Movimiento ambientalista canadiense y libre comercio*
Sofía Gallardo C.
División de Estudios Internacionales
Centro de Investigación
y Docencia Económicas
Resumen
La crisis
económica de principios de la década de los ochenta en Canadá, favoreció la organización
de grupos sociales preocupados por la justicia, la equidad y el bienestar. El
movimiento ambientalista se manifestó en contra de la adopción de políticas de
corte neoliberal en los terrenos social y económico. Se opuso a la relajación
de las leyes de protección ambiental y las prácticas económicas que lo dañan en
nombre de la competitividad comercial.
El
movimiento ambientalista canadiense tiene una base social amplia y abarca un
espectro plural de posiciones ideológicas que van desde el conservacionismo
mediador hasta el ecologismo más radical. En su mayoría han protestado y hecho abogacía
social en contra de lo que consideran un statu quo injusto. Se han
enfrentado con trabas burocráticas y legales, así como con intereses económicos
y políticos que retardan o evitan la aplicación de muchas de sus propuestas.
Algunos de ellos han influido a la opinión pública a través de los medios
masivos de comunicación, propagando
información sobre problemas ambientales y buscando un cambio de actitud
en las formas de vida de la sociedad moderna.
Como en
otras naciones, las organizaciones canadienses enfrentan el problema de
sobrevivir financieramente y evitar al mismo tiempo la cooptación por parte del
Estado o las industrias. En los años noventa han logrado importantes avances,
junto con los movimientos ambientalistas de México y Estados Unidos, para que
los tres gobiernos reconozcan explícitamente las implicaciones mutuas entre la
integración comercial y la naturaleza global de los problemas ambientales bajo
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
*La investigación y el trabajo de
campo en Canadá necesarios para la elaboración de este artículo, fueron
posibles gracias a una beca de investigación del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Canadá que me fue entregada por la Embajada de Canadá en México
en 1996.
Introducción
La preocupación por la calidad
del medio ambiente alcanzó proporciones significativas en los años sesenta y
setenta en América del Norte y Europa, dando lugar al surgimiento de nuevos
movimientos sociales. A diferencia de otros, el movimiento ambientalista ha
trascendido como un fenómeno social que ha reorientado el comportamiento, las
actitudes y las percepciones de las sociedades.[1]
A mediados de los años ochenta y
principios de los noventa, los grupos ambientalistas canadienses y las redes
sociales reconocieron públicamente la existencia de implicaciones mutuas entre
los acuerdos comerciales y la naturaleza global de los problemas ambientales.
Su movilización generó un proceso social que va más allá del Acuerdo de Libre
Comercio de Estados Unidos y Canadá (ALCEUC) y de las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además, propusieron establecer
un régimen ecológico regional asociado con pautas de desarrollo prevalecientes
y alternativas.
Este artículo intenta explicar
por qué y cómo el movimiento ambientalista canadiense se organizó para
participar y presionar en las negociaciones comerciales. La primera parte
contiene una revisión de las filosofías, acciones, organización, y situación
actual del movimiento ambientalista canadiense. La segunda se concentra en las
prácticas de abogacía de los ambientalistas canadienses. La tercera y cuarta
partes se ocupan de la organización y las posiciones de los movimientos social
y ambientalista canadienses frente al ALCEUC y al TLCAN. Las reflexiones
finales contrastan brevemente la experiencia de esos movimientos frente al
libre comercio con la teoría de los nuevos movimientos sociales. Este artículo está
basado en investigaciones previas sobre el tema general (Gallardo, 1993, 1994,
1995 y 1997), en fuentes primarias canadienses y literatura secundaria del
dominio público o de circulación restringida.
Panorámica
del movimiento ambientalista canadiense
La preocupación actual de la
humanidad sobre la capacidad de sustentabilidad planetaria es la expresión más
reciente del antiguo interés del hombre por la preservación del mundo natural y
del deseo de mejorar el medio ambiente en el que habita.
Filosofías
Hay un amplio espectro de
filosofías que influyen en la organización y las tácticas del movimiento
ambientalista canadiense. La gran efervescencia intelectual y algunas de las
inquietudes de la comunidad ambientalista durante la década pasada poseen raíces
filosóficas antiguas (Altmeyer, 1976). El pensamiento ambiental contemporáneo
en Canadá tiene tres vertientes: conservacionismo, ecologismo y ambientalismo[2] (Macdonald, 1991; Paehlke, 1989). El conservacionismo se refiere al manejo
adecuado de los recursos naturales para asegurar la sustentabilidad de las
generaciones futuras. El ecologismo gira en torno a una concepción holista que
afirma los valores intrínsecos de la naturaleza y la unión de la humanidad con
el mundo natural. El ambientalismo busca mitigar y eliminar los impactos
negativos de la sociedad industrial consumista moderna. No existe
necesariamente una correlación directa entre un grupo social determinado y
alguna de estas líneas de pensamiento. Han surgido corrientes intelectuales que
integran estas categorías en enfoques nuevos y más complejos, y algunos grupos
tienen miembros que suscriben aspectos de las tres. Esto no significa que las
tres perspectivas sean redundantes. Por el contrario, la evolución del
conservacionismo, el ecologismo y el ambientalismo en Canadá ofrece a los
grupos ambientalistas un conocimiento extenso sobre el cual se basan.
El conservacionismo tiene raíces
históricas profundas en Canadá. La popularidad creciente del ecologismo en el
movimiento ambientalista ha favorecido un cambio en la concepción de las
reservas naturales a la de los valores intrínsecos. Las teorías importadas como
la ecología profunda comienzan a moverse del margen radical, y a jugar un papel
más importante en la formación del pensamiento ambientalista canadiense. El
Partido Verde representa un pensamiento novedoso y un foro político aún
marginal para las nuevas filosofías ecologistas. Por último, la veta holista y
espiritualista del ecologismo introduce una visión indígena del mundo en el
pensamiento ambientalista. La creciente politización de las culturas nativas y
los vínculos entre los temas ambientales e indígenas fortalecen el papel que la
filosofía ambientalista puede llegar a jugar en los conflictos de las
comunidades aborígenes con la sociedad dominante.
Estas consideraciones sobre la
filosofía ambientalista ayudan a entender las motivaciones y las influencias de
la gran variedad de grupos que forman el movimiento ambientalista canadiense.
La mayoría de los grupos naturalistas y a favor de la vida salvaje adoptan
claramente el conservacionismo como su orientación dominante[3], y los grupos en el margen radical del movimiento están más influenciados
por las diferentes corrientes del ecologismo.[4] La mayoría de los grupos ambientalistas contra la contaminación están
influenciados primordialmente por el ambientalismo reformado.[5] Sin embargo, es un hecho que tal pureza ideológica resulta rara. Muchos de
los grupos ambientalistas canadienses y los individuos que participan en ellos
combinan valores del conservacionismo, ambientalismo y ecologismo (Macdonald,
1991).
Grupos
Tal como se mencionó, el
movimiento ambientalista canadiense es muy diverso. Tiene alrededor de 2,000
grupos que varían desde grandes organizaciones multimillonarias
autofinanciadas, hasta pequeños grupos locales con causas concretas (Gallon,
1991). Cuatrocientos de ellos aproximadamente residen en la provincia de
Ontario, incluyendo a la mayoría de los que tienen más recursos económicos y
reconocimiento público, como Greenpeace, World Wildlife Fund Canada (WWFC()
Fondo Mundial para la Naturaleza Canadá), y una filial del World Wide Fund for
Nature (Fondo Mundial Amplio para la Naturaleza). Una muestra representativa de
14 organizaciones nacionales se presenta en la tabla 1.
Tácticas
Los grupos ambientalistas emplean
una amplia variedad de tácticas para influir en las actitudes de los
canadienses, en las prácticas empresariales y en las acciones gubernamentales.
Para fines analíticos, resulta útil dividir las actividades de los grupos ambientalistas
entre aquellas que tratan de incidir en el comportamiento general de la
sociedad y las que buscan influir en la política ambiental. La tabla 1
proporciona ejemplos sobre los tipos de tácticas y la forma en que la comunidad
ambientalista influye en el debate canadiense. La mayoría de los grupos
ambientalistas emplean estrategias que utilizan tácticas combinadas.
