Las organizaciones
de la sociedad civil en México: modalidades del trabajo y el empleo en la
prestación de servicios de proximidad y/o relacionales
Civil society
organizations (cso) in Mexico: working modalities and
employment in proximity and/or relational services
Cristina Girardo*
Prudencio Mochi**
Abstract
This
research addresses characteristics of the nonprofit sector taking as a
reference the social economy theoretical framework and as analytic categories
the definitions of activity, employment and work. According to this, we provide
information about work and employment figures generated by proximity and
relational services. We analyze a set of assets related to the generation of
employment in this sector. This research offers knowledge in a scantly studied
sector, and much less visualized neither from the academy nor the state sector.
Keywords: employment, activity, work, civil society
organizations, proximity and/or relational services, social economy.
Resumen
Este
trabajo aborda las características del sector sin fines de lucro, tomando como
referencia el marco teórico de la economía social y como categorías analíticas
las definiciones en torno a actividad, trabajo y empleo. Se brinda información
respecto a las modalidades de trabajo y empleo que se generan por la prestación
de servicios de proximidad y/o relacionales. Se analizan un conjunto de activos
que se relacionan con la generación del empleo en este sector. Se aporta con
esta investigación al conocimiento del sector en un ámbito poco estudiado,
tanto en la academia como en el sector público.
Palabras clave: empleo, actividad, trabajo,
organizaciones de la sociedad civil, servicios de proximidad y/o relacionales,
economía social.
*El Colegio Mexiquense, a.c.,
México. Correo-e:
c.girardo@hotamil.com.
**Universidad Nacional Autónoma de México,
México. Correo-e: mochiprudencio@gmail.com.mx.
Introducción
En
México, investigadores de distintas áreas han mostrado interés en el estudio
del sector sin fines de lucro, que también ha sido llamado tercer sector,
privado social, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales, economía solidaria, entre otros nombres. Sin embargo,
todavía existen algunos aspectos asociados que permanecen casi inexplorados en
los análisis de algunos académicos. Tal vez por tratarse de un ámbito percibido
de manera muy confusa en el sistema de cuentas nacionales de México (scnm) en cuanto al valor bruto de la
producción (vbp), el valor agregado
bruto (vab), la remuneración de
asalariados (rs), la formación
bruta de capital fijo (fbcf)
y el personal ocupado (po)
–como lo que es propio de la actividad mercantil lucrativa–, no encontramos,
por ejemplo, investigaciones que abordan el empleo o las oportunidades de
trabajo que se generan en este ámbito. Hablamos de un sector en crecimiento
durante estos últimos años, con una notable participación de ciudadanos y una
pujante contribución al bienestar de la gente.
En
este trabajo pretendemos dar cuenta de las modalidades de trabajo y empleo que
se generan por la prestación de servicios de proximidad y/o relacionales,
brindados por el sector sin fines de lucro en México. Algunos interrogantes que
se plantean son: ¿cuáles son las peculiaridades que distinguen a las
organizaciones que forman parte de este sector?, ¿en qué esfera de la economía
podemos situar sus actividades?, ¿qué clase de bienes y servicios son
producidos y distribuidos según las reglas propias de algunas de las
organizaciones sin fines de lucro?, ¿a qué población atienden?, ¿cuáles son las
modalidades del trabajo y del empleo en estas organizaciones? Para
responderlos, nos detenemos primero a analizar algunas categorías analíticas
que servirán como referente y marco teórico al análisis del trabajo en el
sector. Luego damos cuenta de algunos resultados de la investigación titulada
“El empleo y sus modalidades en las organizaciones de la sociedad civil”,
financiada por el Conacyt (2007-2009). El objetivo de
esa investigación consistió en aportar un análisis cuantitativo y cualitativo
de los recursos humanos que laboran en las organizaciones de la sociedad civil
(osc) en
México, con referencia especial a su evolución reciente y a las expectativas de
crecimiento de las propias entidades. Para ello se diseñó una encuesta mediante
la aplicación de un cuestionario semiestructurado
entre funcionarios (directivos) y personal de las osc. Diseñamos una muestra
proporcional y estratificada por cada estado del país. Para aplicar la
entrevista dentro de cada estrato (el estado) no consideramos el tipo de
organización (fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia
privada u otras), sino que se aplicó de manera aleatoria y sólo se sujetó a que
los convocados contestaran los correos electrónicos y/o las llamadas
telefónicas.
El
ámbito contemplado fue nacional; el periodo de levantamiento de la encuesta se
ubicó entre el 26 de junio y el 14 de agosto del 2007 en casi todos los estados
de la República Mexicana.[1]
La
mayor parte de los entrevistados respondió la encuesta por correo electrónico
y, cuando así lo prefirieron sólo algunos, por teléfono. El marco muestral quedó constituido mediante el Directorio de
Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil para
obtener la clave única, conocida como Cluni. El
registro está a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), del que formaban parte al momento del
levantamiento de la encuesta 6,826 organizaciones. En total, trabajamos con
1,078 casos como muestra.
1. Características del sector sin fines de lucro
La
creciente importancia del sector no lucrativo en México nos obliga a acotar con
algunos criterios delimitadores lo que entendemos por este sector y qué tipo de
organizaciones incluye. El conjunto de ellas constituye un universo heterogéneo
y diverso dentro del cual se puede distinguir una tipología variada en lo
político, social e ideológico. Por esta diversidad es difícil encontrar un
contenido normativo común (Mochi, 2003). En realidad,
la amplia heterogeneidad de los actores que participan y trabajan en este
sector, así como la ausencia de normativas nacionales que uniformen, tipifiquen
y regularicen esta categoría, impiden la formalización de una definición
unívoca.
Una
breve revisión de las ciencias sociales en general y de la economía en
particular (Ackeman, 1996) pone de manifiesto la
dificultad que entraña, desde el marco teórico conceptual (Donatti,
1996; Girardo, 2003, 2005, 2007; Olvera, 1999), el
análisis de un sector asentado en el principio de no lucrar. Sin embargo
y a pesar de estos límites, se han realizado magníficas aproximaciones teóricas
(Weisbord, 1991) y empíricas (Clot-feler,
1992) a este sector institucional, que tiene una notable y creciente presencia
en ciertas actividades económicas, sociales y culturales, además de efectos
significativos sobre la eficiencia y la equidad.
