado la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo que incluye un capítulo sobre rse, y que ha promovido (junto con organizaciones como la oea, el Gobierno de Noruega, el Consejo Económico y Social de España, entre otros) la realización de diversos actos internacionales que abordan el tema en: La Paz (Bolivia), Buenos Aires (Argentina), Tegucigalpa (Honduras), Santiago (Chile), Caracas (Venezuela); así como la Conferencia sobre Responsabilidad Social de la Empresa (Miami, Florida, 22 al 24 de septiembre de 2002). Actualmente, se programa el Encuentro Internacional Movilizando el Capital Social y el Voluntariado en América Latina, a celebrarse en Santiago de Chile (22 y 23 de mayo de 2003).

Así, el libre juego de las fuerzas del mercado, contrario al intervencionismo estatal, nos lleva a postular que las preocupaciones por lo social también deben ser atacadas desde el ámbito de la empresa. De lo contrario, y más allá de posturas éticas sobre el imperativo de contribuir a la solución de problemas sociales, los agentes privados podrían tomar malas decisiones (fallas del mercado) en materia de asignación de recursos, al no tomar en cuenta las externalidades que sus empresas provocan.

Veremos a continuación lo que está ocurriendo en México respecto de esta cuestión que, como vemos, lleva más de veinte años avanzando en otros contextos.

 

4. El caso mexicano

 

Desde principios del siglo xx, el gobierno mexicano aprobó leyes destinadas a proteger los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Posteriormente creó institutos y fondos nacionales para el cuidado de su salud, su seguridad social y para la atención de sus necesidades de vivienda, todo ello en el marco del imperativo constitucional que exige asegurar un nivel de vida laboral decoroso.

En épocas recientes, y dentro de los temas de nuestro interés, destaca la aprobación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (1988), la creación del Centro Nacional de Productividad (cenapro) y el desarrollo de programas de capacitación y seguridad en el trabajo, principalmente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, la eficacia de la aplicación de estas medidas ha sido limitada y muy desigual para los trabajadores del amplio territorio nacional; en cambio, ha servido para simplificar y contribuir a financiar las obligaciones legales de las empresas en materia social, las que se han desarrollado habituadas a la idea de que no tienen otra responsabilidad social más que pagar oportunamente sus aportaciones a los correspondientes fondos o programas.

En los años recientes, con la aplicación del enfoque neoliberal, el gobiernos mexicano ha ido disminuyendo su atención a los programas dirigidos a los trabajadores, que favorecieron el desarrollo empresarial, para focalizar su atención en el combate a la extrema pobreza.

Además, entre las pocas empresas públicas que aún permanecen en el país, el reto es mostrar que pueden actuar de manera tan eficiente y competitiva como la actividad privada o atenerse a la posibilidad de desaparecer o privatizarse. Ante una presión tal, sólo puede percibirse algún programa mínimo tendente a reparar, en parte, los costos sociales generados (por ejemplo, el caso de los programas ecológicos de Petróleos Mexicanos), pero obviamente, la rse tampoco es una preocupación fundamental en este sector.

Así, en la revisión realizada no se encontraron –ni en el ámbito gubernamental, ni en el de las organizaciones empresariales– programas o esfuerzos relevantes hacia la toma de conciencia, la realización de acciones o la evaluación de su impacto en materia de rse (el Balance Social sólo se ha empleado en contados casos). Una excepción la constituye la primera reunión latinoamericana, realizada a fines de 1998, auspiciada por la Fundación del Empresario Chihuahuense, bajo el lema “Compartamos ideas”, en la que se reunieron durante tres días miembros de empresas, gobierno y sociedad civil de Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, Colombia, Perú, El Salvador y México, para discutir cómo solucionar problemas e impulsar el desarrollo social.

En este contexto, el único trabajo relevante y continuo parece ser el que desarrolla el Centro Mexicano para la Filantropía, a.c. (cemefi), que se propone, entre otros objetivos, conocer el comportamiento y las tendencias del sector empresarial en materia de responsabilidad social y facilitar la ejecución de programas socialmente responsables.[2]

Al analizar la lista de empresas asociadas al cemefi, encontramos que la mayor parte de ellas son subsidiarias nacionales de empresas transnacionales y están fuertemente influenciadas por la cultura de responsabilidad social que se ha desarrollado en otras latitudes (Citibank México, Coca Cola de México, Grupo Financiero bbv-Bancomer, Hewlett-Packard de México, Janssen-Cilag, Shell México, etcétera).