Los grupos ambientalistas usan
las siguientes tácticas indirectas para influenciar los procesos de políticas
públicas:
1) Intermediación: proporcionan la organización y los medios
para el activismo de los ciudadanos y
articulan una amplia variedad de opiniones y demandas.[6]
2) La conciencia de la sociedad: fortalecen la lealtad de los
ciudadanos canadienses con los valores fundamentales, por medio de la crítica a
las prácticas adoptadas por corporaciones, gobiernos, sindicatos, iglesias y
demás.[7]
3) Relación con los medios de comunicación: transmiten el
mensaje de grupos que carecen del presupuesto necesario para financiar compañas
publicitarias.[8]
4) Construcción de redes sociales: funcionan como un mecanismo
de apoyo para grupos pequeños y como un medio político poderoso para los grupos
organizados.[9]
5) Apoyo internacional: crean redes de oposición para detener
proyectos específicos[10] o para participar en foros mundiales.[11]
6) Adopción de posiciones extremas: atraen la simpatía y la
indignación del público.[12]
Los grupos ambientalistas usan
las siguientes tácticas directas con el mismo propósito:
1) Participación en consultas: ejercen presión sobre los
gobiernos cuando se dan cambios en la legislación, las políticas, la regulación
o los programas.[13]
2) Nombramientos en consejos asesores, mesas redondas, grupos de
trabajo gubernamentales y en algunas compañías: expresan las perspectivas
ambientalistas.[14]
3) Investigación científica realizada por grupos ambientalistas:
actúan como un sistema de alerta o sirven de base para proyectos mayores.[15]
4) Programas contratados con los gobiernos: apoyan la
participación ambientalista significativa y equilibrada.[16]
5) Investigación para el desarrollo de políticas: asesoran a las
instituciones gubernamentales y multilaterales en sus actividades.[17]
6) Trabajo de abogacía y cabildeo directo a gobiernos: defienden
posiciones en proyectos y políticas, y promueven alternativas.[18]
7) Crítica y apoyo: usan tácticas de protesta, ataque,
procedimientos judiciales, monitoreo; y apoyo a políticos, programas o leyes
cuestionadas por la industria, por otra instancia gubernamental o aun por otros
grupos ambientalistas.[19]
Cooperación
y conflicto
Esta visión general del
movimiento ambientalista canadiense ha mostrado que no tiene una estructura
monolítica filosófica ni organizativa. Las relaciones entre los grupos
ambientalistas fluctúan constantemente. Eso refleja, en parte, la dinámica y el
crecimiento caótico que el movimiento ha experimentado durante los últimos diez
años. Los grupos ambientalistas entran en procesos de cooperación y conflicto
crecientes, a la vez que algunos grupos se esfuerzan por lograr estabilidad
financiera y madurez organizativa. Algunas tácticas de los grupos más radicales
no son del agrado de los grupos conservacionistas, y viceversa; no obstante,
hay un reconocimiento creciente de que ambos tienen algo que aportar para la
consecución de los objetivos ambientalistas. Por ejemplo, grupos radicales como
Greenpeace y Earth First! y organizaciones activistas como Friends of the Earth
y Energy Probe son necesarios porque critican fuertemente a los gobiernos y a
las industrias que no han cumplido con los programas ambientales. Asimismo, son
necesarios grupos ambientalistas como Pollution Probe y el Institute for
Research and Public Policy (Instituto para la Investigación y las Políticas
Públicas), dado que participan en foros de discusión y cuestionan al Ministerio
de Medio Ambiente y a los demás ministerios (McInnes, 1989). La preocupación
por tener comunidades urbanas limpias, reservas naturales y áreas verdes,
refleja un sentimiento compartido por los grupos conservacionista,
ambientalista y ecologista. Aun las iniciativas que vinculan temas económicos y
ambientales han ganado apoyo amplio a través de todo el espectro del
movimiento.
La esperanza de una mayor
convergencia en el movimiento ambientalista está contrarrestada por una
comprensión realista de las fuerzas que tienden al conflicto. Siempre hay
algunas diferencias de opinión en la comunidad ambientalista sobre acciones o
estrategias específicas. Tal fue el caso acerca de si los grupos ambientalistas
debían haberse rehusado a participar en negociaciones sobre el cambio climático
con el gobierno federal a principios de la década. Sin embargo, los dos puntos
principales de divergencia giran alrededor de dos temas. Primero, la cercanía
con la que se debe trabajar con los sectores corporativos, ya que el acceso a
los fondos empresariales ayuda a nivelar la situación financiera de los grupos,
pero existen la amenaza y el miedo constantes de que sean cooptados. El caso
Loblaws-Pollution Probe es el ejemplo citado con más frecuencia.[20] Segundo, el debate sobre la reforma o el cambio social que se da en el
conservacionismo, liberalismo y las ideologías radicales o alternativas; por
ejemplo, las divergencias sobre libre comercio entre los ambientalistas.
Existen puntos donde la
convergencia es posible, al mismo tiempo que hay otros de intenso desacuerdo.
El éxito del movimiento en el largo plazo se basa en parte en su habilidad para
tolerar un amplio espectro de puntos de vista. Esto no es fácil en un
movimiento que incluye tanto a radicales que pregonan el regreso a la
naturaleza, como a cazadores por deporte.
Abogacía
ambiental canadiense
En un sentido amplio, los grupos
ambientales son organizaciones de abogacía social. Comparten características
comunes con otras organizaciones en Canadá, como los movimientos en favor de la
mujer, de los derechos humanos, de la paz y de los movimientos étnicos. En este
artículo se define la abogacía social como una forma positiva de protesta
llevada a cabo por un grupo o una red social definida (Harries-Jones, 1991). La
abogacía social desafía los valores y creencias dominantes por medio de la
protesta. Se provee de un conocimiento científico y cultural nuevo que promueve
varias formas de compromiso político. La abogacía es un proceso comunicativo
mayor en las democracias modernas por el que formas alternativas de
conocimiento entran en la construcción de la sociedad. Los grupos
ambientalistas son extraparlamentarios, más no violentos; combinan actividades
para elevar la conciencia y adquirir fuerza política con el propósito de
cuestionar a las legislaturas parlamentarias en nombre del interés público.
Organización
y finanzas
La abogacía ambiental en Canadá
adopta tres formas. La primera y más importante es la abogacía legal, que
tramita órdenes judiciales de las cortes o revisiones ambientales. La segunda
es el cabildeo político de agencias provinciales, federales e internacionales;
y la tercera es la abogacía ejercida a través de los medios de comunicación
(Harries-Jones, 1993).
La abogacía legal es necesaria
para los ambientalistas porque los contribuyentes comunes no pueden dar curso a
acciones legales contra corporaciones grandes y poderosas. La acción individual
contra la contaminación del aire y otros asuntos ambientales aún no está
permitida. La Canadian Environmental Law Association (CELA) (Asociación
Canadiense sobre Ley Ambiental) estableció el Environmental Defense Fund
(Fondo para la Defensa Ambiental), que ayuda a las organizaciones de base a
vencer las desventajas de su tamaño para librar disputas locales en las cortes.
Su objetivo es sentar precedentes legales en los criterios de las revisiones
ambientales para contribuir a que en el futuro haya una contabilidad estricta
de la sustentabilidad en Canadá.
La responsabilidad de la política
ambiental está dividida entre las jurisdicciones federales y las provinciales.
Esta división se complica con las disputas entre los ministerios y los
departamentos en Ottawa, que se resisten activamente a cualquier posibilidad de
que el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá se convierta en un
superministerio que vigile la compatibilidad de las políticas gubernamentales.
Los activistas pierden mucho tiempo en lograr que el gobierno haga algo. A
menudo piensan que las obstrucciones a la acción ambiental no tienen relación
con la falta de apoyo a sus iniciativas, sino que requieren un cambio
significativo en el proceso de toma de decisiones de la burocracia gubernamental.
En años recientes, la Comisión
Brundtland ha sido un referente para la actividad del conjunto de grupos
ambientalistas en Canadá. El reporte de esta comisión reconoció el papel de los
grupos ambientalistas y ciudadanos al impulsar y mantener la atención pública y
política en los peligros ambientales y promover medidas prácticas para
manejarlos (Brundtland, 1987). La National Round Table on Environment and
Economy (Mesa Redonda sobre Medio Ambiente y Economía), así como las Provincial
Round Tables (Mesas Redondas Provinciales) fueron establecidas desde 1988 para
cumplir con el compromiso de Canadá con el Reporte Brundtland. La mesa redonda
se basa en un principio de asociación para el desarrollo sustentable. La
asociación en este contexto significa un procedimiento triple de toma de
decisiones que involucra a grupos ambientalistas, gobiernos y empresas. La
adopción gubernamental del desarrollo sustentable y del principio de asociación
ha sido un recurso ambivalente para la abogacía ambiental. Las deliberaciones
de la mesa redonda han sido extremadamente lentas a los ojos de los
ambientalistas; tanto, que la participación es sólo un acto retórico. Muchos
activistas han quedado exhaustos por el proceso de dilación y carencia de
respuestas de los ministerios gubernamentales. Por esta razón los grupos
ambientalistas funcionan a menudo en oposición a las políticas gubernamentales,
en vez de asociarse con ellas.