Una
característica peculiar de las osc es
su pertenencia a una dimensión institucional poco común: lo público no
estatal (Bresser y Cunill,
1998). Estas organizaciones actúan como sujetos en nombre del bien público. Son
expresión de la ciudadanía activa. La innovación que más destaca es que
introducen, dan forma (política y organizativa) a un cambio en las estrategias
de la ciudadanía. Va más allá de la tradicional dicotomía entre lo público y lo
privado, supera la coincidencia entro lo público y el Estado, a la vez que
redefine esas nociones. Para distinguir lo público de lo estatal y de lo
corporativo, entendido como algo que es de todos y para todos, se lo opone en
este sentido tanto a lo privado (volcado al lucro o al consumo) como a lo
corporativo (orientado a la defensa política de intereses sectoriales: partidos
políticos y sindicatos) (Girardo, 2003). Las instituciones que componen este sector son las
organizaciones no gubernamentales (ong), las asociaciones, las organizaciones de base o
de apoyo, de defensa de los derechos, las organizaciones ciudadanas;
instituciones de asistencia privada, asociaciones de vecinos, fundaciones;
organizaciones de tipo cultural, de matriz religiosa, deportivas y de
esparcimiento; urbanas territoriales, de comunidades indígenas, de estudios y
análisis políticos; entre muchas más. Se las denomina tercer sector,
economía solidaria, organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales,
instituciones de asistencia privada, sin fines de lucro, de promoción social y
desarrollo, organizaciones civiles… Y si bien no todas estas expresiones
significan lo mismo, sí expresan la necesidad de acotar una realidad
específica: representar a organizaciones que buscan el bienestar de las
personas, por medio de sus acciones o de su injerencia en la construcción de la
agenda pública.
Una segunda peculiaridad que las distingue respecto
de los otros sectores —Estado y mercado—, es que las organizaciones empeñadas
en erogar servicios a la comunidad satisfacen necesidades asociadas con valores
de uso no monetario, y en general se trata de bienes relacionales intangibles (Caselli, 1998; Donatti, 1996; Fiorentini, 1997) cuyas necesidades el Estado no siempre es
capaz de atender, o mejor dicho, de comprender dadas sus características
novedosas, ajenas a la dinámica de las necesidades comunes (más universales)
que generalmente el Estado atiende mediante las políticas del Estado de
bienestar. Las osc colocaron en la agenda –mucho antes que
el Estado social– políticas públicas para combatir problemas ligados con la
atención a la violencia intrafamilar, a los temas del
consumo de drogas, de la discapacidad o de la migración, entre muchos otros
más.
Una
tercera característica distintiva son los recursos de que disponen estas
organizaciones, tanto financieros como humanos. Se trata de las donaciones
(provenientes de la cooperación internacional, nacional y de ciudadanos), así
como de los recursos humanos voluntarios, sin paralelo en la empresa privada y
en la administración pública. Esta distinción les permite, al menos en teoría,
que puedan disponer de recursos ilimitados, siempre que estén en condiciones de
saber y poder atraer suficientes donativos o trabajo voluntario (Fiorentini, 1997). Asimismo, a estos beneficios se suma el
hecho de que últimamente en México muchas organizaciones han venido
experimentando nuevas formas de autosustentabilidad,
merced a la prestación de servicios (venta de productos, tiendas solidarias,
comercio justo), sobre todo, muchas de ellas están recibiendo financiamiento
del gobierno como una forma de corresponsabilidad para gestionar servicios.
Esto aporta trabajo remunerado para la consecución de metas que nutren el bien
general o el interés común.
Pero,
fundamentalmente, una peculiaridad que las distingue de los demás sectores son
los ideales y la motivación de las personas que integran tales organizaciones,
pues constituyen prerrequisitos indispensables para ingresar al sector. Sin embargo,
estos ideales ya no son suficientes para garantizar de manera eficiente el
éxito y la continuidad de las osc. La experiencia demuestra que las organizaciones
necesitan contar con el valor agregado en términos de competencias concretas,
transparencia y rendición de cuentas que les permitan legitimar sus acciones
frente a otros ciudadanos y a las instituciones.
Las
peculiaridades descritas no pretenden eximir del análisis una visión más
integral de estas organizaciones, en la que es necesario señalar aspectos que
contradicen la tendencia de identificar a las osc sólo como entidades honestas, justas y transparentes. Por
una parte, podemos señalar que existen organizaciones racistas,
antidemocráticas o fundamentalistas, así como otras que atentan contra los
derechos de los grupos sociales y políticos, lo que redunda en un capital
social negativo. También las debilidades que enfrentan estas organizaciones
para su funcionamiento las condicionan para alcanzar metas de eficiencia,
continuidad a largo plazo, transparencia, entre otras. Entre estas debilidades
se cuentan: la incertidumbre sobre la capacidad de financiamiento que
condiciona la supervivencia de la organización y la realización de muchos
proyectos, con una visión de más largo alcance; el protagonismo otorgado en
muchas ocasiones a los líderes fundadores, a quienes se les conceden atributos
que minan la democracia dentro de las mismas organizaciones; la poca o nula
inversión en profesionalización de sus miembros; la incorporación de procesos
de rendición de cuentas, entre muchos más. En síntesis, de este universo tan
heterogéneo surge un sector que debe ser entendido en su segmentación,
heterogeneidad y diversidad en múltiples aspectos.
2. La noción de potencialidad como conjunto de activos
Esta
noción de potencialidad como conjunto de activos (Guadarrama y Girardo, 2008) incorpora el principio de que las
organizaciones pueden convertirse en generadoras de empleo a medida que
satisfagan necesidades sociales. La noción de activo implica que toda organización
existe en la medida de unos fines determinados; es relativamente permanente,
reconoce una división de tareas, y tiene reglas de funcionamiento (Selznick, 1996), lo que se interpreta en el sentido
propuesto por Cabin (1999) al señalar que las organizaciones
existen cuando cuentan con algún tipo de estructura, recursos y un sistema de
gestión. El conjunto de activos articula las posibilidades y limitaciones de
las organizaciones para ser sustentables y eficientes en la consecución de sus
objetivos; también su importancia en la generación de empleo.
En
una primera exploración (Guadarrama y Girardo, 2008)
se consideraron como activos en la generación de empleo los siguientes:
• La modalidad de adscripción del personal
voluntario o remunerado.
• El tipo de contratación del personal:
permanente, por tiempo determinado, por trabajo provisional, por cuenta propia,
voluntario, remunerado.
• La formalidad o informalidad del empleo.
• El perfil profesional del trabajador.
• El tipo de actividad profesional que
desarrolla.
• La capacitación, el entrenamiento del personal y
los servicios que brindan.
• Los soportes financieros que limitan o
incentivan distintas modalidades de empleo.