En 2001, diecisiete empresas (entre sus asociadas) obtuvieron del cemefi el distintivo como empresas socialmente responsables (esr),[3] cifra que aumentó a veintiocho en 2002, incluyendo trece que lo habían logrado el año anterior.[4] Dicho distintivo no constituye un premio ni una certificación, sólo se otorga por el cumplimiento de un conjunto de requisitos. Las áreas en que dichas empresas han colaborado incluyen: educación, alimentación, ecología, atención a minusválidos, salud y medio ambiente.

Entre las actividades desarrolladas por cemefi corresponde destacar una que comparte con otras organizaciones (Expansión, Confederación de Uniones Sociales de Empresarios de México, a.c., Confederación Patronal de la República Mexicana y Desarrollo Empresarial Mexicano): la preparación, desde el año 2000, de un concurso para reconocer las mejores prácticas de rse, que conjunten éxito en el negocio con impacto positivo en la sociedad en las áreas de calidad de vida en la empresa, medio ambiente, desarrollo comunitario, conducta empresarial y vinculación con la comunidad. Las prácticas reconocidas deben haber sido aplicadas con continuidad y contar con mecanismos de evaluación y seguimiento. Dicho concurso, en el año 2000, estuvo cerrado a las empresas asociadas a cemefi; en cambio, para el 2001, se abrió a la participación de todas las empresas, públicas o privadas, que operaran en México, sin importar su tamaño o sector.

Las empresas ganadoras en la primera versión del reconocimiento, primero en su tipo en América Latina, fueron las siguientes:

·       Janssen-Cilag, por su práctica de “Eliminación de residuos”, tendente a la disminución de desperdicios para preservar el medio ambiente (Área Medio ambiente).

·       Danone México, por su práctica “Construyamos sus sueños”, dirigido a ayudar a niños afectados por cáncer, abandonados, huérfanos, discapacitados o habitantes de zonas indígenas (Área Vinculación con la Comunidad).

·       Cementos Apasco, por la práctica “Centro de capacitación agroforestal”, cuyo objetivo es elevar el nivel y calidad de vida de los poblados aledaños a las plantas de cemento (Área Vinculación con la Comunidad).

·       Servicios Industriales Peñoles, por la práctica “Modelo de desarrollo y promoción comunitaria”, que apoya programas de salud, planificación familiar y conservación del medio ambiente (Área Desarrollo Comunitario).

·       Janssen-Cilag, por la práctica “Empleado apasionado”, que garantiza la calidad de vida del personal mediante el control de sus niveles de satisfacción, desarrollo de capital intelectual, y reducción de los factores de riesgo del trabajo y la salud (Área Calidad de Vida en la Empresa).

 

En cuanto a los procedimientos seguidos por cemefi para el otorgamiento tanto del distintivo de rse como del premio a las Mejores Prácticas, corresponde realizar las siguientes aclaraciones.[5]

 

a.  El diseño de los requisitos para obtener el distintivo inició hace cuatro años. Se realizó teniendo en cuenta la experiencia de los países más avanzados en la materia (Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Chile, entre otros) y con el trabajo de las propias empresas asociadas a cemefi que definieron el concepto, identificaron las áreas relevantes para el contexto mexicano, elaboraron indicadores y estándares para asegurarse de que las empresas que lo recibieran contaran con políticas continuas de esr, integradas a su misión, y no sólo acciones aisladas.

b.  Los indicadores diseñados fueron originalmente 80, pero se han ido eliminando y agregando nuevos según lo demanda la experiencia en su aplicación. En la actualidad llegan a 147, que aunque en principio parece excesivo, nos aclaran que se trata de un cuestionario muy simple, con opciones y rangos predeterminados. Dicho instrumento no es público, a diferencia de lo que realiza su homóloga ethos en Brasil, cuyo cuestionario puede ser consultado en Internet. Los temas más preocupantes son la calidad de vida en la comunidad interna y el medio ambiente; las actividades filantrópicas se consideran de menor peso.

c.  El proceso para solicitar el distintivo incluye las siguientes etapas:

- Entrega de la información requerida por parte de la empresa;

- Visita de los evaluadores a la misma;

- Revisión aleatoria de algunos indicadores;

- Calificación de la información obtenida, y

- Comparación de los resultados de la empresa con el promedio y la líder del grupo (especie de benchmarking social).

d. El cemefi se está enfocando a ofrecer una certificación a corto plazo. Si bien Canadá lleva tres años intentándolo, no lo ha podido concretar. Tampoco cuenta con él ningún país de América Latina, por lo que, para cemefi, constituye un éxito importante estar imponiendo el distintivo en México y avanzar hacia la certificación.