Su estrategia de oposición se
modifica por el hecho de que gran parte de la abogacía en Canadá asume la forma
de abogacía cooptada (Etzioni-Halevy, 1990). Está cooptada en el sentido de que
la mayoría de las organizaciones de abogacía carecen de una base de miembros lo
suficientemente grande como para ser autónomas, por lo cual tienen que depender
directamente del financiamiento gubernamental. Otros obtienen ayuda financiera
mediante contratos de consultoría otorgados por el gobierno. Aun en esos casos,
como el de Pollution Probe, no pueden confiar en un ingreso anual seguro, sobre
todo en tiempos de recesión económica. Esto significa que la mayoría de los
grupos de abogacía dedican la mayor parte de su tiempo a combatir crisis
financieras recurrentes. Greenpeace es una excepción; después de los años de
carestía de principios de los ochenta, puede sostenerse completamente con las
donaciones de la gente de base.
Todos los grupos de abogacía
ambiental, incluyendo a Greenpeace, sufren de una gran movilidad de personal.
Greenpeace ha controlado este flujo de personal separando a su consejo
ejecutivo de sus comités cotidianos de recolección de fondos, telefonía y
acción local. Muchas otras organizaciones de abogacía tienen recursos escasos
como para adoptar esta solución. Sus ejecutivos son responsables de todos los
aspectos de movilización y constantemente tienen que escoger entre varias
actividades: investigación o recolección de fondos, educación pública por medio
de publicaciones u oposición política, organización de actividades comunitarias
o construcción de redes con otras organizaciones ambientalistas. El eterno
problema es estar por encima de las demandas principales de sobrevivencia
organizacional para mantener sus posiciones como cabilderos efectivos.
La escasez de fondos, el exceso
de compromisos, y la tentación de mejores salarios y condiciones, son una combinación
poderosa que propicia cambios constantes en su personal. Como es de esperarse,
esta situación tiende a reducir al conjunto de organizaciones de abogacía a
actores claves. Entre veinticinco y cincuenta actores sociales mantienen a las
organizaciones cooptadas unidas.
Orientaciones
políticas de la abogacía ambientalista
Los ambientalistas canadienses
generalmente no tienen problema en definir contra quién están, pero sí en
presentar una plataforma unificada sobre lo que buscan. Esto se debe en parte a
que sus miembros son básicamente de clase media y provienen de posiciones
políticas que van desde la social demócrata, marxista y anarquista, hasta la
centro-derechista. Por eso tienen perspectivas muy diferentes sobre qué
posiciones activistas asumir. Sus opositores más comunes son los
neoconservadores, identificados en el ámbito nacional con el Partido
Conservador y sus consejos de apoyo con intereses empresariales; con el Partido
de Reforma y la Nationalist Citizen Coalition (Coalición Nacionalista de
Ciudadanos), un grupo de empresarios populistas; y con una variedad amplia de think
tanks (consultores) como el C. D. Howe Institute (Instituto C. D. Howe).
Hay tres orientaciones políticas principales identificadas entre los miembros
de las organizaciones ambientalistas: abogacía conservacionista, abogacía
radical y abogacía indígena-activista.
1) La abogacía conservacionista
está integrada principalmente por reformistas pragmáticos. Poseen una serie de
conexiones comunes pero laxas por medio de la Canadian Environmental Network, a
la que están vinculados electrónicamente mediante de la red WEB, donde discuten
los planes conjuntos. World Wildlife Fund Canada y el Conservation Council of
Ontario (Consejo para la Conservación en Ontario) son ejemplos de reformistas
pragmáticos. El nivel de profesionalización del WWFC permite compararlo con una
firma empresarial exitosa. Tienen un fuerte sentido del poder del statu quo,
y están dispuestos a adoptar una política de adulación a empresas, si ello los
lleva a una acción positiva en cuestiones ambientales.[21]
En ocasiones, las tensiones del
papeleo, la inactividad gubernamental y el encubrimiento pragmático de la
industria, afectan la operación de la organización. El caso más notable fue el
de Pollution Probe cuando su director, Collin Isaacs, decidió apoyar la campaña
de consumo verde de Loblaws. Sus miembros insistieron en que renunciara,
después de lo cual Pollution Probe sufrió una reorganización total. El nuevo
consejo de directores modificó el rumbo. Aun cuando continúa manteniendo una
función política de a investigación, presta mayor atención al aspecto público
de la divulgación de información.
El Conservation Council of
Ontario es una organización paraguas que comprende a 31 grupos. A diferencia de
otros reformistas pragmáticos, opera con muy poco contacto e incluso interés en
los ciudadanos comunes. Representa a organizaciones profesionales dedicadas a
la planeación ambiental. Los miembros del Consejo son básicamente
representantes del statu quo que buscan reducir la influencia de los
grupos ambientalistas de base haciendo propuestas al proceso de toma de
decisiones centralizado, por medio de los ministros.
Las universidades en Canadá son
una importante fuente de recursos intelectuales para los movimientos, y juegan
un papel más prominente en la investigación de políticas y la abogacía social
que en los Estados Unidos, donde las actividades de los grupos ambientalistas
son fuertemente apoyadas por cabilderos profesionales (Harries-Jones, 1991). La
universidad ha representado un papel importante apoyando algunas organizaciones
de abogacía tales como Pollution Probe, Probe International (Investigación
Internacional) y la Coalition Against Acid Rain (Coalición contra la Lluvia
Acida). Sus vínculos con el movimiento ambientalista de base han sido moderados
debido a que las donaciones favorecen la asociación entre universidades y
empresas para la acción ambiental.
2) La abogacía radical está
representada por Greenpeace Canadá. Es radical en el sentido de que
constantemente desafía la relación establecida entre el gobierno y las
empresas, demandando que éste reconozca la necesidad del involucramiento
ciudadano. La demanda de participación ciudadana es general entre los radicales
y conservacionistas mediante la Canadian Environmental Network.[22] Los radicales demandan que el gobierno se comprometa a apoyar públicamente
a los grupos ambientalistas, establezca comités para supervisar el impacto de
las políticas existentes y los acuerdos en materia ambiental, y coloque en la
mira a las compañías individuales o los ministros que rehúsen obrar de acuerdo
con las decisiones relacionadas con el ambiente.
Por un tiempo, Greenpeace estuvo
dividido entre la abogacía radical y el activismo militante. Paul Watson, uno
de sus fundadores, organizó una campaña para prohibir la navegación en las
aguas costeras de Newfoundland. La campaña de 1993 fue planeada conjuntamente
con organizaciones de derechos animales. A pesar de que fue un triunfo de
Greenpeace en la Comunidad Europea, la campaña fue un desastre para sus
miembros en Canadá y ocasionó que Watson renunciara algunos meses después. Ante
esto, fundó la Sea Shepherd Conservation Society (Sociedad para la Conservación
del Mar), que entre otras cosas, se opuso vehementemente a la vivisección
(Manes, 1990). Después, Watson se mudó a los Estados Unidos, donde organizó
Earth First!, un grupo de acción política que ha asumido la responsabilidad de
varios actos de sabotaje ecológico, en nombre de la abogacía ecológica.[23]
Casi desde el principio,
Greenpeace organizó prácticas simbólicas y vinculó los medios de comunicación
con sus objetivos organizacionales. Su meta principal es dar testimonio de una
variedad de situaciones insostenibles. Las señala de la manera más dramática
para hacer visibles los efectos de la degradación ecológica, que de otra forma
quedarían ocultos. Greenpeace ha pasado de los ecodramas reales a la simulación
de ecodramas: sus miembros dejaron de hacer viajes reales contra barcos armados
para escalar torres y puentes desplegando carteles de protesta. Esta segunda
estrategia es muy efectiva porque presenta los asuntos ambientales complejos de
un modo amigable. Los ambientalistas han aprendido de los éxitos de Greenpeace
al respecto.