3. La economía solidaria como marco de referencia
En
muchos países, sobre todo europeos –y ahora cada vez más en México y en otros
de América Latina–, se habla de economía solidaria para en-globar
las actividades llevadas a cabo por este sector, cuyo objetivo es la
satisfacción de un interés general o mutuo, de contribución al bien común o de
respuesta a demandas sociales expresadas por ciertas categorías de la
población. Este concepto –por cierto, mucho más amplio que el término no
lucrativo– abarca una gran cantidad de organizaciones en forma de
cooperativas, mutuales, empresas sociales, cuya frontera no está delimitada por
el hecho de ser clasificadas con o sin fines de lucro, sino porque
privilegian la constitución de un patrimonio colectivo en relación con el
retorno sobre la inversión individual. En este sentido, el término tercer
sector usado por la cultura anglosajona (Salomón y Anheimer,
1997, 1998) toma como referencia el criterio de no redistribución como eje de
clasificación de las organizaciones que entran en este archipiélago, excluyendo
cooperativas, mutualidades y muchas otras experiencias vinculadas con economías
comunitarias.[2] Para nuestro trabajo y al
considerar el valor económico y social de los servicios que producen las osc en general, se puede considerar que las
mismas llegan a ser ubicadas en el sector de actividad económica perteneciente
a la economía solidaria (Guadarrama y Girardo, 2008).
Aunque cabe aclarar que no hemos considerado en esta primera fase de la
investigación el estudio de las cooperativas, ni de las mutuales o de las
empresas sociales y comunitarias en sentido amplio. Tampoco hemos considerado
otras actividades que se incluyen en la economía
solidaria y que son, por ejemplo, el comercio justo, algunas actividades de microfinanciamiento, la promoción y el desarrollo de
energías renovables, las actividades de promoción y aplicación del software
libre, las ferias comunitarias, la agricultura biológica, el ecoturismo, entre
otras.
Los
servicios que las organizaciones examinadas en este trabajo realizan se
orientan principalmente a la prestación de servicios que procuran el bienestar
del otro (atención a ancianos, niños de la calle, enfermos, discapacitados;
profesionalización de ciertos sectores, empoderamiento y formación de
liderazgos, entre algunos de los muchos identificados). Analizamos esto bajo el
concepto de servicios de proximidad y/o relacionales, descritos a continuación.
4. Los servicios de proximidad o de relacionalidad
Si
bien los servicios denominados de proximidad y/o relacionalidad
(Laville, 2004; Donatti,
1996) no constituyen aún un sector identificado y constituido en México, se
puede apreciar que la combinación de recursos y los servicios que proveen las
organizaciones civiles se pueden asociar con las características que asume ese
sector en otros países, particularmente europeos,[3]
y que el concepto comienza a escucharse en el país, sobre todo en el ámbito de
los estudios y programas de economía solidaria.
Estos
servicios de proximidad[4] pueden definirse como
“aquellos que a partir de un impulso de reciprocidad, operan una construcción
conjunta de la oferta y la demanda cuya consolidación pasa por la combinación
con los principios del mercado y la redistribución” (Lavillle,
2004: 43).
Este tipo-ideal de servicios se caracteriza por
crearse y consolidarse entre diferentes tipos de recursos: mercantiles, no
mercantiles y no monetarios. Asimismo, se les concibe como una inclinación de
reciprocidad que permite una construcción conjunta de la oferta y la demanda
por medio de espacios públicos de proximidad. Esta categoría de servicios de
proximidad no se restringe a servicios sociales de tipo asistencial; el rubro
se puede definir como servicios que responden a necesidades personales o
colectivas, basados en una relación de proximidad objetiva o subjetiva,
referidos al espacio o tiempo, así como a la subjetividad de los actores. La
proximidad puede adoptar forma de colonia o de municipio, ya que los servicios
se brindan en lugares restringidos y responden de manera oportuna a la demanda
de los usuarios, aunque no se confunde con la colonia y/o el municipio, sino
que la proximidad se define por el hecho de que es sentida, experimentada e
interiorizada por los actores (dimensión relacional del servicio, marcada por
la relación directa entre el proveedor del servicio y quien lo recibe), y no por
referencia al territorio (Laville, 2004: 39).
Encontramos la innovación en cuanto que estos
servicios de proximidad se apoyan en el principio de reciprocidad, que es un
principio de comportamiento económico distinto al del mercado y la
redistribución. El recurso al mercado y la distribución en el funcionamiento de
las instituciones microeconómicas aumentan el impulso de reciprocidad. Se
refiere así una articulación permanente entre la reciprocidad, el mercado y la
redistribución. Este híbrido confiere márgenes de maniobra suplementarios, lo
que mejora la accesibilidad a los servicios y reduce los costos tanto para el
usuario como para las finanzas públicas. En este sentido, el principio de
reciprocidad guía las conductas para elaborar servicios sobre un modo
igualitario y según un proceso de interacción entre personas implicadas de modo
voluntario. Como las denomina el mismo Laville,
también pueden llamarse servicios solidarios. El impulso de reciprocidad
“genera la construcción conjunta de la oferta y la demanda” [...]. Los
servicios de proximidad se fundan en las relaciones y los intercambios
simbólicos que se tejen en la trama diaria de la vida local, los anhelos,
valores y deseos de quienes son sus usuarios (Laville,
2004: 40; cursivas en el original).
La
confianza es un valor imprescindible y decisivo en la prestación de estos
servicios debido a que penetran en la intimidad de los usuarios (la confianza
tanto en los sistemas expertos como hacia las personas [Giddens,
1994, citado por Laville, 2004: 41]). En especial,
este segundo tipo de confianza basada en el compromiso cara a cara, en el
encuentro entre personas, así como la copresencia. No
se trata sólo de la expresión de una demanda como en los servicios sociales
tradicionales, en los cuales ésta adoptó el hábito de moldearse sobre la oferta
disponible. Se trata más bien de la formación de una “confianza interpersonal
que se vuelve posible por el desarrollo de sociabilidades primarias fundadas en
la búsqueda de un vivir mejor colectivo” (Eme, 1993: 69). Esto se expresa en espacios
públicos de proximidad (Eme, 1993) constituidos por usuarios, voluntarios o
profesionales. Una esfera pública que supera lo individual y privado, una
esfera de la palabra y de la acción en común que se distingue por su apertura
de la esfera privada de la familia (Chanial, 1992,
citado por Laville: 2004). No se trata, como se
esfuerzan en describirlo los autores citados en este párrafo respecto de los
servicios domésticos, ni de estimular un retorno a la familia (lugar de solidaridades
naturales), tampoco de servicios procedentes de simples relaciones de
vecindario (solidaridades espontáneas); si bien es cierto que en muchas
ocasiones los servicios de proximidad se apoyan en recursos domésticos
(atención a la tercera edad, a niños discapacitados, etc.), para reforzarlos y
no para aislarlos, ratificando el encierro de las familias. En este sentido se
definen proyectos de intervención a fin de aliviar las tensiones y proteger el
equilibrio familiar mediante intervenciones profesionales. El usuario es
determinante para constituir la oferta, ya sea por iniciativa propia o porque
forma parte de los mismos trabajadores sociales, o aun por la intervención de
profesionales que llegan a percibir las demandas insatisfechas al quedar involucrados
de manera directa en la producción de servicios.