e. Para el otorgamiento del premio a las Mejores Prácticas, los resultados de los indicadores son analizados por un grupo de evaluación y un jurado compuesto por cada una de las empresas participantes y uno o dos integrantes del Grupo Expansión.

f.  Se trata de una iniciativa de cemefi, conjuntamente con otras organizaciones mexicanas ya mencionadas, sin más respaldo que su membresía al Movimiento Hemisférico de Responsabilidad Social, que agrupa a organizaciones de diversos países, en el que comparten sus experiencias. Por otro lado, sólo algunas áreas del gobierno mexicano se han mostrado interesadas y respaldarían moralmente este trabajo.

g. El impacto logrado en el medio empresarial es relativamente importante si se mide por el aumento en el número de empresas y fundaciones participantes (veinte de reciente incorporación en los tres meses previos a la entrevista), no así si lo comparamos con el total de empresas mexicanas; a pesar del interés que habrían manifestado organismos y empresas públicas como Petróleos Mexicanos.

h. El impacto entre los consumidores depende mucho del tipo de empresa. Resulta fácil de identificar en los empaques de supermercados y mensajerías, donde los clientes lo han percibido y han solicitado mayor información. Mucho más difícil resulta en el caso de empresas de servicios donde el distintivo sólo aparece en su papelería, informes, boletines de prensa, páginas de Internet, etcétera.

i. También existen impactos indirectos como las ventajas que logra una empresa con distintivo al participar en licitaciones nacionales o internacionales en que la rse es respetada.

 

Los procedimientos descritos motivan, a su vez, los siguientes comentarios:

a. Contar con el distintivo por parte de una empresa no garantiza el pleno cumplimiento de todos los aspectos de rse, además de que se desconoce la validez y confiabilidad del instrumento aplicado en el proceso de su selección y su grado de imparcialidad. Tampoco significa que las que logran el distintivo sean mejores que otras empresas que no lo solicitaron. En particular, se detectan empresas que, habiendo sido incluso premiadas por buenas prácticas, dejan dudas importantes en materia de seguridad en el trabajo. Otro aspecto controversial lo constituyen las empresas que elaboran productos nocivos para la salud –como el tabaco y el alcohol– que en el caso de México no han obtenido aún el distintivo, pero varias lo están solicitando.

b. Si bien a partir del tercer año de su aplicación se ha ofrecido el distintivo a cualquier empresa que decida participar y pague la correspondiente cuota de inscripción, se trata de un proceso endógeno al cemefi, donde las empresas asociadas han definido el concepto y diseñado los criterios que deben cumplirse en materia de rse y las participantes son jueces y parte en la evaluación y decisión de su entrega. Se carece de un jurado evaluador, integrado por especialistas en la materia, que garantice decisiones imparciales.

c. Adicionalmente, los organizadores del reconocimiento y del premio a las Mejores Prácticas actúan sin ningún respaldo nacional o internacional que avale sus decisiones. Esto se vuelve aún más preocupante frente a su propuesta de entregar una certificación en el corto plazo.

 

5. Conclusiones preliminares y líneas para profundizar en la investigación

 

El objetivo de la rse, si bien no ha sido asumido por la mayoría de los teóricos de la empresa, ha sido impulsado por gobiernos, partidos políticos, organizaciones civiles y organismos multilaterales y ha ido ganando adhesiones de las empresas en países europeos, Japón y Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente, el movimiento de rse está adquiriendo fuerza en diversos países latinoamericanos, mientras México parece estar apenas despertando ante el tema, a través del desarrollo de algunas actividades filantrópicas.

El caso mexicano muestra el papel jugado por el gobierno a lo largo del siglo xx para dotar a los trabajadores de una legislación que los protegiera (aunque limitada en su aplicación), facilitando a los empresarios el cumplimiento de sus obligaciones para con ellos; papel que se modifica en las últimas décadas al concentrar su atención en los programas especialmente dirigidos a la extrema pobreza.

Son pocas las empresas mexicanas que mantienen programas de interés social, la mayoría de ellas están ligadas a capitales y culturas extranjeras, y enfatizan su interés por las acciones filantrópicas, sin tratar de compensar los propios costes sociales que generan, objetivo fundamental del movimiento por la rse. Cubren, entonces, el objetivo de responsabilidad social ante la comunidad, con fines instrumentales, pero descuidan el referido a las condiciones de vida y de trabajo provocadas por la misma empresa.