David Suzuki es el intelectual
más conocido del movimiento, por su influencia en columnas periodísticas y en
la televisión. Ha sido un activista por la paz y un líder del pensamiento
ecologista. Su serie de televisión, "The Nature of Things", ha
apoyado casos como el de los indios Cree en su lucha contra el gran proyecta
hidroeléctrico conocido como "James Bay Two" (Bahía James Dos). El
protagonismo de David Suzuki tiene que ver con el cambio de la práctica
cognoscitiva por la práctica simbólica, como la forma predominante de
conocimiento en Ontario. Sus intervenciones en los medios, especialmente en la
televisión, son cruciales porque median el espacio político canadiense y contribuyen
fuertemente a la formación de la gestalt del movimiento ambientalista.
3) La abogacía indígena-activista
vincula a los ambientalistas con las demandas territoriales de First Nations
(Primeras Naciones). Este es un rasgo especial del movimiento ambientalista en
Canadá. En Columbia Británica y en Quebec, por ejemplo, la relación entre los
dos ha alcanzado algunos éxitos. En el caso de la disputa de South Moreby en
Columbia Británica, las relaciones entre la industria maderera y el gobierno
provincial se rompieron irremediablemente en mayo de 1990.
En Ontario la acción conjunta es
vacilante y generalmente pobre, debido a la ausencia de una política
ambientalista unificada en First Nations, así como a los conflictos de
personalidad y al choque de aspiraciones culturales entre los ambientalistas y
los líderes indios. Esto fue evidente en la protesta de la Temagami Wilderness
Society (TWS) (Sociedad Temagami para la Naturaleza). El jefe Gary Potts, de
Tema-Awaugame, organizó dos bloqueos independientes bajo el argumento de que la
TWS se había preocupado únicamente por la protección de los árboles en
territorio Crown, mientras que su propio grupo quería la protección de
todos sus recursos naturales.
Coexistencia
en el espectro ambientalista
No es raro que los ambientalistas
tengan membrecía en varios grupos y que los activistas ambientalistas no
pertenezcan exclusivamente a una organización. Los directivos principales de
los grupos ambientalistas actuales han sido directores de otros grupos, han
ayudado a conseguir fondos, han realizado actividades educativas y de toma de
conciencia de otros grupos, o incluso fueron fundadores de otras organizaciones
ambientalistas. Los activistas veteranos generalmente usan varios
"sombreros" en el movimiento. Hay un esfuerzo consciente −que en ocasiones no soporta la fricción de
personalidades− para construir relaciones que celebren los éxitos de
otros, y que ofrezcan información conjunta al público.
Una observación sorprendente
sobre el movimiento ambientalista en Canadá y en los Estados Unidos es que se
encuentran ambientalistas serios a todo lo largo del espectro político, de
izquierda a derecha (Paehlke, 1989). No obstante, haciendo a un lado las
orientaciones políticas discordantes, varios grupos de la abogacía ambiental
han evitado la competencia por los recursos, y creado una red de ambientalistas
que vincula a los grupos más grandes con los grupos pequeños que promueven
asuntos ambientales locales.
Movimiento
social canadiense frente al libre comercio[24]
El movimiento ambientalista
canadiense se opuso al ALCEUC y al TLCAN, con la excepción de Pollution Probe.
Con este propósito, participó en la organización de coaliciones por medio de
sectores y en las conexiones transnacionales con sus contrapartes en los Estados
Unidos y México. La Pro-Canada Network (PCN) (Red Pro-Canadá), que se
transformó en la Action Canada Network (ACN) (Red Canadiense de Acción) en
1991, fue un actor líder en este proceso. Es una coalición de organizaciones
laborales, ambientalistas, culturales, religiosas, contra la pobreza, de
mujeres y profesionistas. Para entender mejor la naturaleza y la dinámica de la
ACN frente a temas ambientales, es necesario hacer una breve revisión del
contexto y de las condiciones de la formación de coaliciones en Canadá a
mediados de los años ochenta.
Contexto y
condiciones de la formación de coaliciones
Existen varios factores externos
que explican el incremento de las coaliciones en Canadá durante los años
ochenta. El primero fue la crisis en el Partido Liberal y su posición como
partido predominante del gobierno en el siglo XX. Sin una reforma impositiva
importante durante los años sesenta y setenta, el gobierno liberal enfrentó
limitaciones fiscales en el mantenimiento del federalismo canadiense y su compromiso
con el acceso universal a los programas sociales. Segundo, formas nuevas de
organización entre los empresarios surgieron en 1976. El Business Council on
National Issues (BCNI) (Consejo Empresarial de Asuntos Nacionales) se organizó
reuniendo a las compañías más grandes en Canadá. Tercero, la Canadian
Conference of Catholic Bishops (Conferencia Canadiense de Obispos Católicos)
hizo una declaración trascendente el 1° de enero de 1983. Dio a conocer el
documento "Ethical Reflections on the Economic Crisis"
("Reflexiones éticas sobre la crisis económica"), que tuvo un efecto
importante en Canadá. Señaló que la crisis afectó a los trabajadores y a las
personas sin ingresos, demandó una reforma de los impuestos, y se pronunció en
favor de la postura desarrollada en el GATT-fly −que posteriormente se convirtió en la Ecumenical Coalition For Economic
Justice (Coalición Ecuménica para la Justicia Económica). Muchas otras iglesias
apoyaron el documento o presentaron declaraciones propias sobre la situación
económica.
La respuesta de formación de
coaliciones ante el llamado de justicia social de las iglesias fue amplio. Se
dio el renacimiento de una posición social en el sindicalismo canadiense, que
se opuso a las restricciones salariales federales y a los recortes provinciales
"neoconservadores" en los servicios públicos. Esto llevó a considerar
la necesidad de nuevos aliados, ya que la alianza del New Democratic Party
(Nuevo Partido Demócrata) con movimientos organizados laborales, sociales y de
combate contra la pobreza, se debilitaría cuando este partido se encontrara
fuera del poder. El diálogo y el debate generado por la declaración de los
obispos comprometió a otros grupos que estaban alcanzando la madurez
organizacional: los movimientos ambientalista, de la mujer, y por la paz, así
como el liderazgo de las naciones indígenas.
La organización del movimiento
creció con la tendencia conservadora de las políticas gubernamentales
provinciales a principios de los ochenta, y con la elección de Mulroney. Esto
llevó a una nueva experiencia de formación de coaliciones de justicia social en
los ámbitos local o provincial. En 1983, uno de los esfuerzos más importantes
ocurrió en Columbia Británica con Solidaridad, que intentó reunir a grupos
laborales, indígenas, ambientalistas, de mujeres, magisteriales, de
discapacitados, y de combate a la pobreza, con el fin de enfrentar las
políticas de recorte social y "anti laborales" del área de Crédito
Social del gobierno provincial. El gran esfuerzo organizativo provincial estuvo
a punto de culminar en una huelga general cuando el líder del sindicato más
grande de trabajadores de la madera y el gobierno negociaron y llegaron a un
acuerdo. Esto condujo a un periodo de recriminaciones y evaluación de las
dificultades para organizar coaliciones entre agrupaciones laborales y no
laborales.
Mientras que a los movimientos
sociales en Columbia Británica les tomó tiempo recuperarse, se formaron
alianzas en otras provincias. La Coalition for Equality (Coalición para la
Igualdad) en Newfoundland reunió a grupos religiosos, de combate a la pobreza,
de mujeres, y laborales, en el contexto de un conflicto industrial en la planta
empacadora de Gainer's Meat (Carne de Gainer) en Alberta. En 1985, en Quebec,
el Conseil des Syndicats Nationaux (Consejo de Sindicatos Nacionales) formó
Solidarité Populaire Quebec (Solidaridad Popular de Quebec) como una respuesta
a los recortes de los programas sociales del primer presupuesto federal
conservador. En 1987, la Saskatchewan Coalition for Social Justice (Coalición
Saskatchewan para la Justicia Social) se formó en respuesta al presupuesto
conservador de la provincia en marzo de 1987.
Quizás el esfuerzo más
significativo fue la formación de la Coalition Against Free Trade (Coalición
contra el Libre Comercio), en Ontario, en 1985, con los líderes del National
Action Committee on Status of Women (Comité de Acción Nacional sobre el Status
de las Mujeres), el Writer's Union (Sindicato de Escritores), la pequeña y
autónoma Confederation of Canadian Unions (Confederación de Sindicatos
Canadienses), y los grupos religiosos. Dicha organización involucró la
participación efectiva de un gran número de sindicatos mayores afiliados al
Canadian Labour Congress (Congreso Laboral Canadiense) y a la Ontario
Federation of Labour (Federación Laboral de Ontario). Al aproximarse las
elecciones de 1988, la coalición tuvo acceso a consejeros cercanos al líder
liberal y primer ministro, John Turner, y organizó dos encuentros con el primer
ministro liberal provincial David Peterson.