5. Actividad, trabajo, empleo como categorías analíticas
La
utilidad de ciertas categorías teóricas y estadísticas para analizar tanto las
actividades que se realizan, el trabajo que se desempeña, así como el empleo
que generan en el sector no lucrativo, representa un aspecto esencial para
analizar la realidad del mercado laboral en este sector. El principal problema
planteado es, sin duda, la medición de estas categorías, dado que para estudiar
un mismo fenómeno se emplean diferentes conceptos y/o métodos de recolección de
datos. Además se suma la inconsistencia –como veremos a lo largo de todo este
trabajo– que encontramos en un sector tan disperso y poco sistematizado como
éste, conformado por instituciones de asistencia privada, fundaciones,
asociaciones civiles, que hemos denominado de manera genérica organizaciones
de la sociedad civil sólo para fines de este estudio. Tendremos pues que
considerar otras dimensiones teóricas que demuestren diferentes facetas
relacionadas con las actividades, el trabajo y el empleo en el sector, como
son, por ejemplo, las motivaciones[5] que impulsan a las personas
a trabajar en este tipo de organizaciones, sus principios reguladores, el uso
del tiempo, la oportunidad de realizar trabajos más compensatorios por su
innovación y el aprendizaje que desarrollan, entre otras.
Si
nos basamos en los instrumentos tradicionales para medir el empleo en las osc,
encontramos que existen muchas imperfecciones en los instrumentos tradicionales;
por ejemplo, en las cuentas nacionales, donde no aparece una distinción de este
tipo de trabajadores. Por otra parte, las definiciones tienen un cierto grado
de ambigüedad. Estas imperfecciones se ven retroalimentadas por tratarse de un
sector –sobre todo en México– invisible o poco reconocido como un sector
autónomo y sistematizado desde sus propias características.
Al
tomar como referencia la distinción conceptual entre actividad, trabajo y
empleo (Neffa, 2005: 12-15) se establece que la actividad
es una noción muy amplia que expresa todo el dinamismo de la naturaleza humana;
el trabajo tan sólo es una de ellas, al lado de las
actividades desarrolladas en las esferas doméstica, educativa, cultural,
deportiva, sindical, política, etc. El trabajo es una actividad efectuada por las personas, orientada hacia una
meta: la producción de un bien, o la prestación de un servicio, lo que da lugar
a una realidad objetiva, exterior e independiente del sujeto, y socialmente
útil para la satisfacción de una necesidad. El trabajo involucra a todo el ser
humano, y no únicamente en sus dimensiones fisiológicas y biológicas, porque al
mismo tiempo moviliza las dimensiones psíquicas y mentales. Por regla general,
existe una gran diferencia entre el trabajo, tal como lo prescriben quienes
tienen la responsabilidad de su concepción, y la manera como se ejecuta;
moviliza no sólo el esfuerzo, la formación profesional y la experiencia
acumulada, sino además la creatividad, el involucramiento y la capacidad para
resolver problemas y enfrentar los incidentes cotidianos en las empresas y
organizaciones.
Ahora
bien, cuando el trabajo así definido se ejerce para obtener ingresos, en
calidad de asalariado, de empleador o aun actuando por cuenta propia, estamos
en presencia del empleo, que puede desarrollarse en el ámbito mercantil o en
actividades sin fines de lucro, y llevarse a cabo sin relación de dependencia o
como asalariado.
De
esto se deduce que todas las personas que emprenden una actividad laboral, por
eso mismo están ocupadas, lo cual no significa que tengan un empleo asalariado.
Por desgracia, no siempre es posible traducir estas definiciones conceptuales
(que tienen hoy día gran relevancia) en las categorías estadísticas
operatorias.
Otra distinción importante –toda vez que se afronta
el análisis del trabajo realizado por un intercambio económico– consiste en
considerar la imposibilidad de inscribirse en la categoría fundamental de
trabajo asalariado por tiempo indeterminado. Si bien es cierto que el tipo de trabajo
remunerado que domina los escenarios actuales se caracteriza por la
flexibilidad, las diferencias de sus modalidades de prestaciones son tantas que
sugieren la hipótesis de que la nueva realidad en el mercado laboral está
compuesta por muchas figuras, con habitus mentales
distintos y contrapuestos, y con variadas formas de contratos y maneras de
ejercer el trabajo.
6. Activos en la generación de empleo en las osc de México
6.1. La modalidad de adscripción del personal: voluntario y remunerado
Las
osc no
representan en sí mismas un sector cuyo número de personas empleadas devenga
importante. Si tomamos en cuenta que la pea
en México está conformada por 45’460,003 personas, según la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), con cálculos proporcionales propios y de
acuerdo con el número de organizaciones que contestaron la encuesta de nuestra
investigación (1,078), quienes dieron cuenta de 11,432 personas laborando de
manera remunerada dentro de las organizaciones; resultan en total sólo 11 personas
por organización. Podemos intuir (con un total de 6,826 organizaciones de
nuestro directorio) que sólo un porcentaje menor estaría involucrado en este
tipo de organizaciones, con casi 0.14% de la pea.
Sin embargo, es necesario recordar la posibilidad de ampliación de este
universo si se aplicara un instrumento legislativo que nos permitiese
individualizar el sector en su conjunto con una categoría de trabajadores; y si
además en nuestro universo se hubiera considerado al sector de actividades
vinculadas con cooperativas, mutuales, empresas sociales, entre otras.
Las
osc
cuentan con recursos humanos asalariados y con otras formas de contratación
(pertenecientes a la esfera mercantil, pero también bajo un esquema particular,
dada su condición de no lucro); además, integran voluntarios (trabajo
libre en la esfera no mercantil representado por el trabajo voluntario y el
trabajo militante, donde no se pagan salarios ni existe relación de
dependencia). En la gráfica i se
observa que en las organizaciones involucradas, 59.5% de los trabajadores
(denominados en la encuesta de manera general como “remunerados”) labora de
tiempo completo, mientras que 40.5% trabaja de forma parcial; y para el trabajo
voluntario, 22.3% está de tiempo completo y 77.7% asiste de manera parcial.