Una de las hipótesis que podrían explicar esta reticencia del empresariado mexicano aparece muy vinculada a la forma en que éste se desarrolló en el siglo pasado, bajo una fuerte protección estatal, que le permitió desinteresarse de los problemas sociales y concentrarse en el logro de metas económicas, consideradas antagónicas con los anteriores, sin perder por ello, reconocimiento y estatus ante la sociedad mexicana. Otra complementaria, hace alusión al origen extranjero, directo o indirecto, del empresariado mexicano, que lo ha empujado hacia el logro económico sin preocuparse de las condiciones de vida de los trabajadores nacionales. Una última, y de carácter general, es la presión actualmente ejercida por los mercados financieros para generar utilidades en el corto plazo, lo que conduce a lo que Vidal (2002) plantea como una contradicción entre el desarrollo sostenible a largo plazo, y la demanda del mercado de capitales.

Los gobiernos han tenido dificultades para exigir su responsabilidad a las empresas, incluso en el ámbito europeo donde se cuenta con una legislación que sanciona la generación de externalidades negativas. En el caso de América Latina, los esfuerzos realizados han provenido fundamentalmente de organizaciones civiles que intentan convencer y presionar a las empresas para que disminuyan las externalidades negativas que su actividad provoca, mejoren las condiciones internas de trabajo y contribuyan a la solución de los problemas sociales mas amplios, como justa contraparte por la utilización que realizan de los recursos sociales, los daños provocados por los procesos empresariales y la desigual apropiación de las ganancias generadas. En el caso mexicano, el movimiento también es impulsado por una organización civil, pero ésta requiere aún diseñar sus procedimientos en forma mucho más rigurosa e imparcial.

En un contexto nacional en que el Estado focaliza cada vez más su gasto social hacia el combate a la extrema pobreza, millones de mexicanos de bajos ingresos han dejado de ser apoyados para la resolución de problemas de salud, educación, nutrición, contaminación, cultura, etc., que sus ingresos no les permiten enfrentar. Este espacio, dejado por el Estado, ha sido también parcialmente ocupado por organizaciones civiles, pero su esfuerzo es muy insuficiente y requiere del apoyo solidario de las empresas, tanto por razones éticas como por otras más egoístas. Para ello se requiere que la sociedad civil continúe presionando, convenciendo, evaluando y premiando los esfuerzos de las que resultan pioneras en el tema, y sobre todo, que los gobiernos regulen en forma más efectiva sus obligaciones.

Ante la falta de una legislación que obligue a las empresas a asumir su rse, y la insuficiencia de incentivos para hacerlo ampliamente en forma voluntaria, es necesario que la sociedad comience a aplicar las sanciones económicas que tiene en sus manos como consumidora, priorizando el consumo y recomendación de bienes y servicios producidos por empresas con rse. Obviamente, esto no es la panacea, ya que no existe la transparencia o la información perfecta postulada por los neoclásicos, que permita al consumidor un acción racional y efectiva en su selección de satisfactores. Si bien la desconfianza y el control, que es su consecuencia, no producen actitudes éticas, al menos la forzarían mientras se desarrolla una cultura que incorpore nuevos valores como responsabilidad y solidaridad.

Para avanzar hacia la elaboración de un diagnóstico de la responsabilidad social de las empresas, se requiere trabajar por regiones geográficas o ramas de actividad, con la finalidad de hacer confluir diversos esfuerzos de investigación, ya que es casi imposible recabar la información de una muestra representativa de todas ellas, en el ámbito nacional. Esto permitiría comenzar a hacer estudios comparativos donde sea posible relacionar las acciones en el campo social con su impacto en los resultados económicos y financieros de la empresa. Hay muy poca investigación rigurosa, incluso en Europa, por lo que habría que iniciar con el estudio de los casos de prácticas exitosas y también de las fallidas, y avanzar en su análisis comparativo.

Una última temática por investigar es si las empresas mexicanas que realizan actividades filantrópicas se preocupan también por las condiciones internas de trabajo; ya que parecería haber un sesgo, al preocuparse más de condiciones sociales externas a la empresa que de las propias. La hipótesis en este caso podría estar en el diferente tratamiento que la Ley de Impuesto a la Renta otorga a las actividades filantrópicas frente a las inversiones y gastos realizados para mejorar las condiciones de trabajo en la empresa. De confirmarse esta hipótesis, resulta urgente que el gobierno modifique esta distorsión y apoye fiscalmente todos los esfuerzos positivos.

En síntesis, los graves problemas sociales que sufren nuestros países en la actualidad requieren del esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad y las empresas. Esto exige a las últimas asumir su responsabilidad social, conciliando su éxito financiero a corto plazo con el desarrollo económico y social, sostenible y sustentable, en el largo plazo.

 

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Enviado: 23 de octubre de 2002.

Reenviado: 8 de febrero de 2003.

Aceptado: 18 de marzo de 2003.