Esta serie de factores crearon
una atmósfera alentadora para que grupos nacionales religiosos, de mujeres,
ambientalistas, y laborales, iniciaran un diálogo sustantivo en 1986 y 1987. El
proceso no estuvo exento de dificultades; tuvieron que superar susceptibilidades
y diferencias políticas. Algunos avances en la forma y las prácticas
organizativas fueron importantes, particularmente entre los movimientos
ambientalistas, de mujeres, y las organizaciones laborales más tradicionales.
La debilidad de la izquierda redujo el temor del liderazgo laboral no comunista
frente a grupos y movimientos externos, así como ante las complicaciones para
organizar coaliciones multisectoriales. A pesar de los reveses y la escasez
crónica de recursos, la Coalición Against Free Trade y muchas otras
organizaciones se unieron en la Pro-Canada Network en 1987.
Aun cuando mucho de lo que se ha
señalado arriba involucró y afectó a los movimientos sociales en Quebec, la
dinámica en la sociedad de Quebec resulta intensa, y la orientación es lo
suficientemente diferente como para ser estudiada en sí misma. Por tal motivo,
las coaliciones ofrecieron un taller en el que activistas canadienses de habla
inglesa, activista quebequenses, y líderes de movimientos, podrían dialogar y
trabajar en posiciones comunes opuestas a la agenda del BCNI y el gobierno
federal. Este taller fue una experiencia única y nueva en la sociedad
canadiense. Sin embargo, la alianza en sí misma era asimétrica Los intentos por
llegar a una forma organizativa y un estilo de liderazgo adecuados no fueron
fáciles. Los alcances del acuerdo sobre objetivos estratégicos y tácticas
organizativas no fueron del todo claros para las organizaciones locales.
Action
Canada Network
La Pro-Canada Network cambió su
nombre a Action Canada Network (ACN) en 1991. Su membresía estaba integrada por
organizaciones laborales del Canadian Labour Congress y otras organizaciones de
mujeres, estudiantiles, rurales, de la tercera edad, de salud pública,
ambientalistas y religiosas. Además de las organizaciones laborales, los grupos
profesionales jugaron un papel activo, en particular las organizaciones
magisteriales nacionales y regionales, así como el sindicato de enfermeras.
Entre los grupos no laborales y profesionales, quizá los más significativos
fueron la Canadian Conference of Catholic Bishops −con mayor presencia en el periodo 1986-88−, la Ecumenical Coalition for Economic Justice -anteriormente GATT-fly-, el
Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America (Comité Inter-Iglesia
sobre los Derechos Humanos en América Latina), y el Jesuit Center for Social
Faith and Justice (Centro Jesuita para la Fe y Justicia Social). La posición
pública y la base más dinámica fue aquella del movimiento de mujeres y el liderazgo
público asumido por el National Action
Committee (Comité de Acción
Nacional).
La ACN contaba con una gran
cantidad de grupos del movimiento ambientalista canadiense, pero no eran todos.
La Canadian Environmental Law Association desempeño un papel protagónico;
contaba con investigadores sobre el agua, los bosques y otros recursos. La
Canadian Environmental Network fue muy útil por su gran capacidad de
comunicación y coordinación.
Hubo otras organizaciones de base
involucradas, especialmente de la tercera edad, redes de combate a la pobreza,
de estudiantes, de trabajadores del sector cultural, y la gran organización
nacionalista Council of Canadians (Consejo de Canadienses). Este consejo
proveyó un liderazgo político significativo y visible, además de vínculos con
una variedad de gente que no podía identificarse con el movimiento laboral, por
ejemplo.
Las coaliciones provinciales
estaban integradas a la organización nacional y tuvieron su propia membrecía.
Algunas de las coaliciones, incluyendo las de Alberta, Ontario y Quebec,
desarrollaron redes de coaliciones regionales y locales en sus provincias.
Las coaliciones se referían a sus
bases como el sector social, movimientos laborales y comunitarios, movimientos
sociales o populares. Dada la participación predominante de organizaciones de
base amplia en la ACN, parece más adecuado utilizar el término de movimientos
sociales en lugar del de organizaciones no gubernamentales, porque éste tiene
un significado más restringido en el contexto canadiense.
La mayor parte de los grupos
sociales no tenían una orientación internacional. El Canadian Council for
International Cooperation (Consejo Canadiense para la Cooperación
Internacional) −que abarcaba más de 150 organizaciones internacionales
grandes y pequeñas− tuvo dificultades considerables para establecer una
posición y una línea de acción e investigación con relación al comercio. Los
temas de comercio y desarrollo eran vistos por algunos miembros como
inadecuados, demasiado políticos y controversiales. Incluso las organizaciones
con una fuerte retórica de alianzas con el sector social tuvieron dificultades
en establecer una posición. A excepción de la Canadian Environmental Law
Association y del Latin American Working Group (Grupo de Trabajo
Latinoamericano), ningún grupo estuvo directamente involucrado en el debate
comercial durante el periodo 1986-1988.
La experiencia de las fuerzas
sociales canadienses opositoras al ALCEUC, en relación con sus contrapartes en
los Estados Unidos, fue abismal durante las negociaciones. Una coalición
sindical (religiosa y de mujeres) visitó Washington en el verano de 1987, y
encontró una ignorancia general sobre el proceso canadiense y una falta de
interés entre muchos de los grupos estadounidenses. Los canadienses opositores
al ALCEUC desafiaban los valores principales del libre comercio de la
administración Reagan y la supremacía del Congreso. Mediante entrevistas con
los cabildos de empresas y los investigadores del congreso, lograron entender
la agencia estadounidense, tuvieron acceso al flujo de información en
Washington, recibieron cobertura de la prensa, y establecieron algunos
contactos que posteriormente fueron de utilidad cuando los estadounidenses se
enfrentaron con las negociaciones del TLCAN.
En el contexto del TLCAN, se puede
decir que los canadienses hallaron a los mexicanos en su camino hacia América
Central. El Latin American Working Group tenía relaciones amistosas con
organizaciones solidarias mexicanas desde principios de los años setenta, pero
la cantidad y la solidez de las conexiones se multiplicó en los años ochenta
como respuesta a la guerra y a la tragedia en América Central. La presencia de
ayuda, de representantes políticos centroamericanos y de las grandes
comunidades de refugiados en México, hizo que la presencia de organizaciones
canadienses religiosas y de agencias de ayuda fuera más frecuente en México.
Ambas entraron en contacto con sus contrapartes mexicanas y adquirieron interés
periódico en la política exterior y de refugiados mexicana.
En 1988, en el periodo
preelectoral en Canadá, el Latin American Working Group, el GATT-fly, y la B.
C. Trade Union Group (Grupo Sindical de B. C.) organizaron un viaje para
conocer la situación laboral en las maquiladoras. El resultado fue un proyecto
de análisis y monitoreo llamado Common Frontiers (Fronteras Comunes). Al año
siguiente, un grupo de mexicanos interesados en el seguimiento del tema y en
continuar el diálogo con los canadienses, estableció un pequeño proyecto,
"Fronteras Comunes", que obtuvo fondos canadienses e internacionales
limitados. Hubo intercambio y visitas entre ambas organizaciones, a pesar de no
estar vinculadas formalmente.
Con el anuncio de las
negociaciones de libre comercio entre los Estados Unidos y México a mediados de
1990, así como con la rápida inclusión de Canadá y el subsecuente lanzamiento
de la "Iniciativa de las Américas", comenzó una nueva etapa de
actividades. Tres eventos en 1990 marcaron un cambio significativo en la
colaboración mexicano-canadiense sobre asuntos comerciales. Los días 7 y 8 de
diciembre, Cuauhtémoc Cárdenas, invitado por el New Democratic Party y el
crítico de comercio Dave Barren, visitó Columbia Británica, habló frente a la
B. C. Federation of Labour (Federación Laboral de B. C.) y se reunió con los
líderes de Action Canada (Canadá Acción) y Common Frontiers.
Poco después, el Partido Acción
Nacional (PAN), de México, apoyó un coloquio sobre el libre comercio e invitó a
veinte canadienses, diez a favor y diez en contra, a discutir sus experiencias
frente al ALCEUC. Unos días más tarde, treinta canadienses y más de sesenta
mexicanos representantes de sindicatos, de mujeres, de ambientalistas y de
indígenas, se reunieron en las oficinas del Frente Auténtico del Trabajo, en el
primer Encuentro de las Organizaciones Sociales frente al Libre Comercio entre
México y Canadá, organizado por Fronteras Comunes y varios grupos más.