Estos datos evidencian la manera esporádica de relacionarse los voluntarios con
el trabajo realizado dentro de las organizaciones. En muchos casos esto
ocasiona tensiones entre los trabajadores remunerados de tiempo completo y los
voluntarios, ya que al involucrarse por poco tiempo los voluntarios –a los ojos
de los otros trabajadores– son vistos como poco efectivos para realizar sus
actividades.
Gráfica i
Porcentaje de
voluntarios y remunerados según el tipo de jornada
Fuente: Elaboración propia, 2008. Proyecto Conacyt.
6.2. Modalidades de contratación del personal remunerado
En
la gráfica ii se puede discernir el tipo de contrato
con el que laboran los “remunerados”, quienes trabajan 63% de tiempo completo e
indefinido; 10.1% labora de tiempo completo pero sólo por temporadas
(probablemente el tiempo vinculado a un proyecto dado); 16.3% va de manera
parcial y por un lapso indefinido (es el trabajo de medio tiempo); y 10.6%
firma contrato parcial y temporal (se refiere a consultorías esporádicas, o a
trabajo por honorarios).
Gráfica ii
Porcentaje de voluntarios y remunerados según el tipo de contrato
Fuente: Elaboración propia, 2008. Proyecto Conacyt.
6.3. La formalidad o informalidad del empleo: los trabajos atípicos
Los
trabajos realizados en las osc reciben poca remuneración[6] (cuadro 1), aunque es
menester señalar el bajo porcentaje de respuestas a esta pregunta. Tampoco se
pudo constatar la cantidad de pagos generados en otros esquemas de contratación
(por honorarios, por proyectos a término, por consultorías y demás), que aunque
es probable que estén mejor pagados, son mucho menos estables.
Cuadro 1
Salarios
|
Directivos |
Profesionales |
Administrativos |
Salario bruto promedio |
$9,812.00 |
$7,110.00 |
$4,666.00 |
Fuente: Elaboración propia 2008. Proyecto Conacyt.
En la mayoría de los casos no existe un contrato de
trabajo escrito; más bien, se trata de empleos que no están regulados
exclusivamente bajo principios utilitarios de la racionalidad
técnico-instrumental. Desde el punto de vista de la regulación del trabajo,
suelen confundirse los derechos de los trabajadores con los del cliente (o
usuario/beneficiario de los servicios). La interacción es entre actores clave
del proceso productivo; de este modo, por ejemplo, el usuario y/o beneficiario
también interviene en el proceso, pues al ejercer control sobre los precios, la
calidad del producto, así como la construcción de conflicto o de consenso
continuamente están presentes. En la construcción sociodemográfica
del mercado laboral, el usuario o beneficiario debe ser contemplado porque
influye en la oferta y demanda de los trabajadores y sus características.
También incide en la regulación del trabajo porque los derechos y obligaciones
del usuario o beneficiario deben ser considerados junto con los derechos y
obligaciones de las organizaciones, que en este caso operan con carácter
patronal.
En
la gráfica iii
se describe el tipo de prestaciones sociales de los trabajadores. Encontramos
que 86.2% no tiene prestaciones; sólo 5.1% cuenta con servicios de salud del imss, y 6.4%
percibe prestaciones en especie (si bien no se especifica cuáles) y 2.2% sólo
recibe las que otorgan los derechos gremiales estatutarios. Estos datos
evidencian una falta casi total de prestaciones sociales, hecho que coloca a
este sector de trabajadores en una situación precaria. Los demás trabajadores
remunerados, cuando no se procuran ellos mismos su propia afiliación a algún
servicio privado de salud, quedan totalmente desprovistos de esos beneficios.
Gráfica iii
Qué prestaciones tienen los trabajadores asalariados
(porcentajes)
Fuente: Elaboración propia 2008. Proyecto Conacyt.
6.4. El tipo de actividad profesional y el entrenamiento del personal
Trabajar
en una osc significa no sólo una elección de
trabajo o una vía para hacer carrera; es sobre todo una elección de estar en
el mundo diversamente, de compartir objetivos comunes. Claro que se
puede estar en el mundo de manera responsable sin necesidad de colaborar en las
osc; pero se requieren ideales y motivación
específicos para trabajar en ese sector. Se habla de una cierta identidad de
los trabajadores sociales, aunque no es rara su dificultad para responder las
preguntas “¿qué trabajo haces?” o “¿qué profesión tienes?” Sus respuestas
varían: “Trabajador social”, “Trabajo en una organización no gubernamental de
psicólogo”, “Soy educador”, “Animador”… Ellos manifiestan su dificultad para
definir lo que significa ser un agente de desarrollo social.[7] Se trata de una cuestión que
patentiza no sólo algunos problemas lingüísticos, sino más bien un defecto en
la definición del objeto de trabajo, los conocimientos, las habilidades, las
competencias transversales que ayudan a caracterizar la acción profesional.
Esta indeterminación conduce a los actores hacia la indefinición propia debido
a tantas ambigüedades del sector.
Los
ideales y motivaciones ya no son suficientes para ejecutar servicios de manera
óptima. La experiencia demuestra que las organizaciones necesitan un valor
agregado en términos de competencias concretas. Cada vez más se vuelve
necesario el desarrollo de una profesionalidad definida muy específica, rica en
capacidad operativa, concreta y congruente con las necesidades de los servicios
que se demandan. Para abordar el tema del trabajo dentro de las osc, la formación
y capacitación aparecen como herramientas con potencial, aportándoles elementos
atendibles para que las personas que participan en el sector, así como las
propias organizaciones, desarrollen capacidades idóneas, a fin de que logren
desenvolverse en las actividades que realizan cotidianamente, además de generar
los flujos eficientes de distribución del conocimiento en el territorio.
La
individualización de estos profesionales que actúan en lo social se torna cada
vez más preponderante, ya que inciden en su trabajo no sólo con el aumento de
ocupación, sino también en la calidad de vida de las personas, en la lucha
contra la pobreza, rediseñando e imponiendo nuevas condiciones de crecimiento y
participación sociales.
En
nuestro trabajo de investigación identificamos que los profesionales del
sector, aunque proceden de profesiones más bien tradicionales (gráfica iv), responden
a una serie de necesidades nuevas impuestas, por una parte, por todas las
transformaciones del Estado social, descritas en párrafos anteriores, que
condicionan y modifican el trabajo social y a los trabajadores del sector. Los
servicios se encuentran atiborrados de exigencias por parte del ciudadano. Es
en este contexto donde el trabajo en el ámbito del desarrollo social se coloca frente
a nuevos e ingentes desafíos. La realidad social se aprehende en su complejidad
y la creatividad del profesional se pone al servicio de la construcción de
propuestas inéditas de intervención profesional. Por otra parte, estos
trabajadores se caracterizan por un tipo de profesionalidad que denominamos emergente
y que en otros textos se definen como agentes de desarrollo social,
ligados al compromiso generado por sus propias motivaciones sectoriales.
El
agente de desarrollo social es un operador, dotado de competencias para
promover el desarrollo de la colectividad, para actuar en el campo de la
administración pública, en las osc, en universidades, lo mismo que en empresas del
sector privado suscritas bajo el principio de la corresponsabilidad social empresarial.
Gráfica iv
Perfiles
profesionales de los agentes que trabajan para las osc
Fuente: Elaboración propia, Proyecto Propuesta Maestría en Agentes de
Desarrollo Social, Indesol, 2005.
Debe
ser capaz de promover la construcción de vínculos entre sujetos e iniciativas,
de analizar el contexto socioeconómico y cultural; de gestionar y evaluar
proyectos que favorecen procesos de cooperación nacional e internacional; de
diseñar políticas públicas y de utilizar los instrumentos normativos vigentes.
Es, también, un facilitador del desarrollo con equidad de género.
De
acuerdo con las competencias[8] identificadas para
desarrollar su labor, este profesional debe contar con nuevas destrezas
relacionales, habilidades tecnológicas y redes de interacción que le permitan
cumplir con las demandas sociales.
Al
promover la creación de vínculos y el intercambio, el agente construye nuevas
hipótesis de trabajo. Debe desarrollar primero una capacidad de leer
adecuadamente los fenómenos sociales. Su capacidad para reconocer situaciones
es comprendida así, no tanto en el sentido de elaborar diagnósticos
(necesarios, por cierto) como de interpretarlos de manera creativa. Debe poseer
sólidas referencias teóricas de fondo, relativas al significado de su trabajo
en la sociedad, a fin de poder usarlas de modo flexible y creativo en la
aplicación diaria. También deberá saber cómo se producen las relaciones
sociales entre los diversos actores en un territorio, dónde se colocan esos
elementos que en potencia constituyen el capital social, y debe activar
recursos que están latentes en una comunidad.
Otra
información relevante es que se trata de trabajadores que cuentan con una buena
escolarización. Como se observa en el cuadro 2, desagregada por tipo de
institución, y tomando como referencia el grado profesional completo (incluido
grado de maestría o alguna carrera profesional terminada), en las instituciones
de asistencia privada encontramos 35.9%, en las asociaciones civiles 36.7% y en
otras (que incluye fundaciones y otro tipo de organizaciones) 25.1%. El nivel
más alto de doctorado desciende, pero esto es común en todos los sectores
porque México cuenta aún con niveles bajos de posgrado en general.
Cuadro 2
Nivel de estudios de los trabajadores
remunerados actuales, según tipo de organización
Clasificación de la organización |
Sin escolaridad |
Primaria completa |
Secundaria completa |
Preparatoria completa |
Profesional completa |
Profesional técnica completa |
Posgrado |
Total |
Institución
de asistencia privada |
3.5 |
10.7 |
11.5 |
11.0 |
23.9 |
35.9 |
3.5 |
100.0 |
Asociación
civil |
0.9 |
13.9 |
10.9 |
12.6 |
19.7 |
36.7 |
5.3 |
100.0 |
Otra |
0.3 |
10.5 |
2.6 |
27.6 |
33.9 |
25.1 |
0.0 |
100.0 |
Fuente: Elaboración propia 2008. Proyecto Conacyt.
El
presupuesto de que las organizaciones abren nuevos nichos ocupacionales con
profesiones emergentes, sólo se puede interpretar sobre el supuesto de crear
nuevos servicios porque los resultados todavía no muestran el nacimiento de
profesiones emergentes. Éste es un desafío pendiente sobre el cual se debe
trabajar, incluso desde la profesionalización del sector y el reconocimiento de
una nueva identidad profesional.
En
la investigación se identificó además la polivalencia de los servicios que
reportan las osc inscritas al Cluni
(3,536 organizaciones). Se destaca de manera genérica la promoción y fomento
educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico brindado por 2,132
organizaciones; la cooperación para el desarrollo comunitario realizado por
1,741 organizaciones; seguida de la asistencia social que brindan 1,559
organizaciones; la promoción y aportación de servicios para atención de salud y
cuestiones sanitarias donde participan 1,306 organizaciones para atender esta
problemática. Las organizaciones inscritas al Cluni
son en su mayoría prestadoras de servicios, si bien aún se necesita contar con
datos más desagregados que den cuenta de la especificidad de estos servicios
(cuadro 3).
Cuadro 3
Actividades
señaladas por la Ley Federal de Fomento
(número de
organizaciones que la realizan)
Asistencia
social |
1,559 |
Apoyo a la
alimentación popular |
830 |
Cívicas,
enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público |
979 |
Asistencia
jurídica |
786 |
Apoyo para
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas |
1,127 |
Promoción
de la equidad de género |
1,241 |
Aportación
de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes |
974 |
Cooperación
para el desarrollo comunitario |
1,741 |
Apoyo en la
defensa y promoción de los derechos humanos |
1,286 |
Promoción
del deporte |
623 |
Promoción y
aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias |
1,306 |
Apoyo en el
aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la
flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
así como la promoción del equilibrio ecológico, la promoción del desarrollo
sustentable a escala regional y comunitaria, de las zonas urbanas y rurales |
1,089 |
Promoción y
fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico |
2,132 |
Fomento de
acciones para mejorar la economía popular |
1,244 |
Participación
en acciones de protección civil |
360 |
Prestación
de servicios |
659 |
Las que
determinen otras leyes |
62 |
Fuente: Indesol (2006),
<http://www.corresponsabilidad.gob.mx>.
6.5. Los soportes financieros que limitan o incentivan distintas
modalidades del empleo
El
sector sin fines de lucro se distingue de otros, como el público estatal y el
privado, principalmente porque recibe fondos ya sea privados, de la cooperación
internacional o del mismo gobierno, destinados a desarrollar sus tareas y objetivos.
Cualquiera de estas organizaciones (fundaciones, instituciones de asistencia
privada y las osc en general) se financian con
aportaciones de sus asociados, donativos, legados, subsidios, venta de
productos y servicios que se suman a los anteriores. Una condición del sector
es que las instituciones no pueden redistribuir beneficios entre sus
integrantes, restricción derivada de su carácter no especulativo. Esta
característica (sin par en la empresa privada ni en la administración pública)
permite que estas organizaciones puedan –al menos en teoría– disponer de
recursos ilimitados, siempre que estén en condiciones de saber y poder atraer
suficientes donaciones o trabajo voluntario (Fiorentini,
1997).