Debatieron sobre los problemas del ALCEUC y sus similitudes con la integración
"silenciosa" de México. Los intercambios periódicos entre coaliciones
y grupos canadienses y mexicanos aumentaron, y en 1991 se creó la Red Mexicana
de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) como contraparte de la Action Canada
Network.
Representantes de la coalición
canadiense se reunieron con sus homólogos estadounidenses y mexicanos a finales
de octubre de 1990 en Washington, y consideraron la posibilidad de una
colaboración trilateral en el futuro. El primer caso fueron las relaciones
entre las coaliciones de México y Canadá, y las más activas en los Estados
Unidos. Se analizaron diferentes tipos de actividad: intercambio de información
y discusión sobre la estrategia política amplia, análisis y definición de
intereses comunes, e iniciativas tácticas. Estos procesos se llevaron a cabo
por medio de la conversación trinacional entre las coaliciones, con el apoyo
del personal de Common Frontiers y U.S.-Mexico Dialogs (Diálogos México-Estados
Unidos), quienes ya habían construido redes de contactos e información.
Asimismo, hubo procesos sectoriales que ganaron un ímpetu propio, incluyendo el
intercambio agro-ambiental en una reunión de especialistas en noviembre de 1991
en la Ciudad de México, y colaboraciones posteriores.
La crítica de la Action Canada
Network al TLCAN estuvo estrechamente relacionada con la crítica original al
ALCEUC y la experiencia canadiense posterior. El Canadian Center for Policy
Alternatives señaló que " [...] en el análisis del TLCAN, debía tenerse en
mente que el asunto principal para los canadienses seguía siendo el ALCEUC
[...], y que los principios y arquitectura básicos del TLCAN eran los mismos
que los del ALCEUC" (Campbell, 1992). En resumen, las principales
preocupaciones externadas por los equipos de análisis de la coalición en
noviembre de 1992, fueron que el TLCAN: 1) protege a los Estados Unidos de
posibles daños si fallan las negociaciones del GATT; 2) tiene más poder
efectivo que el ALCEUC en las provincias canadienses; 3) amplía
considerablemente la cobertura del sector de los servicios del ALCEUC; 4)
protege los llamados "derechos de propiedad intelectual" de las
corporaciones transnacionales; 5) restringe aún más la regulación de la
inversión de los gobiernos canadienses; 6) socava la capacidad canadiense para
desafiar las arbitrariedades de las leyes comerciales estadounidenses; 7) tiende
a la supremacía creciente de sus regulaciones y tiene implicaciones importantes
para las economías menos desarrolladas; y 8) debilita la capacidad de los
grupos de abogacía para mantener altos índices de salud y seguridad, de normas
ambientales y laborales. La administración Clinton reabrió estos temas al
escrutinio y debate público, al comprometerse a negociar los acuerdos
paralelos.
El
movimiento ambientalista en Canadá: los casos del ALCEUC y el TLCAN
El movimiento ambientalista
canadiense siempre ha trabajado en coaliciones, al menos en su interior, y las
negociaciones del ALCEUC y el TLCAN no fueron la excepción. La mayoría de los
ambientalistas canadienses aumentaron paulatinamente su preocupación por los
posibles impactos ambientales del ALCEUC. Se opusieron a una declaración del
ministro federal de Comercio Internacional, John Crosbie, en el verano de 1987:
El tratado de libre comercio es
un acuerdo comercial entre los dos socios comerciales más grandes del mundo. No
es un acuerdo ambiental. El ambiente, no es por tanto, materia de
negociaciones; ni se incluirán asuntos ambientales en el texto del acuerdo.
Esta declaración contradijo el
compromiso del gobierno canadiense con el informe de la World Commission on
Environment and Development (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo) (Bruntland, 1987) para integrar la toma de decisiones en materias
económica y ambiental que produjera cambios sustantivos en las políticas. Los
ambientalistas consideraron este hecho como la evidencia de que se requeriría
una fuerte presión para lograr que los gobiernos mantuvieran su nuevo
compromiso con el desarrollo sustentable.
Poco después de la publicación
del texto final, la Canadian Environmental Law Association produjo un análisis
del ALCEUC titulado "Selling Canada's Environment Short: The Environmental
Case Against the Trade Deal"
("Vendiendo barato el medio ambiente de Canadá: El caso ambiental contra
el Acuerdo Comercial"). El documento describió las implicaciones
perjudiciales del ALCEUC, y para agosto de 1988, más de 90 grupos
ambientalistas de todas las regiones de Canadá habían suscrito el análisis de
CELA. La coalición de los grupos ambientales lanzó una campaña contra el ALCEUC
sin precedentes por su tamaño y alcances. Los logros alcanzados por los
ambientalistas canadienses ayudaron a estimular un debate internacional serio
sobre las consecuencias ambientales de la política comercial. Este debate
abarcó al TLCAN, a la Ronda Uruguay del GATT, a la United Nations Conference
on Environment and Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo), y al OECD Working Group on Trade and
Development (Grupo de Trabajo de la OECD sobre Comercio y Desarrollo).
Principales
organizaciones ambientalistas el debate comercial
Las principales organizaciones
ambientalistas canadienses en el debate comercial durante las negociaciones del
TLCAN fueron Pollution Probe y la CELA. Ambas son miembros de la Canadian
Environmental Network, que es una organización no gubernamental y no lucrativa
que incluye a más de 2,000 grupos ambientalistas en el país. Debido a que su
papel es facilitar la comunicación y la interacción entre grupos, ha mantenido
neutralidad sobre los temas en debate. La preocupación sobre las implicaciones
ambientales nocivas del ALCEUC fue aumentando en las reuniones del Caucus de la
CEN y abarcó un rango amplio de temas, incluyendo los estudios sobre impacto
ambiental, bosques, agua y pesticidas. Su International Affairs Caucus fue
creado en 1990, y dentro de él, el Alternative Economics and Trah Working Group
(Grupo de Trabajo sobre Economía y Comercio Alternativos) analizó las
implicaciones ambkdes de los acuerdos comerciales, incluyendo el TLCAM.
Pollution Probe participó en el
grupo asesor de comercio del gobierno federal, con un representante en el
Energy and Chemical SAGIT (SAGIT sobre Energía y Química), y desde julio de
1992 como miembro del International Trade Advisory Committee (Comité Asesor
sobre Comercio Internacional). Pollution Probe, CELA y Common Frontiers
escribieron un documento conjunta (PProbe, CELA y Common Frontiers, 1991) que concluyó
que los temas ambientales deberían ser integrados en la formulación de
políticas comerciales para asegurar el desarrollo sustentable. Pollution Probe
fue el grupo canadiense líder, junto con NWF, en la propuesta de salvaguardas
ambientales para ser incluidas en el TLCAN (PProbe y NWF, 1992).
Las principales organizaciones
ambientalistas en el debate del TLCAN suscribieron la "Binational
Statement on Environmental Safeguards" ("Declaración Binacional sobre
Salvaguardas Ambientales"), el 28 de mayo de 1992, que debería
incorporarse al TLCAN[25] (Binational Statement, 1992). Únicamente Energy Probe, un think-tank
independiente, consideró el libre comercio como una oportunidad para mejorar
los niveles ambientales canadienses y vio al ALCEUC como una oportunidad para
terminar con los subsidios en el sector energético.
La Canadian Environmental Law
Association, un grupo ambiental de interés público fundado en 1970 y
actualmente financiado por el Ontario Legal Aid Plan (Plan de Ayuda Legal de
Ontario), fue el catalizador en el debate del libre comercio al proporcionar el
principal análisis legal ambiental sobre el que los grupos ambientales
canadienses se organizaron frente al ALCEUC (CELA, 1988 y 1991), el GATT (CELA,
1990) y el TLCAN (CELA, 1993). CELA es un miembro de la Ontario Coalition for
Social Justice (Coalición de Justicia Social de Ontario) −originalmente Coalition Against Free Trade− y de la Action Canada Network.