Como
se observa en el cuadro 4, las organizaciones analizadas reportan ingresos
procedentes de las cuotas de sus socios en 31%; por importancia, 26% proviene
del presupuesto que otorga el gobierno federal, estatal o municipal, y es
significativo también el 20% que proviene de las donaciones de particulares. Cabe
subrayar que una buena parte del financiamiento recabado se destina al pago de
nóminas, integradas por administrativos o profesionales.
Como
generadoras de empleo, las potencialidades de las osc están, en consecuencia, muy ligadas con la suficiencia de
recursos financieros. Se puede constatar que mientras la dinámica de expansión
de las instituciones en los últimos años constituye un activo favorable a la
generación de empleo, los recursos financieros con que cuentan reducen su
potencialidad, pues en muchas ocasiones no son continuos y en otras escasean o
pueden incluso ser la razón del cierre de la misma institución. Así, enfrentan
un problema serio para poder contar con recursos humanos suficientes y
calificados, sometiéndolos a una inestabilidad que puede ser además la causa
que determina el tipo de contratos y el manejo de plazos limitados en la oferta
de empleo.
Cuadro 4
Fuentes de ingresos
Fuente |
2007 (%) |
Cuotas de
socios |
31 |
Donaciones
de particulares |
20 |
Prestación
de servicios |
12 |
Venta de
productos |
6 |
Ingresos de
la administración pública (local, estatal o federal) |
26 |
Financiamiento
internacional |
3 |
Otras |
3 |
Total |
100 |
Fuente: Elaboración propia 2008. Proyecto Conacyt.
Reflexiones finales
A
lo largo de este estudio abordamos algunos elementos para reflexionar en torno
a las potencialidades de trabajo y empleo que se generan por la prestación de
servicios de proximidad y/o relacionales brindados por el sector sin fines de
lucro en México. Consideramos que la adscripción de los trabajadores a las osc, como voluntarios, donadores o
remunerados, constituye un activo que sustenta los poderes potenciales de las
instituciones. Las peculiaridades del tipo de trabajadores que colaboran con
estas organizaciones determinan la percepción de los recursos humanos como
activos sociales, como recursos y/o bienes que no necesariamente están del todo
motivados por razones monetarias. Esta singularidad afecta las relaciones
laborales ya que los voluntarios pueden trabajar sin goce de sueldo, o apenas
si reciben pagos compensatorios; los asalariados devengan pagos menores que los
que alcanzarían por la prestación de los mismos servicios en una organización
lucrativa. Suelen desempeñarse sin prestaciones ni contratos estables, en
función del compromiso personal con la labor que realiza la institución o de
colaboración con las personas que se ven beneficiadas por esos servicios.
Con base en los datos obtenidos, podemos advertir
que existe una relación entre la expansión de las osc como nichos ocupacionales ante los cambios en el Estado
social tradicional, y la descentralización de sus servicios, los cambios en el
modo de vida de las personas y su manifestación de nuevas necesidades no
cubiertas por ese mismo Estado de bienestar. En el marco de los cambios, como
parte de un proceso más general de reestructuración estatal, estas
organizaciones junto a otra pluralidad de actores entre los que se encuentran
los diversos niveles de gobierno, fundaciones nacionales e internacionales,
organizaciones empresariales, religiosas, de asistencia, de desarrollo, el
mismo sector privado, la universidad, entre otros, participan a través de una multiplicidad de acciones y
modalidades en la prestación de servicios sociales. No obstante, las asociaciones que desarrollan regularmente actividades
vinculadas con la prestación de servicios, en el marco de las políticas públicas, son un subgrupo (de tamaño variable) del
total de organizaciones que componen
el heterogéneo universo de este sector.
Este preciso abanico de organizaciones desarrolla
una serie de acciones y actividades cuyas intervenciones se llevan adelante en
nombre del interés público, la movilización, la participación en espacios de
consulta para el diseño de políticas públicas y la colaboración en la
implementación y en la evaluación de las mismas.
La convivencia dentro de las osc entre trabajadores voluntarios y remunerados, la
organización de trabajos flexibles no siempre asociados a las formas
tradicionales del empleo asalariado, sus modalidades como trabajos por cuenta
propia, por honorarios, por tiempo determinado, trabajo provisional, entre
otros esquemas de contratación, constituyen condiciones favorables para la
creación de ocupación, pero por otra parte, demuestran todavía una cierta
precariedad en cuanto al factor de perdurabilidad del empleo, y de
vulnerabilidad por falta de prestaciones sociales.
Las categorías analíticas que hemos elegido como
marco teórico resultan adecuadas. La economía solidaria y los servicios de
proximidad y/o relacionales (si se considera el sector de la economía en donde
se insertan y el tipo de servicios que brindan) respondieron a las categorías
enunciadas y nos permitieron estudiar las características correspondientes de
empleo.
En este sentido, el presupuesto de que en estas
organizaciones se abren nuevos
nichos ocupacionales con profesiones emergentes, sólo se puede interpretar en
la inteligencia de los nuevos servicios que atienden. Servicios intangibles con un fuerte contenido relacional que
exigen de los empleados conocimientos, profesionalización y una identidad
definida específicamente para ese sector. Sin embargo, al carecer de una
adecuada reflexión en torno a sus características específicas, los confunde con
otros trabajadores del sector privado o de gobierno, restándoles sus peculiaridades
al homologarlos a todos de manera genérica.
Pero
no es así. Se trata de un sector calificado. La mayoría de sus trabajadores
cuenta con estudios de secundaria, preparatoria y, sobre todo, profesionales
egresados de carreras universitarias.
Las
organizaciones estudiadas están reguladas por otros principios ordenadores
asociados con la cohesión social, principios como la solidaridad, la relacionalidad y reciprocidad más que por principios de la
racionalidad técnico-instrumental, aunque esta regulación aún tiene que
sistematizarse para que el sector se la pueda apropiar.
Hay
muchos desafíos pendientes por afrontar cuando de actividad, empleo y trabajo
se habla. No sabemos con certeza cuánto empleo genera este sector. Si bien las osc han crecido y se han desarrollado
significativamente en los últimos años, sabemos que incorporan muchos recursos
humanos a sus organizaciones, pero por la falta de datos estadísticos, por la
carencia de normas específicas, por la falta de respuesta sobre estos
indicadores por parte de las mismas organizaciones, se vuelve imposible su
cuantificación. Sin lugar a dudas, se trata de un sector –sobre todo en México–
invisible o poco reconocido en cuanto a su autonomía, sistematizado desde sus
propias características. La disponibilidad financiera es el factor principal en
la decisión de incorporar a más trabajadores renumerados;
hay que reconocer que la condición de los mismos hasta ahora es precaria debido
a las condiciones de desventaja ya descritas (remuneraciones bajas y ninguna
prestación social). La continuidad de su trabajo depende muchas veces de los
proyectos y del financiamiento con que cuentan las organizaciones.