Greenpeace desarrolló estrategias
en los ámbitos internacional y continental para oponerse a las agendas
políticas y económicas del ALCEUC, el TLCAN, el GATT, el FMI, y el Banco
Mundial que afectarían al medio ambiente (Greenpeace, 1993). La Rawson Academy
of Aquatic Sciences, una red informal de científicos preocupados por las
amenazas al ecosistema acuático de Canadá, se involucró en el debate del libre
comercio en lo relacionado con las exportaciones de agua dulce a los Estados
Unidos. Cultural Survival Canada insistió que los acuerdos comerciales deberían
proteger las culturas indígenas y el ambiente natural donde habitan, y trabajó
con grupos ambientalistas como CEN, CELA, Pollution Probe y Rawson Academy of
Aquatic Sciences. Sierra Club of Canada y Friends of the Earth Canada empezaron
a participar hacia el final de las negociaciones del TLCAN.
Posiciones
ambientalistas frente al TLCAN y la CCA
Las posiciones ambientalistas
canadienses frente al TLCAN y a la Comisión de Cooperación Ambiental de América
del Norte (CCA) pueden sintetizarse por medio de los documentos de Pollution
Probe y CELA. Janine Ferretti, anterior directora ejecutiva de PProbe,
conjuntamente con Steward Hudson, director de la Oficina Internacional de la
U.S. National Wildlife Federation (Federación Nacional para la Naturaleza de
Estados Unidos), propusieron las siguientes siete salvaguardas ambientales para
que fueran incluidas en el texto del TLCAN (PProbe y NWF, 1992):
1. Debería existir un compromiso explícito por parte de los
firmantes de que el TLCAN impulsará un desarrollo ambientalmente sustentable y
socialmente equitativo, que garantice mejores condiciones para las generaciones
futuras que aquellas que disfrutamos actualmente.
2. Las excepciones actuales del GATT contenidas en los artículos
XX(b) y XX(g) no deberían incluirse en el TLCAN porque son inadecuadas para
enfrentar conflictos potenciales en materia comercial-ambiental. Deberían
redactarse excepciones generales en el TLCAN para salvaguardar políticas
ambientales legítimas y aclarar que el TLCAN no puede ser usado para socavar
medidas de protección ambiental.
3. Las condiciones para establecer estándares armonizados o
equivalentes entre los firmantes del TLCAN no deberían debilitar directa o
indirectamente los estándares ambientales internos de cualquier municipio,
provincia o país. La armonización de estándares debería ser vista como el
"piso", en lugar del "techo". Las jurisdicciones deberían
establecer estándares más rigurosos para enfrentar preocupaciones ecológicas
específicas o únicas.
4. Deberían incluirse en el TLCAN condiciones de salvaguardas
adecuadas para prevenir el cuestionamiento de acciones destinadas a establecer
efectivamente acuerdos internacionales. La obligación de un país bajo esos
acuerdos y el derecho de llevar a cabo acciones justificadas para poner en
práctica efectivamente esas obligaciones deberían ser garantizados
explícitamente en el TLCAN, aun si otros firmantes son parte o no de tal
acuerdo.
5. Deberían incluirse condiciones para garantizar que el
proceso de solución de controversias del TLCAN genere resultados ambientales
benéficos, en lugar de minar los esfuerzos para la protección ambiental. Para
asegurar que las decisiones del panel estén informadas, las provisiones del
TLCAN deberían garantizar la participación de expertos ambientales en el
proceso de solución de controversias, y asegurar la transparencia y la
participación pública.
6. Con el fin de garantizar la internalización de costos
ambientales, deberían llevarse a cabo medidas para asegurar que las
consecuencias ambientales del TLCAN, incluyendo la inversión, sean
consideradas. Deberían agregarse provisiones al TLCAN que requieran la
aplicación de criterios ambientales a la nueva inversión, tales como el
requerimiento del uso de la mejor tecnología disponible, y que garanticen el
derecho público a la información sobre el uso de materiales peligrosos en los
procesos de producción.
7. Las condiciones en una cláusula de anexión contenida en el
TLCAN que guíen a otros países que pretendan formar parte del TLCAN, deberían
reflejar las preocupaciones ambientales. Estas condiciones deberían incluir
como requerimiento que las investigaciones de impacto ambiental sobre la
extensión de las provisiones del TLCAN a un país dado o conjunto de países,
sean conducidas en una etapa inicial del proceso de negociaciones.
Michelle Swenarchuk, directora
ejecutiva de CELA, coordinó un análisis legal sobre las implicaciones
ambientales del TLCAN y preparó un reporte final para el Ministerio de Medio
Ambiente y Energía de Ontario (Swenarchuk, 1993:131), en el que hizo las siguientes
observaciones:
1. El TLCAN perpetúa los problemas ambientales del ALCEUC y crea
algunos nuevos.
2. A pesar de que proporciona protección parcial a las acciones
comerciales tomadas de conformidad con tres acuerdos ambientales
internacionales, la protección es limitada.
3. El acuerdo no evita que los países reduzcan los estándares
ambientales o su ejecución para atraer inversiones.
4. El TLCAN no resuelve los problemas relacionados con las
estrategias para la conservación de los recursos que derivan de los
requerimientos del trato nacional, la "cláusula de la
proporcionalidad", y las decisiones del panel comercial del GATT y el
ALCEUC. Estas barreras a las políticas de conservación afectan a todos los
recursos canadienses incluyendo el agua.
5. El acuerdo instituye una nueva aproximación al
establecimiento de estándares ambientales diferente de las prácticas actuales
en Canadá y Ontario. Muchos estándares son establecidos por cuerpos
internacionales sin responsabilidad social, y no existen en el TLCAN las
condiciones para que se dé la participación pública en el proceso. Los derechos
de los gobiernos nacionales y provinciales para establecer estándares más
estrictos son limitados. El TLCAN codifica pruebas usadas en paneles
comerciales previos (tales como la prueba de "necesidad"), que han
derivado en la disminución de estándares ambientales.
6. Los requerimientos de notificación y consulta para los
gobiernos federal y de Ontario pueden tener implicaciones de recursos
considerables.
7. Las disputas de subsidios entre Canadá y los Estados Unidos
no están consignadas o resueltas en el TLCAN.
8. Los procesos de solución de controversias en el TLCAN son
secretos y no proporcionan ningún derecho de acceso a los gobiernos
provinciales ni al público.
El TLCAN fue negociado por la
administración Bush, pero la propuesta del gobierno de Clinton fue favorecer la
aprobación del TLCAN con acuerdos paralelos sobre temas laborales y
ambientales. Tanto en Canadá como en México y los Estados Unidos, los grupos
ambientalistas contribuyeron con observaciones a esta segunda etapa de
negociaciones.
La ambientalista canadiense
Janine Ferretti, directora ejecutiva de Pollution Probe, propuso una Comisión
de Cooperación Ambiental de América del Norte con poderes para: intervenir en
la actuación ambiental de los tres países, investigar quejas ciudadanas,
asegurar la aplicación de leyes ambientales internas y acuerdos
internacionales, monitorear problemas emergentes, y facilitar la transferencia
de tecnologías y el acceso a fondos para la protección ambiental. También
propuso que es comisión tuviera funciones relacionadas con las provisiones
ambientales del TLCAN y que se involucrara en los procesos del panel de
solución de controversias bajo el acuerdo (Ferretti, 1993).
La mayoría de los ambientalistas
canadienses consideraron que la comisión propuesta no podría resolver los
problemas ambientales causados por el TLCAN. En una carta dirigida a Michael
Wilson, entonces ministro de Comercio Internacional, ochenta grupos ambientalistas
canadienses, con la participación de CELA, se opusieron al acuerdo paralelo y a
la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte:
La negociación de los acuerdos
paralelos y el establecimiento de la Comisión representan una pantalla de humo,
que pretende encubrir el hecho de que los objetivos de la política comercial
del TLCAN son incompatibles fundamentalmente con los objetivos ambientales [...] La
creación de una nueva burocracia ambiental para dirigir y comentar las
consecuencias ambientales desastrosas del TLCAN, como se describe en el texto,
no es de utilidad. Dado el contenido del TLCAN, no es posible que una Comisión
corrija sus problemas ecológicos fundamentales (CELA et al., 1993).
Los acuerdos paralelos contienen
pocos elementos propuestos por los ambientalistas canadienses y sus
contrapartes estadounidenses y mexicanos (Gallardo, 1993). En su primer año de
operación, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte[26] se centró principalmente en desarrollar sistemas de información, una
biblioteca, bases de datos sobre derecho ambiental en los tres países, e
indicadores ambientales. El programa y las actividades de la CCA están
dirigidos por un Consejo de Ministros del medio ambiente y tiene un Comité
Consultivo Público Conjunto con cinco representantes de cada país. El ACAAN
estableció dos canales para presentar denuncias sobre la falta de aplicación de
las leyes ambientales.[27] Las denuncias públicas o no gubernamentales se limitan al primer canal,
que concluye con la preparación de un expediente de hechos para los ministros,
y tarda por lo menos dos años terminarlo.
A la fecha, sólo dos peticiones
han sido aceptadas: el caso sobre la muerte masiva de aves migratorias en la
presa Silva en México y la construcción de un muelle en la isla Cozumel. Dos
peticiones presentadas por organizaciones estadounidenses no fueron aceptadas
para su revisión porque implicaban acciones del Capitolio que suspendían la
aplicación de leyes existentes en los Estados Unidos. La comisión dictaminó que
no tenía el mandato para investigar las acciones del Congreso, aun si se
pretendía disminuir la protección ambiental. El papel de la CCA está limitado
al intercambio de información y a la cooperación.
Los grupos ambientalistas
canadienses estuvieron de acuerdo en que la firma del TLCAN, a pesar de ser el
acuerdo comercial "más verde" hasta la fecha, aceleró las presiones
para la desregulación. Ahora están preocupados por mantener, tanto como sea
posible, la actual estructura de regulación ambiental frente a las fuertes
presiones corporativas (CCPA et al., 1996).
Reflexiones
finales
En los años sesenta y setenta
hubo un crecimiento extraordinario de los nuevos movimientos sociales tales
como los de ambientalistas, de la mujer, de derechos civiles, y en favor de la
paz, en los países altamente industrializados. Han tenido un fuerte impacto en
la sociedad y han desarrollado nuevas formas de acción política y social.
La teoría de los nuevos
movimientos sociales (Touraine, 1983 y 1977; Melucci, 1989; Habermas, 1989)
concibe los nuevos movimientos sociales como una respuesta a nuestros tiempos.
Considera que los sistemas políticos y sociales son cada vez más tecnocráticos
y burocráticos, restringiendo la libertad individual y minando la calidad de
vida. El sistema de valores del statu quo cree que el progreso social
continúa y que el bienestar material puede seguir creciendo. Frente a esta
situación, los nuevos movimientos sociales han tenido más interés en cambiar
los valores sociales que en modificar o influir a los gobiernos. Esta teoría
también hace una fuerte distinción entre el movimiento laboral −que en la perspectiva marxista dominante era el agente
principal del cambio social− y los nuevos movimientos sociales que son percibidos
como más participativos y menos materialistas. Considera que el sector laboral
ha entrado a la estructura social burocratizada y ya no tiene la capacidad de
ser el líder del cambio.
La experiencia canadiense en la
década pasada contradice parte de este enfoque. El movimiento laboral ha sido
un líder de las luchas por el cambio social. Ha tenido un apoyo creciente de
los trabajadores canadienses, en todos los sectores, por una perspectiva de
"sindicalismo social". Ésta considera que los sindicatos deberían ser
activos en un amplio espectro de temas en coalición con otros grupos de
movimientos sociales, como lo muestran los procesos del ALCEUC y el TLCAN. En
oposición a los postulados de la teoría de los nuevos movimientos sociales, en
Canadá éstos han dedicado gran parte de su tiempo a actividades de abogacía
para cambiar políticas gubernamentales. Pero a diferencia de los partidos
políticos, no se han restringido sólo al cambio político sino que también han
buscado el cambio de los valores sociales.
Una de las fortalezas de los
nuevos movimientos sociales ha sido su definición amplia de política. El
trabajo para cambiar los valores sociales y la opinión pública ayuda a crear la
presión y el espacio políticos para que los gobiernos actúen; y la promoción de
los cambios en las políticas gubernamentales sirve para educar y politizar a la
gente de la sociedad civil. Las coaliciones que permanecen juntas y aprenden de
la experiencia de trabajar unidas en temas diversos experimentan el fortalecimiento
de su actividad política. La Action Canada Network fue un buen ejemplo de una
coalición que tuvo la capacidad de mantener un nivel de interacción entre sus
grupos multisectoriales, que cambió sus concepciones por medio de su
movilización frente ALCEUC y al TLCAN. En este contexto, el éxito del
movimiento ambientalista canadiense y sus contrapartes mexicana y
estadounidense, fue su contribución para lograr que los gobiernos reconocieran
públicamente la existencia de implicaciones mutuas entre la integración
comercial de América del Norte y la naturaleza global de los problemas
ambientales.
Los temas tradicionales de las
negociaciones gubernamentales de comercio internacional fueron sobrepasados por
las demandas ambientales y sociales de un nuevo movimiento trinacional. Por
primera vez, los grupos ambientalistas se movilizaron con firmeza para influir
en la política de comercio internacional de sus gobiernos, hasta entonces fuera
del alcance de la ciudadanía. El resultado más importante del TLCAN, desde la
perspectiva de la sociedad civil, fue el surgimiento de grupos y coaliciones
ambientalistas, así como redes multisectoriales en los tres países, y la
conformación de alianzas trinacionales con el objetivo de tener acceso a la
información y a participar en la toma de decisiones tanto del proceso de
negociaciones como de la ejecución del acuerdo.
Las organizaciones ecologistas
consideraron al ACAAN como una oportunidad para influir en la formulación de
políticas ambientales trinacionales. No obstante, sus propuestas fundamentales
no fueron incorporadas: mínimos ambientales, procesos productivos limpios,
protección a los recursos naturales, e internalización de costos ambientales.
Afirmaron que el ACAAN no establece obligaciones nuevas sobre la conservación
de recursos naturales, la agricultura sustentable, la prevención o reducción de
la contaminación, la eliminación o el control de tóxicos, la salud y seguridad
de los trabajadores y ciudadanos en general, ni pleno acceso del público a la
información relacionada con el medio ambiente. Además, toda obligación se
limita al territorio de las partes, excluyendo aquellos problemas comunes a los
tres (como el aire y los océanos).
Un logro importante del debate
sobre el ACAAN es que se reconoció la necesidad de plantear la constitución de
un régimen ecológico regional que esté asociado a las pautas de desarrollo
imperantes. Asimismo, fue particularmente significativo porque planteó
problemas de manejo ambiental cuya solución exige la acción coordinada de los gobiernos
y de las organizaciones sociales interesadas en los problemas ecológicos, con
la perspectiva de lograr un desarrollo sustentable en toda el área de América
del Norte.
Acrónimos
|
ACAAN |
Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte |
|
ACN |
Action Canada Network (Red
Canadiense de Acción) |
|
ALCEUC |
Acuerdo de Libre Comercio de
Estados Unidos y Canadá |
|
BCNI |
Business Council on National
Issues (Consejo Empresarial de Asuntos Nacionales) |
|
CCA |
Comisión de Cooperación
Ambiental de América del Norte |
|
CCPA |
Canadian Center for Policy
Alternatives (Centro Canadiense de Políticas Alternativas) |
|
CELA |
Canadian Environmental Law
Association (Asociación Canadiense sobre Ley Ambiental) |
|
CEN |
Canadian Environmental Network
(Red Ambiental Canadiense) |
|
COC |
Council of Canadians (Consejo
de Canadienses) |
|
FOEC |
Friends of the Earth Canada
(Amigos de la Tierra Canadá) |
|
GATT |
General Agreement on Tariffs
and Trade (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) |
|
IAC-CELA |
International Affairs Caucus,
Canadian Environmental Law Association (Grupo de Asuntos Internacionales,
Asociación Canadiense sobre Ley Ambiental) |
|
FMI |
Fondo Monetario Internacional |
|
NTFEE |
National Task Force on
Environment and Economy (Grupo de Trabajo Nacional sobre Medio Ambiente y
Economía) |
|
NWF |
National Wildlife Federation
(Federación Nacional para la Naturaleza) |
|
PAN |
Partido Acción Nacional |
|
PCN |
Pro-Canada
Network (Red Pro-Canadá) |
|
PProbe |
Pollution Probe (Investigación
sobre Contaminación) |
|
RMALC |
Red Mexicana de Acción frente
al Libre Comercio |
|
TLCAN |
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte |
|
TWS |
Temagami Wilderness Society
(Sociedad Temagami para la Naturaleza) |
|
UNCED |
United Nations Conference on
Environment and Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Ambiente y el Desarrollo) |
|
WCWC |
Western Canada Wilderness
Committee (Comité para la Naturaleza de Canadá Occidental |
Bibliografía
Altmeyer,
George (1976), "Three Ideas of Nature in Canada, 1893-1914",
Journal of Canadian Studies, vol. XI, núm. 3, agosto.
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