Se requiere de políticas públicas que además de
promocionar el sector, se ocupen de hacerlo visible y potenciarlo en su justa
dimensión: un segmento que trabaja en pos de la inclusión y la cohesión
sociales. Un mayor conocimiento del sector permitirá una mejor regulación y la
configuración de un estatuto para estas nuevas figuras profesionales.
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Recibido: 30 de junio de 2009.
Reenviado: 5 de mayo de 2011.
Reenviado: 17 de junio de 2011.
Aceptado: 18 de julio de 2011.
Cristina Girardo. Es doctora en
estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam),
asimismo realizó un doctorado en pedagogía en la Universidad de Torino, en
Italia. Actualmente es investigador nivel i
en el Sistema Nacional de Investigadores (sni) y es profesora-investigadora
en El Colegio Mexiquense. Su línea de investigación actual es el empleo en las
organizaciones de la sociedad civil. Entre sus publicaciones destacan: Cuaderno
de investigación: una aproximación cualitativa sobre el empleo y sus
modalidades en las organizaciones de la sociedad civil en México, El
Colegio Mexiquense, Zinacantepec (2009); Trabajo
voluntario y trabajo informal en el sector solidario. El empleo en las
instituciones mexiquenses de asistencia privada, El Colegio Mexiquense, Zinacantepec (2009); “La construcción, apropiación y
difusión del conocimiento en la profesionalización de agentes para el
desarrollo local”, en Jorge Basave Kunhardt y Miguel Ángel Rivera Ríos (coords.),
Globalización, conocimiento y desarrollo, t. ii,
unam,
México, pp. 101-124 (2009).
Prudencio Mochi. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), asimismo realizó un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Torino, en Italia. Actualmente es investigador nivel i en el Sistema Nacional de Investigadores (sni) y es profesor-investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (crim) de la unam. Su línea de investigación actual es: uso y apropiación de tic por parte de las osc, el desarrollo local y los clusters tecnológicos. Entre sus publicaciones destacan: “La industria del software: un sector emergente en América Latina”, en Alejandro Dabat Latrubesse y José de Jesús Rodríguez Vargas (coords.), Globalización, conocimiento y desarrollo, t. i, unam, México, pp. 101-124 (2009); “Aportes, temas y enfoques planteados desde las ciencias sociales para abordar el desarrollo local y la territorialización de políticas públicas”, en Cristina Girardo (coord.), El desarrollo local en México: aportes teóricos y empíricos para el debate, uady, Mérida, pp. 33-68 (2008); “La industria del software en México y en América Latina”, en Miguel Ángel Rivera Ríos y Alejandro Dabat (coords.), Cambio histórico mundial, conocimiento y desarrollo, unam-Juan Pablos, México, pp. 303-325 (2007).
[1] Campeche, Colima, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Aguascalientes,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Michoa-cán,
Morelos, Oaxaca, Querétaro y Sonora.
[2] En este sentido conviene
consultar a Verduzco (2003: 112), que describe todas las formas de organización
que no entran en los trabajos de Salomon y Anheimer, quienes además toman como referencia una
definición estructural operativa para clasificar las organizaciones que entran
en esta definición.
[3] Éstos se han reconocido como componentes de
nuevos servicios que las políticas empezaron a sostener en el llamado Libro
Blanco, documento de reflexión de la Comunidad Europea para el siglo xxi donde se
anunciaba “una cifra de tres millones de nuevos empleos” que podían
distribuirse “igualmente entre los servicios de proximidad, la mejora del marco
de vida y la protección del medio ambiente” (Comisión Europea, 1993: 13).
[4] La Comisión Europea en el año 1995 (Les initiatives locales de développement
et d’emploi), en el Libro Blanco,
individualizó cuatro grandes sectores para focalizar este tipo de servicios:
los servicios de la vida cotidiana, los servicios para mejorar las condiciones
de vida, los servicios culturales y recreativos y los servicios para el
ambiente.
[5] Estos aspectos también se indagan en nuestra investigación
financiada por Conacyt, y llevados a cabo a través de
un estudio cualitativo que estamos realizando ahora.
[6] Si tomamos alguna referencia y comparamos los
ingresos en la administración pública (federal o estatal), teniendo en cuenta
que los ingresos varían según la dependencia gubernamental de la cual se trate,
observamos una fuerte diferencia con los salarios del sector no lucrativo. Las
secretarías económicas tienen mejores ingresos –pensando en las mismas
categorías del tabulador–, por ejemplo Hacienda y Economía son categoría “A” y
la del Trabajo o Reforma Agraria son nivel “C”. En muchas ocasiones suelen
manejarse compensaciones y sobresueldos que no siempre se conocen los montos.
Un director general gana alrededor de 100,000 pesos mensuales, un director de
área unos 70,000 pesos; los subdirectores entre 45,000 y 50,000 pesos y los
jefes de departamento entre 15,000 y 18,000 pesos.
[7] Véase el informe de
investigación para el diseño de una maestría en agentes de desarrollo social,
México, Indesol, 2005, coordinado por Cristina Girardo para El Colegio Mexiquense, a.c.
[8] En la investigación se han identificado toda
una serie de competencias que mencionamos de manera general: realizar análisis
estadísticos, económico-sociales y culturales del territorio; elaboración y
gestión de estrategias de desarrollo social en los ámbitos nacional, estatal y,
sobre todo, local, con equidad de género; promover procesos de concertación
entre las instituciones del sector público, la sociedad civil, las empresas
privadas, promoviendo sus correspondientes alianzas estratégicas, a fin de
sostener y orientar la producción de bienes públicos; analizar y evaluar las políticas públicas y las inversiones de
presupuesto en materia de desarrollo social; utilizar los instrumentos
normativos que regulan el sector del desarrollo social. Promover programas que
generen igualdad de oportunidades; aplicar los principios del desarrollo
sustentable y sostenible, así como de impacto ambiental desde la perspectiva de
los derechos humanos. Tales competencias se integrarán con otras habilidades
técnicas y aptitudes relacionales y motivacionales transversales, que
complementan la formación profesional del agente de desarrollo social: espíritu
de iniciativa, habilidad para concertar, capacidad para decidir y actuar en una
lógica de equipo (team), lo que favorece los
procesos de integración, cooperación y desarrollo de grupos y redes.